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La recuperación frente a la desaceleración económica que siguió a las crisis financieras de 1997-98 en los mercados emergentes ha sido más sólida de lo previsto, y es probable que en 2000 el crecimiento económico sea el más vigoroso en más de una década. No obstante, considerables riesgos siguen comprometiendo la sostenibilidad del crecimiento económico, y es más lo que debe hacerse para acelerar el crecimiento económico y reducir la pobreza en los países más pobres. El tema de la globalización dio lugar a un intenso debate el año pasado. El FMI ha sido blanco de críticas por su papel como promotor del crecimiento del comercio mundial y por el asesoramiento que brindó a los países en dificultades. No obstante, la experiencia demuestra que la liberalización del comercio mundial es uno de los motores más potentes del crecimiento económico, ya que beneficia a todos los países y brinda a la población de los países pobres idénticas oportunidades que a los habitantes de los países ricos. Es evidente que la amplia brecha que separa a los países ricos de los países pobres no ha impedido que estos últimos se hayan visto beneficiados por la ampliación de los mercados, en tanto que los países que mantuvieron cerrados sus mercados se ven en situación menos favorable. El FMI debe cumplir un papel esencial como promotor de un proceso de globalización parejo, ya que la moderna economía mundial requiere una colaboración internacional más intensa que nunca en la esfera monetaria. Ante la nueva realidad política y económica, el FMI emprendió reformas que están transformando los mecanismos que utiliza para realizar sus operaciones. En el curso del año pasado, la institución publicó un mayor volumen de información sobre sus programas y operaciones, y sobre las economías de sus países miembros; comenzó a depurar sus diferentes servicios de crédito eliminando cuatro servicios financieros para los que existe escasa demanda (véase la pág. 12) y estableció normas de auditoría más severas en relación con los países que aspiran a obtener crédito de la institución. El FMI está instalando una oficina de evaluación independiente para complementar la continua labor de evaluación interna y externa. Por otra parte, en un marco de colaboración con las autoridades de sus países miembros ha puesto en marcha un proyecto piloto de preparación de informes para determinar en qué medida los países observan determinadas normas y códigos internacionalmente reconocidos; a ese respecto, la atención se centra principalmente en los ámbitos de mayor interés para las operaciones del FMI.
La tasa de crecimiento de la economía mundial fue del 3½% en 1999 y según se prevé llegará a alrededor del 4¾% en 2000 —el ritmo más acelerado desde 1998—y bajará a alrededor del 4¼% en 2001. Se prevé que la mayoría de los países lograrán mantener controlada la inflación. Aunque el crecimiento económico estadounidense sigue siendo vigoroso, la modalidad de crecimiento de los diferentes países se está equilibrando, sobre todo con el repunte de la zona del euro. Según ciertos indicios, se reducirá y hará más sostenible la tasa de crecimiento económico de Estados Unidos. Si la desaceleración económica estadounidense fuera paulatina —el escenario más verosímil— las consecuencias, en el resto del mundo, no serían muy serias. Un "aterrizaje" más abrupto, caracterizado por un considerable aumento de la inflación, una política monetaria mucho más restrictiva, la contracción de las cotizaciones bursátiles y una pronunciada pérdida del valor del dólar, podría inhibir el crecimiento de la economía de ese país y suscitar repercusiones más graves para la economía mundial. En la zona del euro se ha robustecido el crecimiento del producto, cuya tasa llegaría al 3½% en el presente año y en 2001, a lo que se agregaría la persistencia de una inflación baja. Además, el crecimiento está distribuido en forma más pareja entre los 11 países de la zona. El desempleo se ha reducido al 9,2%, en comparación con 11,7% en 1997. En relación con las economías europeas es importante establecer hasta qué punto, dadas las rigideces estructurales que caracterizan a muchas de ellas, puede seguir disminuyendo el desempleo sin que sobrevenga inflación. En Asia, la recuperación frente a las crisis de 1997-98 ha sido notable —en algunos casos espectacular—, pero muchos países de la región deben alcanzar nuevos hitos en materia de reforma estructural. Japón aún no ha adoptado medidas frente a las rigideces estructurales y las fallas del sector financiero, ni ha comenzado a desregular