Un enfoque global del cambio climático debe contar con el poder financiero del sector privado

Los países más pobres del mundo, especialmente los africanos, tienen dificultades para pagar una crisis climática que no pueden permitirse.

La respuesta no pasa por aumentar la deuda pública: las necesidades de inversión climática superan la capacidad de préstamo de las instituciones financieras multilaterales, y muchos países africanos ya se enfrentan a una escasez de financiamiento. Lo que necesitan los países pobres en la lucha contra el cambio climático son soluciones novedosas, en especial un aumento de la inversión del sector privado. Además, tales esfuerzos no pueden depender de la iniciativa de países aislados, sino que deben orientarse a alcanzar el objetivo mundial de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero.

No obstante, en África está en juego algo aún mayor, ya que este continente será el motor principal del crecimiento de la población mundial en las próximas décadas, con lo que aumentará el financiamiento necesario para mitigar las emisiones que causan el calentamiento global. Al mismo tiempo, la mayor parte de la agricultura de la región estará expuesta a pérdidas de productividad relacionadas con el clima. Millones de familias de Malí, Níger y Senegal sufren ya la desertificación, que empeorará si no se toman medidas para combatir el cambio climático. Por otra parte, las grandes ciudades costeras de África —entre ellas Lagos, su metrópolis más poblada— no disponen de medios eficaces para defenderse del aumento del nivel del mar.

Considerando el tamaño de sus economías, los países africanos se enfrentan a una carga desproporcionada para evitar lo peor del cambio climático. Por ejemplo, mientras que China necesita aumentar su gasto anual en mitigación del cambio climático en un 2% del PIB hasta 2030, Camerún tendría que aumentar su gasto en un 9% del PIB, según los informes sobre el clima y el desarrollo de los países del Banco Mundial de 2023. Los cinco países del Sahel de África Occidental —Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger— que se encuentran entre los más pobres del mundo, necesitan aumentar el gasto en un promedio del 8%.

El financiamiento climático que necesita África se suma a la necesidad de financiamiento para el desarrollo y de recursos para la recuperación de la crisis de la COVID-19. En muchos países africanos, la insuficiencia y la falta de servicios públicos de salud, transporte y educación frenan el crecimiento económico, y algunos han recurrido a la deuda para subsanar los déficits de financiamiento para el desarrollo.

Aumentar el endeudamiento para financiar la mitigación del cambio climático no es una buena opción, al menos por tres razones.

En primer lugar, la capacidad de endeudamiento de los países pobres es limitada. Deben pagar tasas superiores a las del mercado para obtener préstamos en los mercados internacionales de deuda (Olabisi y Stein, 2015) o aceptar condiciones onerosas de las instituciones multilaterales y de préstamos para el desarrollo. Ante el aumento de la deuda, la relación entre el pago por el servicio de la deuda y los ingresos son motivo de preocupación para muchos gobiernos. Entre las mayores economías del continente, Sudáfrica tenía una deuda de casi el 70% del PIB en 2021, mientras que Nigeria rondaba el 40%. La presión sobre el gasto y la incapacidad de las autoridades para hacerle frente apuntan a una crisis que no es enteramente atribuible a los países.

En segundo lugar, las necesidades de inversión superan la capacidad de las instituciones financieras multilaterales y de desarrollo del mundo. Durante el próximo decenio, la necesidad mundial de inversión para hacer frente a lo peor del cambio climático superará los USD 1,3 billones anuales. Esta cantidad no resolverá todos los problemas del cambio climático: solo evitará sus efectos más graves. El Banco Africano de Desarrollo calcula que África necesita gastar USD 3 billones de aquí a 2030. A modo de referencia, en 2022, el PIB de toda el África subsahariana fue de USD 2 billones. Aunque se sumara toda la capacidad de préstamo del FMI, de USD 1 billón, a la cartera de préstamos del Banco Mundial, de USD 400.000 millones, está claro que las instituciones financieras mundiales no tienen capacidad de préstamo para abordar el cambio climático a la velocidad y la escala necesarias. Si a ello añadimos la capacidad de préstamo de los bancos regionales de desarrollo, nos acercaríamos a la escala de financiamiento necesaria. Pero en ese caso, en las próximas décadas, los bancos no podrían hacer nada más que financiar la transición verde y la tan urgentemente necesaria adaptación al cambio climático.

