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Sus partidarios quieren crear sociedades libres, igualitarias y prósperas 

 

¿Cuál es la función del gobierno en las economías modernas? ¿Es posible crear una sociedad más igualitaria sin sacrificar la libertad económica o la prosperidad? ¿Debe ponerse el énfasis en la igualdad de oportunidades o en la igualdad de resultados? La idea de “crecimiento inclusivo” pretende lograr este equilibrio.

El crecimiento inclusivo, un término abierto a interpretaciones, busca aumentar la riqueza y el bienestar nacional, así como reducir la pobreza, velar por la igualdad entre generaciones y preservar las libertades económicas.

Existen distintas interpretaciones de libertad. Los libertarios abogan por una intervención mínima del Estado en la vida privada y el libre mercado. En cambio, el enfoque de las capacidades del premio nobel Amartya Sen se centra no solo en la ausencia de restricciones, sino también en las oportunidades de gozar de buena salud, educación y seguridad. Cada interpretación define un modelo de “sociedad buena” y un papel particular del gobierno para llegar a ella.

John Locke, Adam Smith y John Stuart Mill, renombrados defensores de la libertad, reconocieron que es necesario algún grado de intervención pública. Opiniones tan diversas nos llevan al centro del debate sobre lo que es una sociedad libre e igualitaria. Imagine que estuviese a su cargo crear una sociedad. ¿Cómo conciliaría estos principios? Toda elección supondrá una disyuntiva.

Redistribución de la riqueza

Primero, analice sus preferencias en torno a la redistribución de la riqueza. ¿Cómo garantizaría una mejora del nivel de vida sin socavar la libertad y el crecimiento económicos? Imagine un escenario con un impuesto sobre la renta del 30% sobre todo. Ahora, considere una propuesta para aumentar hasta el 50% la tasa a los más ricos. ¿Estaría de acuerdo?

Si se opone al aumento del impuesto porque cree que los más ricos ya contribuyen su parte justa y que este aumento podría ralentizar el crecimiento económico, su visión del crecimiento inclusivo es más conservadora, da prioridad a la libertad económica y el crecimiento económico, y prefiere una tasa impositiva única para todos los contribuyentes.

Si está a favor de aumentar el impuesto sobre la riqueza, siempre que los ingresos extras se dirijan a reducir la pobreza, su punto de vista sobre el crecimiento inclusivo es más amplio, y está dispuesto a sacrificar un poco de libertad económica para respaldar iniciativas de lucha contra la pobreza.

Si apoya el aumento del impuesto para reducir la desigualdad de la riqueza, con independencia de si los ingresos contribuyen a programas de lucha contra la pobreza, su visión es más bien progresista, y va más allá de los límites tradicionales del crecimiento inclusivo.

Este escenario nos ayuda a comprender el papel de las medidas de protección social. No solo los economistas progresistas, sino también los liberales clásicos, como Adam Smith, Friedrich Hayek y Milton Friedman, reconocen su importancia. Si bien no estarían a favor de usar los impuestos como vehículo para mejorar la redistribución de la riqueza, admiten que los mecanismos de protección son necesarios para prevenir la pobreza extrema y proporcionar un nivel de vida básico que ofrezca a todas las personas la oportunidad de salir adelante.

 

La primera opción se refiere a un ingreso básico universal con un impuesto sobre la renta de tasa fija, similar al propuesto por los economistas Friedman y Gregory Mankiw. Ahora bien, para los economistas conservadores, este tipo de impuesto deja de ser atractivo si está financiado por sistemas de impuestos progresivos, como se muestra en la segunda opción. En opinión de estos, podría frenar el crecimiento económico.

 

La tercera opción concuerda con las ideas de los economistas progresistas, como las de Thomas Piketty, y con medidas, como las del nuevo pacto verde. Estos enfoques son partidarios de imponer tasas impositivas marginales elevadas, por lo general del 70% o más altas, en parte, con el objetivo de reducir la influencia política de los más ricos.

Economistas progresistas como Dani Rodrik se centran en la concentración de la riqueza y la innovación en determinadas empresas y ciudades, no solo a nivel individual, dando lugar a la exclusión económica de muchos. Como solución proponen más derechos laborales, leyes antimonopolio, salarios mínimos más altos, subsidios y otras políticas industriales para contrarrestar el dominio empresarial, además de inversiones públicas dirigidas a crear empleo en sectores desatendidos. Otros economistas, como yo, se preocupan por los efectos de esas políticas industriales sobre el crecimiento y la capacidad de las autoridades para aplicarlas, y temen que se produzca una deriva mundial hacia el comercio proteccionista.

Las generaciones futuras

Piense ahora en el impacto de nuestras acciones sobre las generaciones futuras, incluidas las que todavía no han nacido, y sobre otras especies.