sectores económicos clave. En Corea y Malasia se han logrado avances satisfactorios en cuanto a reestructuración y fortalecimiento del sector financiero y empresarial. Según las proyecciones, Asia seguirá recuperándose en el presente año, en parte como consecuencia del vigoroso aumento de la exportación de esa región, cuya importación también se ha incrementado y en la que se prevé un aumento sostenido de la inversión. Con respecto a los países en desarrollo, se prevé que el crecimiento económico, en todas las regiones, sea más acelerado en el presente año que en 1998 y en 1999. No obstante, el alto precio del petróleo ha suscitado déficit comerciales en algunos países en desarrollo que dependen del petróleo importado. En la mayor parte de América Latina la situación mejoró extraordinariamente en los últimos 12 meses, en gran medida debido a la exitosa aplicación de reformas estructurales y de una política macroeconómica bien concebida. No obstante, subsisten fallas fiscales y estructurales básicas, lo que debería llevar a los países de la región a seguir aplicando reformas internas. En la última década, varios países de África dieron pasos importantes en materia de estabilización y reforma, y en varios de ellos se reanudó el crecimiento de la renta per cápita real. En cifras regionales, en cambio, el crecimiento del producto fue de apenas 2¼% en 1999 debido a los conflictos armados y a la corrupción, entre otros factores. Según se prevé, el crecimiento de la economía africana se tonificará en cierta medida en 2000, hasta llegar a alrededor del 3½ %, pero este nivel es muy inferior al necesario para hacer mella en la pobreza, que sigue asolando al continente. Varias economías en transición —principalmente las antiguas economías de planificación centralizada de Europa central y oriental— han dado pasos importantes en materia de reforma económica, y ahora se ven confrontadas con problemas similares a los de las economías de mercado de ingreso medio. Según las proyecciones, la tasa de crecimiento de esos países será del 3% en este año y del 4¼% en el año próximo. La mayor parte de los países de la ex Unión Soviética, cuyos escasos recursos financieros siguen destinándose a empresas estatales de insatisfactorio desempeño, y en que la corrupción sigue siendo generalizada, van a la zaga de sus vecinos de Europa central y oriental. Pese a la notable recuperación experimentada por la economía mundial desde 1998, subsisten muchos problemas arduos, como los amplios desequilibrios de pagos externos entre los países industriales. Ningún país debe conformarse con lo logrado; todos deben tener en cuenta la posibilidad de que el mejoramiento de la economía mundial reduzca el impulso de futuras reformas.
En 1999/2000 el FMI siguió ayudando a sus países miembros a hacer frente a los desafíos de la globalización económica y a aprovechar sus beneficios. Junto con el Banco Mundial, el FMI comenzó a aplicar un nuevo enfoque en relación con la asistencia que brinda a sus países miembros más pobres para reducir la pobreza y reforzar el crecimiento económico. En el contexto del nuevo servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP) se establece un vínculo explícito entre la reducción de la pobreza y los programas encaminados a alcanzar esa meta, y las propias autoridades nacionales se encargan de elaborar programas, en consulta con la sociedad civil y con donantes bilaterales y multilaterales. Por otra parte, el FMI y el Banco Mundial introdujeron la Iniciativa reforzada para los países pobres muy endeudados (PPME), tendiente a conceder un alivio más profundo, amplio y rápido de la deuda a fin de respaldar programas de reducción de la pobreza. Junto con el mejoramiento de la situación económica y financiera mundial, la situación financiera del FMI siguió robusteciéndose a lo largo de todo el ejercicio, y la demanda de apoyo financiero del FMI se redujo extraordinariamente al atenuarse las crisis económicas mundiales. El monto de los giros contra los recursos generales del FMI ascendió a DEG 6.300 millones en el ejercicio 2000, en comparación con DEG 21.400 millones en el ejercicio anterior. Se giró por DEG 5.700 millones en acuerdos de derecho de giro y acuerdos ampliados; DEG 200 millones en el contexto del servicio de financiamiento compensatorio y para contingencias, y DEG 400 millones en asistencia de emergencia. También se redujeron de —DEG 800 millones en 1999 a DEG 500 millones en 2000— los giros enmarcados en el SCLP y el SRAE. Al 30 de abril de 2000 estaban en vigor 16 acuerdos de derecho de giro, 11 acuerdos ampliados y 31 acuerdos del SCLP.
