Los gobiernos se enfrentan a disyuntivas difíciles en un contexto de fuertes aumentos de precios de los alimentos y la energía. Las autoridades económicas deben proteger a las familias de bajos ingresos de pérdidas importantes del ingreso real y garantizarles el acceso a los alimentos y la energía. Pero también deben reducir las vulnerabilidades derivadas de las abultadas deudas públicas y, en respuesta a la alta inflación, deben mantener una orientación fiscal restrictiva, de modo que la política fiscal y la política monetaria no trabajen con objetivos contrapuestos.
Los precios de los alimentos han subido la mitad desde 2019, y en los mercados de alimentos y de energía persisten los trastornos en la oferta. Los aumentos de precios ponen en riesgo los niveles de vida de la población en todas partes, y obligan a los gobiernos a adoptar diversas medidas fiscales, incluidos subsidios de precios, recortes de impuestos y transferencias de efectivo. Estimamos que, además de los subsidios preexistentes, la mediana del costo fiscal de esas medidas equivale a 0,6% del producto interno bruto nacional en los países que tienen estimaciones disponibles.
La mayoría de los gobiernos se enfrentan a nuevas presiones sobre las finanzas públicas, que ya soportaban tensiones por la pandemia. El aumento de la inflación, el debilitamiento de las monedas y las tasas de interés en aumento han provocado un incremento de los diferenciales en muchos países y mayores gastos financieros en el futuro. Se proyecta que la deuda pública mundial se mantenga en un nivel elevado de 91% del PIB en 2022 —tras haber alcanzado un máximo histórico en 2020— y que siga situándose aproximadamente 7,5 puntos porcentuales por encima de los niveles anteriores a la pandemia. Los países de ingreso bajo son particularmente vulnerables: casi 60% de las economías más pobres atraviesan problemas de sobreendeudamiento o corren un alto riesgo de enfrentar tal situación.
En la última edición del informe Monitor Fiscal analizamos la forma en que las autoridades pueden abordar estas disyuntivas y así ayudar a la población a superar la actual crisis y enfrentar mejor los desafíos del futuro.
Respuesta en materia de alimentos y energía
En vista de los altos niveles de endeudamiento y los crecientes costos de financiamiento, las autoridades deben dar prioridad al apoyo focalizado en los más vulnerables mediante redes de protección social. En algunos países esto podría comprender descuentos en las facturas de los servicios públicos (por uso básico) para las familias vulnerables de ingreso bajo y medio. Es esencial que los precios de la energía puedan ajustarse a fin de preservar los incentivos más generales que buscan reducir el uso de la energía y aumentar la oferta. En vista de los shocks persistentes de la oferta y la inflación generalizada, los gobiernos no deben tratar de limitar los aumentos de precios mediante controles, subsidios o recortes de impuestos. Esas medidas supondrían un alto costo en los presupuestos y, a la larga, son ineficaces. Se deben redoblar los esfuerzos mundiales en materia de asistencia humanitaria y financiamiento de emergencia para muchos países de ingreso bajo con recursos limitados.
En un período de alta inflación, las políticas para combatir la carestía de los alimentos y la energía no deben exacerbar la demanda agregada. Las presiones de la demanda obligan a los bancos centrales a elevar las tasas de interés aún más, lo que encarece el servicio de la deuda pública. Una orientación más restrictiva de la política fiscal transmite una señal inequívoca de que las autoridades han cerrado filas en su lucha contra la inflación.
Fomentar la resiliencia económica
Nuestro informe hace hincapié en que, con el tiempo, los gobiernos deben crear resiliencia frente a una serie de shocks adversos. La pandemia y la crisis financiera mundial, así como los desastres naturales en determinados países y otros hechos adversos, han demostrado que los gobiernos deben estar preparados para eventualidades. La constitución gradual de reservas fiscales en épocas normales permitiría a los gobiernos responder de forma rápida y flexible ante las adversidades.
Varias herramientas fiscales que han sido útiles durante la pandemia pueden formar parte de un conjunto de herramientas de carácter más permanente, dependiendo de la capacidad de los países y del espacio fiscal disponible. Por ejemplo, durante la pandemia los mecanismos de retención de puestos de trabajo permitieron compensar más de un 40% de la pérdida de ingresos individuales en la Unión Europea. Las medidas excepcionales de apoyo fiscal para las empresas pueden impedir quiebras generalizadas. Pero este apoyo debe reservarse para crisis graves, pues expone a los gobiernos a importantes riesgos fiscales.
En líneas más generales, las redes de protección social ayudan a la población a salir del desempleo, la enfermedad o la pobreza, y la hace más resiliente a diversos shocks negativos. El alcance de estos sistemas puede ampliarse y focalizarse rápidamente con la ayuda de la tecnología digital.
En los últimos 15 años hemos sido testigos de cómo las grandes crisis mundiales han dado lugar a respuestas fiscales innovadoras y contundentes en un contexto de mayor endeudamiento y margen de maniobra las políticas monetarias restrictivas. Los países deberían replantearse la función de la política fiscal en una era propensa a los shocks --es decir cómo puede la política fiscal proteger mejor ante las pérdidas durante las crisis y fortalecer la resiliencia-- y aprender de las experiencias en otras partes del mundo.