¿Hasta dónde debe intervenir el Estado para garantizar la prosperidad de nuestros hijos, nietos y generaciones siguientes? ¿Debe ampliarse esta intervención a la conservación del ambiente, la flora y la fauna, aunque no haya un beneficio directo para la humanidad? Las respuestas a estas preguntas darán forma al mundo que dejamos atrás y definirán el papel del gobierno en el ecosistema de nuestro planeta.

Adoptemos la óptica del cambio climático. Considere la introducción de un impuesto sobre el carbono de USD 35 por tonelada métrica, diseñado para recortar las emisiones futuras. El precio de la electricidad, el combustible y la calefacción aumentaría en torno a 20% para los hogares. ¿Está usted a favor?

Si está en contra, da prioridad al crecimiento económico y a las libertades económicas, y duda de la conveniencia de sacrificar recursos presentes por beneficios futuros inciertos. Esta perspectiva favorece los efectos económicos inmediatos, sobre todo en los hogares más pobres, y sigue la postura de algunas economías en desarrollo reacias a aumentar los impuestos sobre el carbono.

Si está favor del impuesto, para usted es importante el bienestar de las generaciones futuras. Esta postura coincide con las políticas de tarificación del carbono consideradas por varias economías avanzadas y centradas en proteger las libertades y las opciones de quienes vendrán después por encima de nuestra comodidad económica.

El apoyo al impuesto quizá se derive de un compromiso más amplio con la salud del planeta, el valor intrínseco de la naturaleza y la biodiversidad. Esta visión, a menudo asociada a la defensa del ambiente, va más allá de los beneficios para la humanidad.

Estas posibilidades subrayan la complejidad del crecimiento inclusivo, que pretende lograr un equilibrio entre las necesidades de las generaciones actuales y futuras. Las amenazas existenciales y la sostenibilidad a largo plazo pueden hacer cambiar de opinión incluso a quienes se oponen a la subida de impuestos. No se trata del impacto ecológico, sino de conservar los recursos esenciales y la salud del ambiente para la prosperidad.

Los bienes públicos

Piense en el papel del gobierno en la provisión de bienes públicos, como la educación, la atención sanitaria y el bienestar no de mercado, que incluye elementos vitales, como el aire limpio, que no se miden en el PIB. Los economistas clásicos entendieron las fallas de mercado, es decir, que las decisiones individuales por sí solas no siempre producen resultados óptimos, en particular, debido a factores externos. Así ocurre cuando quienes contaminan no pagan por el daño ambiental que causan, o cuando la inversión en educación y atención sanitaria no es suficiente para todos. En las economías en desarrollo, con infraestructuras deficientes y poco acceso a educación y atención sanitaria de calidad, la intervención pública es aún más necesaria.

Algunos confían en el gobierno para suministrar estos bienes públicos, considerándolo más competente que los mercados para gestionar ciertos problemas. Otros, sin embargo, son escépticos sobre la conveniencia de que la intervención pública sea elevada y les preocupa la corrupción y las fallas del gobierno. Sostienen que una buena política fiscal debe ser formulada por autoridades racionales, no partidistas, lo que no siempre es el caso. Los críticos también temen que las medidas del gobierno puedan ser contraproducentes, exacerbando los problemas en vez de aliviarlos. Algunos llegan a proponer soluciones basadas en las fuerzas del mercado, como el premio nobel Ronald Coase, que cree que cuando los derechos de propiedad son claros y los costos de transacción mínimos se pueden lograr resultados eficientes sin la ayuda del gobierno.

¿Cuál es su postura? Si está a favor de más intervención pública, confía en que el gobierno puede corregir los desequilibrios del mercado y alcanzar objetivos sociales. Si le preocupa que el Estado fracase, prefiere que la interferencia pública en el mercado sea mínima porque cuestiona la eficacia del gobierno y teme los riesgos de un control excesivo. Esta opción refleja su grado de confianza en el gobierno, por un lado, y en las soluciones basadas en el mercado, por el otro.

Crecimiento inclusivo

Frente a las políticas dirigidas a reducir directamente la desigualdad de la riqueza entre personas o regiones, que suelen asociarse con ideologías progresistas, el crecimiento inclusivo se centra en crear condiciones igualitarias. Hace hincapié en la idea de que nuestro futuro debe estar determinado por nuestro talento y esfuerzo, y no por nuestros orígenes. En este enfoque, el éxito se basa en el mérito y las capacidades del individuo, en lugar de en las circunstancias de su nacimiento.

El crecimiento inclusivo encarna el principio de que la creación de riqueza, la libertad económica y la igualdad de oportunidades pueden coexistir. Promueve la idea de que una sociedad puede ser libre e igualitaria sin renunciar al crecimiento económico y el bienestar a largo plazo. Y el papel del gobierno en este equilibrio dependerá de los valores individuales, el grado de confianza en los actores políticos y las realidades del lugar en cuestión.

Las opiniones expresadas en artículos y otros materiales pertenecen a los autores; no reflejan necesariamente la política del FMI.