El 9 de noviembre de 1999, Michel Camdessus, Director Gerente del FMI desde hacía 13 años, anunció su intención de renunciar a principios de 2000. En el período de Camdessus el FMI encaminó a los países de la antigua Unión Soviética y a varios países de Europa central y oriental en su proceso de transformación en economías de mercado, reforzó la lucha contra las crisis financieras y adoptó programas de asistencia para los países más pobres. Horst Köhler sucedió a Michel Camdessus como Director Gerente del FMI. En los primeros meses en el cargo, que asumió en mayo de 2000, Köhler viajó a América Latina, Asia y África para conocer la opinión de los países de esas regiones sobre los problemas clave con los que se ve confrontada la economía mundial. Köhler identificó cinco ámbitos clave en que a su juicio debe centrarse el interés de las Reuniones Anuales de Praga: 1) reforma del FMI, 2) renovado hincapié en la estabilidad macroeconómica para promover un crecimiento económico duradero y combatir la pobreza, 3) evaluación de la labor realizada hasta la fecha para reforzar el sistema financiero internacional (véase la pág. 5), 4) culminación de la iniciativa para el alivio de la deuda propuesta en la cumbre económica de Colonia de junio de 1999 (véase el Boletín del FMI del 12 de julio de 1999, pág. 209), y 5) revisión de los temas en los que nsiste el FMI en sus programas, en especial la condicionalidad, de modo que reflejen un mejor conocimiento de los países más pobres y de las dificultades que les impone la reforma. El fortalecimiento de la economía mundial el año pasado puede atribuirse en parte a las medidas adoptadas a la luz de las crisis de la década de 1990. Las reformas aplicadas por el FMI y la comunidad internacional tienden a establecer un sistema financiero más estable y menos propenso a las crisis. Como no cabe descartar nuevas crisis financieras, es preciso reformar, en lugar de debilitar, las instituciones que procuran conjurarlas. No obstante, la prevención de las crisis debe convertirse en el objetivo preponderante. Según Köhler, el FMI, además de promover la adopción, en sus países miembros, de una política macroeconómica bien concebida, la transparencia, y la aplicación de normas internacionalmente reconocidas, debe mantener un intercambio de información y un diálogo regular y directo con el sector financiero privado. Por ese motivo el Director Gerente ha decidido establecer un grupo consultivo sobre mercados de capital, que celebrará su primera reunión en Praga antes de las Reuniones Anuales.
La globalización significa cosas diferentes para diferentes personas. Algunos la conciben como un proceso beneficioso, que es, además, inevitable e irreversible. Otros creen que exacerba la desigualdad dentro de un mismo país y entre distintos países, pone en peligro el empleo y el nivel de vida y frustra el progreso social. Aunque el proceso de globalización ofrece amplias oportunidades de desarrollo mundial, su avance no es parejo. Algunos países están integrándose más rápidamente que otros en la economía mundial; en ellos el ritmo de crecimiento económico y reducción de la pobreza es más acelerado. Por ejemplo, las políticas orientadas hacia el exterior suscitaron dinamismo y una mayor prosperidad en gran parte de Asia oriental. En los países de esa región el aumento general del nivel de vida redujo extraordinariamente la pobreza y fomentó avances en la democracia y en otros frentes, como el de las normas laborales y el medio ambiente. Por el contrario, en las regiones en que los países aplicaron una política económica orientada hacia el interior se produjo un estancamiento o un deterioro económico. El cambio de política económica de esas regiones puso en marcha un proceso de aumento del ingreso. Promover esa tendencia, en lugar de combatirla, constituye el rumbo más adecuado para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo y luchar contra la pobreza.
El término "globalización", que en los años ochenta pasó al uso común, designa la creciente integración mutua de las economías del mundo, especialmente a través de las corrientes comerciales y financieras. En algunos casos se refiere también al desplazamiento de personas y conocimientos a otros países, así como a la actuación, más allá de las fronteras nacionales, de las fuerzas del mercado que han actuado durante siglos en todos los niveles de la actividad económica: los mercados de las aldeas, las industrias urbanas o los centros financieros. Los recientes avances tecnológicos han facilitado y acelerado las transacciones internacionales. Los mercados promueven la eficiencia por medio de la competencia y la división del trabajo, es decir una especialización que permite a las personas y las economías concentrar sus esfuerzos en lo que mejor saben hacer. La globalización de los mercados mundiales amplía las oportunidades de las personas para explorar nuevos y más amplios mercados en todo el mundo, lo que les da acceso a corrientes de capital adicionales, tecnología, importaciones más baratas y mercados de exportación más amplios. No obstante, los mercados no pueden garantizar un reparto universal de los beneficios que suscita una mayor eficiencia. Los países deben estar dispuestos a adoptar las medidas que les permitan recoger los beneficios de la globalización. Los países más pobres pueden necesitar, a esos efectos, el apoyo de la comunidad internacional.
