Sin embargo, diseñar formas de fijar precios del carbono puede ser complicado, y los países tienen distintas opciones.
El gráfico de la semana muestra la expansión de los sistemas de tarificación del carbono. Hasta el momento, 46 países han fijado precios de las emisiones mediante impuestos sobre el carbono o regímenes de comercio de derechos de emisión (RCDE), y otros países lo están considerando.
En total, los RCDE y los impuestos sobre el carbono abarcan el 30% de las emisiones, y los precios alcanzan una cifra de USD 90 por tonelada (en la Unión Europea).
Pese a la proliferación de sistemas de tarificación del carbono, las autoridades económicas aún deben hacer más. Para limitar el calentamiento global, la cobertura debe ampliarse y los precios aumentar, desde un promedio mundial de USD 6 por tonelada de CO2 en la actualidad hasta USD 75 de aquí a 2030.
Las autoridades económicas que consideran la introducción o ampliación de los precios del carbono se enfrentan a varias decisiones a la hora de elegir instrumentos de política, como explicamos en una Nota sobre el cambio climático del personal técnico del FMI. Estas decisiones incluyen la flexibilización de la implementación, niveles de precios, inquietudes relativas a la competitividad, la armonización con otros instrumentos de mitigación y la coordinación entre países. Los países pueden elegir distintos métodos según sus propias circunstancias y objetivos.
Impuestos y regímenes de comercio
Una elección fundamental es entre impuestos sobre el carbono y regímenes de comercio de derechos de emisión. Los impuestos sobre el carbono tienen un atractivo práctico, porque aportan seguridad respecto a los precios futuros de las emisiones, lo que contribuye a fomentar las inversiones verdes y el ahorro de energía. Asimismo, su implementación puede ser muy sencilla si se modifican impuestos que ya existen sobre los combustibles, y proporcionan ingresos que los ministros de finanzas pueden utilizar para brindar asistencia a los sectores más vulnerables, recortar otros impuestos o estimular las inversiones productivas. Los impuestos sobre el carbono también pueden ampliarse a otras fuentes de emisiones, por ejemplo, las emisiones de metano de las industrias extractivas y, en algunos casos, la agricultura.
Los regímenes de comercio de derechos de emisión tienen atractivo si las autoridades económicas prefieren la seguridad respecto a los niveles futuros de emisiones. Estos regímenes pueden diseñarse para imitar algunas de las ventajas de los impuestos, entre otras cosas, mediante precios mínimos y subastas de derechos (aunque la asignación inicial de algunos derechos de forma gratuita puede obtener el apoyo de las empresas afectadas). Sin embargo, el desarrollo de RCDE supondrá un reto para muchos países, dada la profunda complejidad de su diseño, implementación y administración.
Pese a estas diferencias, los dos métodos tienen mucho en común. Ambos operan según el principio «quien contamina paga», que fomenta de forma eficiente cambios hacia fuentes más sostenibles de energía y la reducción de las actividades con elevado nivel de emisiones. En ambos métodos, es fundamental garantizar que el aumento de los precios del carbono necesario para hacer frente al cambio climático sea aceptable desde el punto de vista político. Las reformas de los sistemas de tarificación del carbono pueden proteger a los sectores más vulnerables al tiempo que respaldan el crecimiento económico, por ejemplo, con el uso de los ingresos para compensar a los hogares vulnerables y, el resto, para reducciones de impuestos sobre el trabajo o inversiones productivas.
Con un diseño, implementación y coordinación adecuados, los costos económicos de la tarificación del carbono pueden gestionarse; en efecto, para algunos países estos costos se ven más que compensados por beneficios secundarios ambientales a nivel nacional (como la reducción de los fallecimientos causados por la contaminación atmosférica local), antes incluso de tener en cuenta los beneficios climáticos a nivel mundial. La tarificación del carbono, de una u otra forma, será con probabilidad un elemento esencial de las estrategias de mitigación en la transición del mundo hacia emisiones netas cero en las próximas tres décadas.
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Simon Black es economista del Departamento de Finanzas Públicas del FMI y se especializa en mitigación del cambio climático, tarificación del carbono y fiscalidad ambiental. Antes de incorporarse al FMI, se desempeñó como economista especializado en cuestiones climáticas en el Banco Mundial y en el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Commonweath del Reino Unido, y formó parte de la delegación británica ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) donde participó en las negociaciones del Acuerdo de París.
Ian Parry es Experto Principal en Política Fiscal Ambiental en el Departamento de Finanzas Públicas del FMI, y se especializa en el análisis fiscal del cambio climático, el medio ambiente y cuestiones relacionadas con la energía. Antes de ingresar en el FMI en 2010, fue titular de la cátedra Allen V. Kneese de Economía Ambiental fundada por Resources for the Future.
Karlygash Zhunussova es Oficial de Proyectos del Departamento de Finanzas Públicas del FMI donde se especializa en políticas de mitigación y fiscalidad climáticas. Antes de incorporarse al FMI, trabajó en cuestiones de cambio climático para el Banco Mundial (Unidad de Macroeconomía, Comercio e Inversión, y Grupo de Cambio Climático). También trabajó como consultora para el gobierno de Kazajstán en varias iniciativas estratégicas.
