EN LA DÉCADA DE 1970, los activistas laborales creían que si los sindicatos de Estados Unidos movilizaban el enorme apalancamiento financiero latente en los crecientes fondos de pensiones que habían generado para sus miembros, podrían transformar el capitalismo del país, usando el poder de inversión de los trabajadores para modificar el comportamiento empresarial.
La narrativa de Jacoby muestra cómo una combinación de obstáculos, contradicciones y consecuencias imprevistas limitaron las estrategias de capital de los sindicatos. Un obstáculo fue la obligación legal que les incumbe a los fiduciarios de fondos de pensiones sindicales de maximizar el rendimiento de las inversiones a fin de asegurar las jubilaciones de los miembros del sindicato. Cuanto más se contrajo el número de afiliados sindicales después de la década de 1970, menor fue el número de empleados sindicalizados que aportaban a los fondos de pensiones, sometiendo a los fiduciarios a una presión cada vez mayor para maximizar la rentabilidad. Esto expuso una contradicción: los intereses de los jubilados no se alineaban perfectamente con los de los trabajadores activos y los sindicatos. De hecho, garantizar la seguridad jubilatoria de los pensionados podría entrar en conflicto con la inversión activista en un grado tal que ni los activistas ni Drucker habían anticipado.
Sin embargo, la historia más interesante de Jacoby tiene que ver con las consecuencias no deseadas como lo reveló la experiencia del mayor fondo de pensiones de empleados públicos de la nación, el Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de California (CalPERS, por su sigla en inglés). CalPERS fue pionero en la estrategia de los inversores activistas del trabajo al codificar un conjunto de principios de gobernanza empresarial en la década de 1990 que Jacoby llama el “libro de recetas”. CalPERS y otros fondos de pensiones alegaban que las empresas estaban mal administradas y no lograban maximizar el valor para los accionistas porque los ejecutivos dominaban totalmente sus complacientes directorios. Como respuesta, los fondos aunaron su influencia para promover los principios enunciados en este libro: limitar la remuneración de los gerentes generales, fomentar la independencia de los miembros del directorio respecto de los gerentes generales y aumentar la transparencia en las finanzas empresariales.
Ese enfoque, muestra Jacoby, arrojó resultados decididamente dispares. El activismo de los fondos de pensiones no logró estrechar la creciente brecha de remuneraciones entre los ejecutivos y sus empleados, sino que contribuyó en cambio a que la remuneración de los ejecutivos pasara del sueldo hacia opciones sobre acciones. Las opciones bursátiles a su vez incentivaron a los ejecutivos a reducir el personal y tercerizar tareas como medio de inflar los precios de las acciones (y su renta). Mientras tanto, la adhesión al activismo accionario por parte de los fondos de pensiones legitimó más la cosmovisión del “valor para el accionista” que se instaló en los mercados bursátiles de la nación.
El activismo financiero tuvo aspectos positivos, por cierto, señala Jacoby. Algunos sindicatos —como el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, mediante su campaña Justicia para los Conserjes— pudieron utilizar el apalancamiento financiero de la fuerza laboral para lograr avances. En general, sin embargo, los avances de las estrategias financieras de los trabajadores no lograron cumplir los grandes sueños de la década de 1970. El grado de este fracaso quedó revelado por la crisis de 2008, la Gran Recesión y la ley de regulación financiera Dodd-Frank de 2010, que en buena medida no pudo rectificar la disfunción que la fuerza laboral había intentado corregir durante décadas.
Este libro agudo y sensato es insuperable como punto de partida para quien trate de comprender tanto la urgente necesidad como la enorme dificultad de hacer los mercados financieros más responsables ante el bien común.
JOSEPH A. McCARTIN, profesor de Historia en la Universidad de Georgetown y director ejecutivo de la Iniciativa Kalmanovitz para el Trabajo y los Trabajadores Pobres.
Las opiniones expresadas en artículos y otros materiales pertenecen a los autores; no reflejan necesariamente la política del FMI.