Algunos observadores consideran que la ola de crisis financieras que tuvo lugar en el decenio pasado —México, Tailandia, Indonesia, Corea, Rusia y Brasil— es un resultado directo e inevitable de la globalización y que no hubiesen seguido el curso que tuvieron sin una exposición a los mercados mundiales de capitales. No obstante, esos países no hubiesen podido alcanzar tasas de crecimiento tan impresionantes antes de las crisis. Las crisis fueron complejas. Si bien muchos de esos países tuvieron un desempeño económico espectacular antes de la crisis, todos eran vulnerables a las conmociones transmitidas por los mercados financieros mundiales debido a sus propios regímenes cambiarios, la fragilidad de sus sistemas financieros, la dinámica insostenible de la deuda pública o las deficiencias fiscales y estructurales de mayor amplitud. Aunque la estabilidad macroeconómica, la solidez fiscal y financiera, la transparencia y el buen gobierno son importantes para todos los países, las crisis demostraron que los mercados financieros globales son implacables para los países con deficiencias en uno o más de esos aspectos. El cambio de sentido de los flujos mundiales de capital durante las crisis fue más abrupto porque algunos acreedores no habían evaluado o gestionado adecuadamente los riesgos antes de las crisis y porque recibieron información fundamental cuando ya la crisis había hecho eclosión. La comunidad internacional respondió a la crisis mediante un nuevo fortalecimiento del sistema monetario y financiero, con el objeto de que los mercados funcionen con mayor transparencia, equidad y eficiencia. Es preocupante que la brecha entre los países de alto ingreso y de bajo ingreso se haya ampliado y que tantos habitantes del planeta vivan en condiciones paupérrimas, pero sería erróneo suponer que no se puede hacer nada para mejorar esta situación. Los países de bajo ingreso no pudieron integrarse con la economía mundial a la misma velocidad que otros en parte por las políticas que escogieron y en parte debido a circunstancias que estaban fuera de su control. Ningún país puede aislarse de la economía mundial. La comunidad internacional deberá ayudar a los países más pobres a integrarse y a acelerar su crecimiento económico, además de lograr mejoras en salud pública, educación y otras esferas. Se ha demostrado que el crecimiento está vinculado con mejores condiciones de vida para ricos y pobres. Es ésta la manera de que los pueblos de todos los países tengan acceso a los beneficios de la globalización.
Las crisis financieras de los años noventa revelaron fallas en el sistema monetario y financiero internacional. En consecuencia, la comunidad internacional ha movilizado recursos para reformar la "arquitectura" del sistema. Dicho sistema comprende las instituciones, los mercados y las prácticas que los gobiernos, las empresas y los particulares utilizan para desarrollar su actividad económica y financiera. El fortalecimiento de este sistema para que sea más estable y sólido reduce la vulnerabilidad de la economía mundial a las crisis financieras. Al mismo tiempo, permite a los países cosechar los frutos de la globalización, los cuales fomentan el crecimiento económico y elevan los niveles de vida.
A escala mundial, las reformas cooperativas se han concentrado en cinco áreas: Transparencia. El objetivo es lograr que los mercados financieros y el público cuenten con datos actualizados y fidedignos, y con información sobre políticas, prácticas y decisiones en el ámbito económico y financiero.
Normas. El cumplimiento de las normas y los códigos de buenas prácticas de aceptación internacional ayuda a que las economías funcionen adecuadamente a nivel nacional, lo cual es un requisito para el funcionamiento ordenado del sistema internacional.
Fortalecimiento del sector financiero. Los bancos y otras instituciones financieras deben mejorar sus prácticas internas, la evaluación y la gestión del riesgo. El sector público debe perfeccionar la supervisión y regulación del sector financiero para no quedarse rezagado.
Participación del sector privado. Lograr la mayor participación del sector privado en la prevención y la resolución de crisis puede limitar el riesgo moral (cualquier factor que fomente la asunción de riesgos creando la impresión entre los inversionistas que estarán protegidos en caso de pérdidas) y fortalecer la disciplina de mercado al facilitar una mejor evaluación del riesgo.
