(Versión en English)
Mucho ha cambiado en el terreno fiscal desde que comenzamos a preocuparnos por la sostenibilidad fiscal de Estados Unidos. El déficit presupuestario del gobierno federal ha disminuido drásticamente en los últimos años, de casi 12% del PIB en 2009 a menos de 7% en 2012. Y los informes presupuestarios recientes muestran que el déficit está disminuyendo con más rapidez de lo esperado hace apenas unos meses, a un nivel proyectado de 4½% del PIB en el ejercicio corriente (que finaliza el 30 de septiembre). Además, el aumento de los costos de atención de la salud se ha desacelerado drásticamente desde la Gran Recesión, aliviando la presión sobre los programas de salud pública, al menos provisionalmente.
¿Significa esto que podemos dejar de preocuparnos? En realidad, no. La evolución reciente de la situación significa indudablemente que las cosas están mejor de lo que pensábamos hace apenas unos años y el ajuste fiscal necesario para restablecer la sostenibilidad es más pequeño. Pero si no se adoptan las medidas de política adecuadas en el momento oportuno, la reducción del déficit podría resultar excesiva a corto plazo—obstaculizando la recuperación económica— e insuficiente a largo plazo.
Por lo tanto, en nuestro control anual reciente de la economía estadounidense, nuestra recomendación es desacelerar el ajuste fiscal este año —lo cual ayudaría a sustentar el crecimiento y la creación de empleos—, pero acelerar la elaboración de una hoja de ruta a mediano plazo para restablecer la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
Más lento…
Alrededor de esta época el año pasado, nos preocupaba la posibilidad de que las autoridades estadounidenses permitieran que caducaran plenamente una serie de recortes impositivos temporales y entraran en vigencia significativos recortes generalizados del gasto (un proceso conocido como “secuestro del gasto”) el 1 de enero de 2013. El efecto combinado de estas medidas, el llamado “abismo fiscal”, podría empujar la economía nuevamente a la recesión.
El Congreso evitó en parte el abismo fiscal con leyes aprobadas unas pocas horas antes del plazo del 1 de enero: se prorrogaron permanentemente los recortes de impuestos para los contribuyentes que se encuentran debajo de un cierto nivel de ingreso, pero el secuestro del gasto solo se postergó un tiempo y entró en vigor el 1 de marzo de 2013.
Los recortes presupuestarios que conlleva el secuestro del gasto llegan en un momento en que la recuperación económica aún es frágil y además son indiscriminados, ya que afectan a muchos servicios vitales en educación, ciencias e infraestructura. El secuestro del gasto estaba diseñado para ser tan desaconsejable que las autoridades se verían obligadas a transar y acordar opciones más razonables, pero eso no ocurrió. Según estimaciones del FMI, si el secuestro del gasto no hubiera ocurrido, el crecimiento del PIB real habría sido medio punto porcentual más alto en 2013.
… pero más rápido
El lado positivo, dentro de todo, es que las perspectivas fiscales a más largo plazo ya no son tan intimidantes como hace apenas unos años.
En 2010 el FMI proyectó una trayectoria insostenible para la deuda pública: la relación de endeudamiento del gobierno federal podría alcanzar niveles desconocidos desde la Segunda Guerra Mundial (cerca de 100% del PIB). Desde entonces, el Congreso aprobó varias leyes, una de las cuales desembocó en los sucesos que activaron el secuestro del gasto. Hoy, las proyecciones son mucho más alentadoras (véase el gráfico). Se prevé que en 2020 la deuda federal esté unos 20 puntos porcentuales por debajo de lo proyectado en 2010.
A pesar de la mejora sustancial, las perspectivas a largo plazo siguen siendo poco propicias, debido al impacto del envejecimiento de la población, el rápido aumento de los costos de la atención de la salud y el aumento previsto de las tasas de interés. Aun teniendo en cuenta la desaceleración reciente, se prevé que el gasto en seguridad social y en grandes programas de salud aumente cerca de 2 puntos porcentuales del PIB durante la próxima década. Se prevé un aumento parecido de los desembolsos netos en intereses, a medida que las tasas de interés vayan normalizándose.
Por lo tanto, si no se toman otras medidas para incrementar el ingreso y reducir el gasto en prestaciones sociales, la relación de deuda pública comenzaría a subir nuevamente, y esta vez a partir de un nivel relativamente alto.
¿Qué corresponde hacer?
La prioridad máxima para Estados Unidos consiste en implementar un plan de reducción del déficit para aliviar la presión que se generará más o menos a mediados de la década, cuando la recuperación económica haya concluido, las tasas de interés vuelvan a la normalidad histórica y las presiones demográficas hagan sentir sus efectos. Este plan debería:
- Proteger la frágil recuperación. El grueso de la reducción del déficit debería comenzar cuando la economía esté firmemente afianzada y antes de que la relación de deuda pública comience a subir de nuevo.
- Reducir el crecimiento del gasto en prestaciones sociales e incrementar el ingreso. Dado que el ahorro generado por la reforma de los programas de prestaciones sociales se acumula de manera muy paulatina, es crucial actuar a tiempo legislativamente para poder cosechar esos beneficios más adelante. Eso ayudaría también a contener el aumento de las tasas de interés a largo plazo, promoviendo así el crecimiento, y alejar el riesgo de turbulencia en el mercado de instrumentos del Tesoro.
- Reemplazar el secuestro del gasto con recortes mejor focalizados y nuevos ingresos. Estos recortes automáticos no abordan el verdadero problema (el gasto en programas de prestaciones sociales), perjudican el crecimiento a corto plazo y podrían dañar el crecimiento potencial a mediano plazo si se mantienen los recortes del gasto en enseñanza, ciencias e infraestructura.
¿Más fácil en la teoría que en la práctica?
Existen considerables desavenencias a lo largo del espectro político en cuanto al plan de reducción del déficit, y por eso aún no hay un plan exhaustivo. Sin embargo, las negociaciones realizadas hasta la fecha muestran que existen puntos de coincidencia que podrían servir de base a un acuerdo bipartidista.
Nuestra conclusión es que es necesario estudiar las opciones para reemplazar el secuestro del gasto y ajustar el ritmo del ajuste fiscal para evitar dañar el crecimiento económico, y aprobar sin tardanza leyes que hagan frente a los peligros a mediano plazo para la sostenibilidad fiscal.