En tercer lugar, la deuda pública puede no ser el mecanismo de financiamiento más eficaz para algunas de las intervenciones climáticas más prometedoras. La deuda no siempre permite desplegar a gran escala tecnologías relativamente recientes, a menudo en entornos en los que esas tecnologías no han sido probadas. Algunas de las principales tecnologías para mitigar el cambio climático o adaptarse a él —como el riego de tierras agrícolas con energía solar o eólica o la adaptación de viviendas y centros industriales— quedan fuera del alcance de los típicos proyectos públicos financiados con deuda. Gran parte de las necesidades de financiamiento climático tiene por objeto evitar graves pérdidas humanas y económicas. El financiamiento climático también pretende reforzar la capacidad de adaptación de las economías locales. Ni aumentar la capacidad de adaptación ni evitar la pérdida de activos parecen ser, en principio, proyectos atractivos para financiar y generar flujos de caja estables.

Financiamiento a favor del clima

Al explorar nuevas ideas, una posibilidad es complementar la deuda con otros mecanismos de financiamiento que respondan al reto del cambio climático.

África es un lugar propicio para crear oportunidades a partir de esta crisis. La necesidad de energía encaja con el abundante potencial de energías renovables del continente. El potencial solar de África supera con creces sus recursos en combustibles fósiles. Si los países de ingreso alto buscan mercados, es probable que África tenga 2.000 millones de consumidores de alimentos, energía y agua en 2050. Si lo que se necesitan son nuevas ideas y mano de obra, la población joven de la región está ávida de oportunidades laborales. El mundo puede optar por saltarse las numerosas crisis inminentes del financiamiento para el clima y el desarrollo creando las condiciones para una rápida transición hacia la energía sostenible y el consumo responsable de los recursos naturales de la región, ahora que África solo tiene 1.200 millones de habitantes.

Este reto exige nuevas vías de financiamiento. El gasto para hacer frente al cambio climático no es opcional, dadas las graves pérdidas humanas y económicas que entrañan las emisiones de gases de efecto invernadero sin mitigar. Muchos países africanos carecen de margen de maniobra en su política fiscal para hacer frente a ajustes estructurales.

Participación de los mercados privados

El sector privado dispone de recursos suficientes para financiar los USD 1,3 billones anuales que se necesitan para la adaptación al cambio climático. Por citar algunas cifras aproximadas, las 500 mayores empresas mundiales obtuvieron más de USD 2,9 billones de beneficios en el ejercicio fiscal finalizado en marzo de 2023, con ingresos por USD 41 billones. Solo en Estados Unidos, en el tercer trimestre de 2023, la inversión interna bruta del sector privado fue de unos USD 5 billones. Si las empresas que realizan estas inversiones convergieran en un escenario coordinado de acción climática, el sector privado estadounidense por sí solo podría, en principio, financiar más de 15 veces la transición mundial hacia las energías renovables.

Si la mayoría de las empresas vieran la transición hacia las energías renovables como su principal oportunidad de negocio y se les ofrecieran incentivos que fomentaran la inversión sin barreras nacionales, la acción climática recibiría un impulso muy necesario. Esta vía podría complementar otros esfuerzos hacia un mecanismo mundial de tarificación del carbono si tales mecanismos contemplaran compromisos sólidos de reparto de ingresos con las economías en desarrollo.

La pregunta candente es: ¿cómo pueden los gobiernos y las instituciones internacionales incitar a las empresas a proteger el patrimonio mundial invirtiendo en los países de ingreso bajo que más necesitan financiamiento para el clima?

En términos generales, los gobiernos pueden presionar a las empresas para que inviertan en una transición ecológica mediante varias combinaciones de enfoques: regulación, impuestos combinados con inversiones públicas directas o regímenes de comercio de derechos de emisión. Los requisitos sobre vehículos propulsados con energías alternativas a los combustibles fósiles en China y los mandatos sobre vehículos de cero emisiones en California, como ejemplo de enfoque regulador, han llevado a las empresas a realizar enormes inversiones en nuevos sistemas de producción. Las medidas reguladoras parecen funcionar, pero no son suficientes. Un mecanismo mundial de tarificación del carbono es un ejemplo de impuesto; otra posibilidad es definir un mecanismo mundial para el comercio de derechos de emisión que establezca límites a la producción económica basada en combustibles fósiles, con puntos comercializables para la producción basada en energías renovables. El enfoque más significativo dependerá del tipo de inversión necesaria, y la eficacia de cada enfoque dependerá de la economía política vigente. Sin embargo, independientemente del enfoque adoptado por cada país, si queremos lograr una acción climática eficaz será necesario aprovechar los recursos financieros del sector privado cuando los recursos públicos son limitados.