Mejoras sistémicas: Líneas de crédito contingente. Las líneas de crédito contingente (LCC) creadas por el FMI como instrumento para prevenir las crisis ofrecen crédito con carácter precautorio a países que aplican sólidas políticas económicas para protegerlos de futuros problemas de balanza de pagos debido al contagio. Crean incentivos para que:
En el Convenio se dispone que la institución contará con una Junta de Gobernadores, un Directorio Ejecutivo, un Director Gerente y un cuerpo de funcionarios internacionales. La Junta de Gobernadores, autoridad máxima del FMI, está integrada por un gobernador titular y un gobernador suplente para cada uno de los países miembros. El gobernador, nombrado por el país, generalmente es el ministro de Hacienda o el gobernador del banco central. La Junta de Gobernadores ha delegado al Directorio Ejecutivo casi todas sus facultades. Se reúne normalmente una vez al año. El Directorio Ejecutivo es responsable de la operación del FMI. Está integrado por 24 directores ejecutivos nombrados o elegidos por los países miembros o grupos de países y por el Director Gerente, quien lo preside. El Directorio Ejecutivo se reúne varias veces por semana y se ocupa de una amplia gama de asuntos relativos a la política, el funcionamiento y la administración del FMI, incluidos la supervisión de la política cambiaria de los países miembros, la prestación de asistencia financiera del FMI, y el análisis de los aspectos sistémicos de la economía mundial. El Director Gerente es elegido por el Directorio Ejecutivo y dirige al personal de la organización. Bajo la autoridad del Directorio, dirige las actividades ordinarias del FMI. El Director Gerente cumple un mandato de cinco años y puede ser reelegido por períodos sucesivos. El Comité Monetario y Financiero Internacional de la Junta de Gobernadores (antes denominado Comité Provisional) es un órgano asesor integrado por 24 gobernadores, ministros u otros funcionarios de similar jerarquía y representa a los mismos grupos de países que el Directorio Ejecutivo. Normalmente se reúne dos veces por año: en abril o mayo y para las Reuniones Anuales de la Junta de Gobernadores en septiembre u octubre. Sus responsabilidades son, entre otras, guiar al Directorio Ejecutivo y recomendar y notificar a la Junta de Gobernadores sobre cuestiones vinculadas con la gestión y la adaptación del sistema monetario y financiero internacional, disturbios repentinos que puedan amenazarlo y propuestas para enmendar el Convenio Constitutivo. El Comité para el Desarrollo (Comité Ministerial Conjunto de las Juntas de Gobernadores del Banco y del Fondo para la Transferencia de Recursos Reales a los Países en Desarrollo), integrado también por 24 miembros —ministros de Hacienda o funcionarios de rango similar— asesora e informa a las Juntas de Gobernadores sobre aspectos relativos al desarrollo.
En la economía mundial actual, en que existe un gran riesgo de que las consecuencias de las medidas de política interna de un país se propaguen a otros países, es esencial contar con un mecanismo que permita un seguimiento de la política económica. El seguimiento ("supervisión") que efectúa el FMI del sistema monetario internacional cumple esta función al velar por que dicho sistema funcione con eficacia. En su evaluación de las decisiones de política y la evolución económica de los países, el FMI procura detectar las señales de peligro y prever la necesidad de tomar medidas en los países miembros. A la luz de la crisis de México de 1994-95 y la crisis de Asia de 1997-98, el FMI ha intensificado la supervisión a fin de reducir la probabilidad de crisis futuras, por ejemplo, alentando a los países miembros a adoptar una actitud más abierta o más transparente con respecto a sus decisiones de política económica.
El FMI realiza su función de supervisión de varias formas: La supervisión individual de los países asume la forma de consultas ordinarias (normalmente anuales) con los países miembros, estipuladas en el Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI. Las consultas se centran en los tipos de cambio de los países miembros y en sus políticas fiscales y monetarias; la evolución de la balanza de pagos y de la deuda externa; la influencia de la política económica sobre las cuentas externas del país; las repercusiones internacionales y regionales de sus políticas, y la identificación de posibles vulnerabilidades. Dada la mayor integración que existe en los mercados financieros mundiales, la supervisión se centra cada vez más en cuestiones de la cuenta de capital y de los sectores financiero y bancario. Cuando resulta pertinente desde una óptica macroeconómica, la supervisión también comprende políticas que pueden incidir en el mercado laboral, el medio ambiente, y el buen gobierno. La supervisión mundial implica un examen periódico, por parte del Directorio Ejecutivo del FMI, de la evolución económica mundial, basado en los informes de Perspectivas de la economía mundial que preparan los funcionarios del FMI, así como el análisis periódico de la evolución, las perspectivas y los aspectos de política de los mercados internacionales de capital. Últimamente ha cobrado fuerza la supervisión regional de las uniones monetarias. En el ejercicio 2000, el Directorio examinó la evolución de la Unión Económica y Monetaria Europea y la Comunidad Económica y Monetaria de África Central. Los contactos entre los funcionarios de la institución y las autoridades regionales sirven como complemento de las consultas con los países miembros.
