Cuando el FMI concede un préstamo a un país, solicita garantías de que su banco central está en condiciones de gestionar los recursos que recibe y de facilitar información fiable. Las evaluaciones de salvaguardias del FMI son procesos de diligencia debida destinados a satisfacer este objetivo.
El Convenio Constitutivo del FMI exige la aplicación de “garantías adecuadas” para el uso de sus recursos. Con ello se pretende garantizar que los préstamos concedidos a los países miembros se reembolsan conforme llegan a la fecha de vencimiento, lo que permite que otros miembros que necesitan los fondos puedan disponer de ellos. Entre las medidas de salvaguardia figuran los límites de los préstamos, las condiciones de los préstamos, las medidas para hacer frente a los atrasos y la declaración de datos inexactos y la evaluación de las salvaguardias de los bancos centrales.
La evaluación de las salvaguardias es un examen de diagnóstico del marco de gestión y control de un banco central en el que se evalúan seis aspectos fundamentales para contribuir a salvaguardar los desembolsos del FMI y minimizar el riesgo de declaración de datos esenciales inexactos al FMI.
¿Se han creado órganos de gobernanza dotados de estructuras y sistemas adecuados para supervisar estrechamente y de forma independiente las operaciones del banco central? ¿Actúan los principales órganos decisorios, como el consejo directivo, el comité de auditoría y el gobernador y sus adjuntos, con gran diligencia profesional en el cumplimiento de sus deberes fiduciarios para con el banco central? ¿Cuál es la composición de los principales órganos de gobernanza? ¿Cómo se designa a sus representantes? ¿Tienen la capacidad necesaria para desempeñar su mandato?
¿Publica el banco central sus estados financieros anuales auditados con la adecuada independencia conforme a las normas internacionales? ¿Cómo se seleccionan y rotan los auditores externos? ¿Son las auditorías objeto de sólidos procesos internos para garantizar su calidad? ¿Se comunican los auditores con los encargados de la supervisión (por ejemplo, el consejo directivo y el comité de auditoría)?
¿Proporciona el marco jurídico un nivel adecuado de autonomía al banco central? ¿Y apoya este a los otros cinco aspectos fundamentales de la evaluación de las salvaguardias? ¿Prevé la legislación del banco central disposiciones sólidas en materia de gobernanza que incluyan disposiciones relativas a la autonomía y la transparencia? ¿Existe sistemas de equilibrio de poderes internos y externos? ¿Está el banco central protegido de la injerencia o el control del Gobierno?
¿Respeta el banco central las buenas prácticas internacionales en materia de transparencia de la contabilidad y la información financiera? ¿Se publican oportunamente los estados financieros? ¿Son coherentes los datos monetarios declarados en el marco de programas del FMI con la información financiera publicada y los datos contables subyacentes?
¿Cumple la función de auditoría interna del banco central las normas internacionales? ¿Dispone de suficiente capacidad e independencia organizativa para evaluar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobernanza del banco? ¿Están bien establecidos los mecanismos de supervisión y declaración de datos?
¿Asume el banco central el compromiso de crear y mantener un entorno de control riguroso? ¿Se gestionan bien los riesgos operativos y financieros? ¿Existen controles para la gestión de las reservas de divisas, las operaciones cambiarias, bancarias y de préstamo y los mecanismos de ciberseguridad y continuidad de las operaciones? ¿Fomentan los procesos internos la declaración precisa y puntual de los datos monetarios de los programas al Fondo?
Los bancos centrales, las autoridades nacionales y el personal del FMI participan en el proceso de evaluación. Los bancos centrales facilitan al FMI información relativa a los cinco aspectos fundamentales de la evaluación de las salvaguardias, tales como estados financieros, informes de auditoría interna y externa, legislación pertinente para el banco central e informes o resúmenes de los controles internos. El personal del FMI examina el material y, generalmente, visita el banco central para completar la evaluación de las salvaguardias. Se celebran reuniones con el personal del banco, los órganos de gobernanza y los auditores externos. A continuación se elabora un informe con recomendaciones prioritarias para abordar las vulnerabilidades detectadas, que pueden pasar a formar parte de los parámetros de referencia del programa.
Las autoridades nacionales formulan observaciones oficiales sobre los informes de salvaguardias antes de que se finalicen. Los informes son confidenciales y no se comparten con el Directorio Ejecutivo del FMI. En su lugar, el Directorio recibe un resumen de las principales conclusiones y recomendaciones de los informes del personal sobre los países, así como informes temáticos sobre las actividades relacionadas con las salvaguardias cada dos años.
Si el banco central da su consentimiento, los informes de salvaguardias pueden compartirse de forma confidencial con el Banco Mundial o, en su caso, el Banco Central Europeo (BCE). Asimismo, con el consentimiento del banco central, el FMI puede ofrecer sesiones informativas confidenciales a los donantes que soliciten información sobre las conclusiones de la evaluación.
El personal del FMI supervisa la aplicación de las recomendaciones hasta que los montos de crédito pendientes del país miembro se sitúan por debajo del umbral de supervisión posterior al programa. A partir de ese momento, la supervisión se limita normalmente a una revisión de los resultados de las auditorías externas anuales de los bancos centrales.
Los acuerdos de Línea de Crédito Flexible (LCF) y Línea de Liquidez a Corto Plazo (LLCP), que se rigen por rigurosos criterios de calificación, no se someten a una evaluación completa de las salvaguardias. En su lugar, en el marco de estos acuerdos solo es necesaria una revisión de la auditoría externa más reciente del banco central.
La evaluación de las salvaguardias no es necesaria para ampliar los acuerdos vigentes ni para adoptar acuerdos subsiguientes en los 18 meses posteriores a la última evaluación. Tampoco se exigen evaluaciones a los bancos centrales que tengan un historial sólido y que hayan completado una evaluación en los últimos cuatro años.
Cuando los préstamos del FMI se conceden como apoyo presupuestario directo al Gobierno, el banco central y el Gobierno deben llegar a un acuerdo sobre sus respectivas funciones y obligaciones de reembolso al FMI. Es necesario realizar exámenes de las salvaguardias fiscales de los tesoros nacionales cuando un país miembro solicita acceso excepcional y se espera que al menos un 25% de los fondos del FMI se destine al apoyo presupuestario directo del Gobierno.
La política de evaluación de las salvaguardias se introdujo en marzo de 2000 a raíz de algunos casos de declaraciones de datos inexactos y denuncias de uso indebido de los recursos del FMI. Actualmente forma parte integrante de las actividades de concesión de préstamos del FMI y normalmente se revisa cada cinco años.
En esta página se enumeran las evaluaciones de las salvaguardias de los bancos centrales realizadas hasta la fecha.