Los incentivos públicos a la inversión privada parecen especialmente atractivos para algunos de los retos que requieren una actuación oportuna en los países de ingreso bajo, muy especialmente en las economías africanas con escaso margen de maniobra fiscal. Sin embargo, los actuales programas públicos de incentivos suelen estar diseñados para dirigir el gasto hacia los objetivos climáticos nacionales. La discrepancia en este ámbito radica en que la acción climática debería basarse en la optimización a escala mundial.

Es un fracaso que países del norte de Europa, como Alemania y el Reino Unido, gasten miles de millones en financiar la instalación de paneles solares en sus países que podrían producir un 40% más de energía si estuvieran instalados en un país tropical, como Costa de Marfil o Ghana. Invertir miles de millones en nuevos parques eólicos en California, que producen menos energía por dólar que una inversión comparable en Kenya, es un error similar. Si el vasto potencial de energías renovables de las zonas cercanas al ecuador pudiera integrarse en las cadenas de valor mundiales a través del comercio —lo cual sería beneficioso para el clima y podría generar beneficios para las fuentes alemanas, británicas o californianas de las inversiones—, podríamos estar ante el mayor logro en materia de políticas del siglo.

Una solución beneficiosa para todos

Por el bien del mundo, es necesario acelerar la transición hacia las energías renovables en los países africanos. Si se hace bien, todos saldrán ganando. Las economías locales ganarían, ya que la inversión impulsa el desarrollo local, y la economía mundial también saldría ganando por la combinación de beneficios sostenidos y pérdidas climáticas evitadas. La razón por la que las políticas frenan este escenario beneficioso para todos es que el acuerdo mundial para la acción climática no tiene fuerza, y las recompensas a los agentes privados que gastan en acción climática están limitadas por las fronteras nacionales.

El modelo actual de inversión energética en África pone de relieve tanto la oportunidad de hacerlo mejor como las fallas de un sistema carente de incentivos coordinados (Olabisi, Richardson y Adelaja, 2022). El financiamiento energético público y privado de los países del Grupo de los Veinte y los bancos multilaterales de desarrollo a los países africanos ascendió a una media de unos USD 35.000 millones anuales entre 2012 y 2021. El sector privado aportó algo más del 40% de los fondos. La mayor parte del financiamiento (USD 83.500 millones) se destinó a proyectos de gas y gas natural licuado (Moses, 2023). El gasto en otras fuentes de energía, en particular las renovables, como la solar, la hidráulica y la eólica, se ha quedado a la zaga. Las empresas están dispuestas a gastar para satisfacer la demanda de energía en África, por lo que la carga de la inversión no es puramente pública, pero sus iniciativas se rigen por beneficios a corto plazo, como las de los combustibles fósiles. Imaginemos el impacto de un fondo mundial para el clima que financiara los incentivos marginales para que el sector privado obtuviera mayores beneficios de las inversiones en energía solar y eólica en África que de los proyectos de gas.

En algún momento, los responsables políticos y el sector privado tendrán que ponerse de acuerdo en que la mejor manera de que las empresas privadas obtengan beneficios es siendo sostenibles desde el punto de vista medioambiental, o mejor aún, que tengan un enfoque dirigido a restaurar el planeta para mejorar la calidad de vida de las generaciones futuras. El sector privado y los mercados de valores pueden, con la orientación política adecuada, canalizar recursos para financiar una transición verde más rápidamente de lo que tardarían los gobiernos en recaudar fondos para una propuesta exclusivamente pública de salvar el patrimonio común de la humanidad.

Hoy tenemos empresas privadas con una influencia mundial en el negocio de las energías renovables que hace tres décadas casi no existían o eran muy incipientes. Un número cada vez mayor de empresas multimillonarias del sector de las energías renovables tienen margen para seguir creciendo si se dan las políticas públicas adecuadas. La velocidad necesaria para una acción climática eficaz, especialmente en muchos países africanos, exige iniciativas del sector privado junto con una gobernanza mundial inteligente. ¿Podemos imaginar un futuro en el que la mayoría de las empresas persigan la sostenibilidad ecológica global porque de ello dependa su sostenibilidad económica?

Michael Olabisi es profesor adjunto en la Universidad Estatal de Michigan.

Las opiniones expresadas en artículos y otros materiales pertenecen a los autores; no reflejan necesariamente la política del FMI.