Es esencial que los países proporcionen datos puntuales, fiables y completos. Dado que las lagunas o deficiencias en los datos pueden entorpecer el análisis, el FMI destaca la importancia de una información franca sobre la calidad de los datos de los países. En 1997, el FMI estableció el Sistema General de Divulgación de Datos a fin de mejorar la calidad de los datos y las prácticas estadísticas de los países. Las Normas Especiales para la Divulgación de Datos, cuya suscripción se recomienda, están diseñadas para países que en general ya observan normas rigurosas sobre la calidad de los datos y que tienen, o que procuran obtener, acceso a los mercados internacionales de capital. A fin de que la supervisión se realice en forma continua y eficaz, el FMI complementa las consultas anuales con visitas intermedias a los países; asimismo, para analizar acontecimientos importantes en algunos países, el Directorio celebra frecuentes reuniones oficiosas. Las actividades de supervisión se han ampliado para que incluyan un examen más minucioso y detallado del funcionamiento del sector financiero, aspectos relacionados con la cuenta de capital y la vulnerabilidad externa, así como la interdependencia de las medidas de política y los riesgos de que los países se vean afectados, a través del contagio, por lo que pueda ocurrir en otros países. Para fortalecer la supervisión del sector financiero y promover un diálogo más eficaz sobre aspectos relacionados, en mayo de 1999 el Banco Mundial y el FMI pusieron en marcha el Programa de evaluación del sector financiero. Las conclusiones de estas evaluaciones tienen por objeto fomentar la detección oportuna de deficiencias en el sistema financiero que puedan tener repercusiones macroeconómicas, y ayudar a las autoridades a formular una respuesta de política apropiada. La adopción por parte de los países de normas o códigos de buenas prácticas de aceptación internacional puede mejorar la formulación de la política económica y fortalecer el sistema financiero internacional. El seguimiento de la observancia de estas normas puede crear mayores incentivos para que los países las adopten y las cumplan. Por lo tanto, el FMI y el Banco Mundial comenzaron a preparar una serie de informes experimentales sobre la observancia de los códigos y normas; muchos de ellos se han publicado en inglés y pueden consultarse en el sitio del FMI en Internet (/external/np/rosc/rosc.asp). La supervisión del FMI proporciona un marco para la organización y el examen, en conjunción con las autoridades nacionales, de las evaluaciones de adhesión a los códigos y normas. La función de la credibilidad para restablecer la confianza del mercado —por ejemplo en los países de Asia afectados por las crisis— subraya la importancia de la transparencia de la política económica. Por consiguiente, el FMI hace hincapié en que el personal técnico comunique sus puntos de vista sobre la evolución económica de los países miembros de manera más franca. Se ha avanzado considerablemente en los planes de mejora de la transparencia en las políticas de los países miembros y en el asesoramiento del FMI en materia de política económica. Alrededor de un tercio de los países participa en un programa piloto de divulgación voluntaria de los informes del personal técnico al término de las consultas del Artículo IV, y la mayoría de los países miembros actualmente consiente en que se publiquen notas de información al público al respecto.
El FMI funciona, en cierta medida, como una cooperativa financiera. Cuando ingresan al FMI, los países miembros pagan un monto denominado "cuota". La cuota inicial de un país se sitúa dentro de la gama de cuotas de los países miembros de magnitud y características económicas comparables. Las cuotas determinan las relaciones financieras e institucionales de los países miembros con el FMI (véase el recuadro). Las subscripciones de capital de los países miembros del FMI constituyen un acervo de recursos que la institución utiliza para asistir a los países que experimentan dificultades financieras. Un nivel adecuado de cuotas permite al FMI respaldar los esfuerzos de sus países miembros por establecer la convertibilidad de la moneda y liberalizar el comercio, ayudar a los países en transición a una economía de mercado, proveer financiamiento de la balanza de pagos a los países que adoptan programas de reforma, y evitar los costos del financiamiento complementario. A intervalos de no más de cinco años, la Junta de Gobernadores debe llevar a cabo una revisión de las cuotas y determinar —en función de la evolución de la economía mundial y los cambios en la situación económica de los países en relación con los demás— si es necesario proponer un ajuste. Un país miembro puede solicitar un ajuste de su cuota en cualquier momento. En Septiembre de 1997, el Directorio Ejecutivo del FMI acordó aumentar en un 45% el total de cuotas, es decir, de DEG 146.000 millones (unos US$200.000 millones) a DEG 212.000 millones (unos US$280.000 millones). Esta decisión se basó en la expansión de la economía mundial desde el último aumento de cuotas en 1990, el volumen de los posibles desequilibrios de los pagos, la rápida globalización y liberalización del comercio y los pagos, las necesidades de liquidez del FMI y la eficacia de sus mecanismos de financiamiento.  La distribución del aumento total de cuotas fue, en gran medida, equiproporcional: el 75% del aumento se distribuyó entre todos los países miembros en proporción a las cuotas en vigor. Otro 15% se distribuyó en proporción a la cuota relativa de los países miembros, que se evalúa en función de la posición relativa del país en la economía mundial, según su PIB, sus transacciones en cuenta corriente, y sus reservas oficiales (la "cuota calculada"). El 10% restante se utilizó para corregir las principales anomalías en la distribución de cuotas, es decir, se distribuyó entre los países cuya cuota calculada relativa excedía más su cuota efectiva. La undécima revisión general de cuotas concluyó en enero de 1998 y entró en vigor en enero de 1999. Gracias a este aumento de las cuotas se incrementaron considerablemente los recursos del FMI disponibles para el financiamiento.
El FMI proporciona asistencia financiera a los países miembros para ayudarlos a hacer frente a problemas de balanza de pagos en una forma que fomente un crecimiento económico sostenido. Dicha asistencia está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo y, en la mayoría de los casos, al compromiso del país de adoptar medidas para abordar las causas de desequilibrios de pagos. El financiamiento se otorga en el marco de diversos mecanismos y servicios financieros, cuyas condiciones reflejan la naturaleza del problema de balanza de pagos por el que atraviesa el país prestatario. En el ejercicio 2000, el Directorio Ejecutivo inició un examen para evaluar el diseño de las políticas y los servicios de crédito no concesionario, y determinar si siguen siendo necesarios. Convino en eliminar varios servicios de respaldo financiero, como el servicio de financiamiento de existencias reguladoras, la asistencia para la reducción de la deuda y el servicio de la deuda frente a bancos comerciales y para los fondos de estabilización cambiaria, y en modificar el servicio de financiamiento compensatorio y para contingencias. Estos servicios rara vez habían sido activados, y en algunos casos no se habían utilizado en varios años. Asimismo, el Directorio estimó que los demás servicios financieros del FMI se ajustaban a los fines para los cuales fueron creados. Paralelamente, el Directorio inició un análisis más exhaustivo —el cual continúa— sobre la función de financiamiento del FMI y la mejor forma de adaptar sus servicios financieros para tener en cuenta los cambios del entorno económico mundial. En septiembre de 1999 el Directorio aprobó la creación de un servicio temporal para confrontar los problemas del año 2000, en virtud del cual el FMI otorgaría financiamiento a corto plazo a países con problemas de balanza de pagos derivados de dificultades reales o potenciales relacionadas con la adaptación de la informática al cambio de siglo. Ningún país miembro hizo uso de este servicio y se suprimió el 31 de marzo de 2000.
Los países miembros que usan los recursos generales del FMI "compran" monedas de otros países o DEG abonando un monto equivalente de su propia moneda. El FMI aplica cargos a estos giros y exige que los países "recompren", en un plazo determinado, su propia moneda utilizando DEG o moneda de otros países miembros. El crédito del FMI está sujeto a diferentes condiciones (véase la pág. 14), dependiendo de la magnitud relativa del financiamiento concedido. Para efectuar giros por montos equivalentes a hasta un 25% de la cuota (primer "tramo de crédito"), los países deben demostrar que están haciendo esfuerzos razonables por superar sus dificultades de balanza de pagos. Los giros por montos superiores al 25% de la cuota (tramos "superiores de crédito") se efectúan en plazos escalonados a medida que el prestatario va cumpliendo los criterios de ejecución establecidos. Por lo general, estos giros están vinculados a acuerdos de derecho de giro o acuerdos ampliados. Acuerdos de derecho de giro. En el marco de los acuerdos de derecho de giro, que habitualmente abarcan un período de uno a dos años, aunque pueden ser trienales, los países aplican un programa diseñado en consulta con los técnicos del FMI para resolver problemas de balanza de pagos de carácter cíclico. El programa se centra en medidas macroeconómicas clave y, para recibir el financiamiento, el país debe cumplir los criterios de ejecución. Estos criterios, que permiten al país y al FMI evaluar el progreso logrado y detectar la necesidad de medidas correctivas adicionales, establecen generalmente topes al déficit presupuestario, el crédito y la deuda externa, así como metas de reservas. El país debe rembolsar estos recursos en un plazo de 3¼ a 5 años. Servicio ampliado. A través de este servicio, el FMI proporciona asistencia financiera a los países miembros por períodos más largos. Los acuerdos en virtud del servicio ampliado tienen por objeto atender dificultades de balanza de pagos atribuibles principalmente a problemas estructurales cuya superación requiere más tiempo. El país que solicita un acuerdo ampliado debe presentar una descripción de los objetivos y medidas de política para el período del acuerdo, que normalmente es de tres años pero puede prorrogarse por un cuarto año, así como una exposición anual pormenorizada de las medidas que aplicará en los 12 meses siguientes. El plazo de rembolso es de 4½ a 10 años.
Servicio de complementación de reservas (SCR). En diciembre de 1997, el Directorio Ejecutivo creó este servicio respondiendo a la demanda sin precedentes de recursos del FMI tras la crisis de Asia. Tiene por objeto asistir a los países miembros con dificultades excepcionales de balanza de pagos originadas por una necesidad de financiamiento a corto plazo de gran escala, como resultado de una pérdida súbita y perturbadora de la confianza de los mercados. Puede utilizarse cuando se prevea razonablemente que mediante la aplicación de medidas de ajuste enérgicas, y con el financiamiento adecuado, el país logrará corregir las dificultades de balanza de pagos en un breve período. El acceso no está sujeto a los límites ordinarios sino que se basa en las necesidades de financiamiento del país, su capacidad de rembolso, la solidez de su programa, el uso previo de recursos del FMI y la cooperación con la institución. El financiamiento en el marco de este servicio, que se otorga para complementar los recursos en virtud de acuerdos de derecho de giros y acuerdos ampliados, generalmente se desembolsa en dos o más giros, sujetos a la condicionalidad. Se espera que los países efectúen los rembolsos en un plazo de 1 año a 1½ años contados a partir de la fecha de cada giro. No obstante, el Directorio puede prorrogar el período de rembolso hasta un año. Los países tienen la obligación de rembolsar los recursos en un plazo de 2 años a 2½ años. Se aplica una sobretasa de interés para alentar a los países a rembolsar el crédito en forma anticipada. Líneas de crédito contingente (LCC). Se crearon en 1999 con el fin de proporcionar financiamiento a corto plazo a los países que aplican sólidas políticas económicas. Sólo pueden solicitar crédito en el marco de este servicio los países miembros que satisfagan los rigurosos criterios de habilitación. Constituyen una medida de carácter precautorio destinada únicamente a aquellos países vulnerables al contagio pero que no estén en crisis en el momento en que se comprometen los recursos. Por consiguiente, sólo se prevé el desembolso de recursos cuando se produzca una crisis como consecuencia del contagio. El plazo de rembolso y la tasa de cargos son los mismos que en el SCR. Hasta la fecha ningún país ha recibido asistencia en el marco de este servicio. Servicio de financiamiento compensatorio (SFC). Este servicio, antes denominado servicio de financiamiento compensatorio y para contingencias (SFCC), proporciona financiamiento oportuno a los países que experimenten una insuficiencia temporal de ingresos de exportación o un aumento excesivo del costo de la importación de cereales atribuible en gran medida a factores que escapan a su control.
Servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP). El 22 de noviembre de 1999, el servicio reforzado de ajuste estructural (SRAE) pasó a denominarse servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza. Se espera que los programas respaldados por el SCLP se basen en estrategias nacionales formuladas con la participación de la sociedad civil y las instituciones de desarrollo. Esta estrategia, que debe exponerse en un documento de estrategia de lucha contra la pobreza preparado por el país prestatario en cooperación con el Banco Mundial y el FMI, deberá describir los objetivos y las medidas macroeconómicas y estructurales del programa trienal para el que se otorgará respaldo en el marco del SCLP (véase la pág. 16).
Asistencia de emergencia. El FMI suministra asistencia de emergencia a los países miembros que confronten dificultades de financiamiento de la balanza de pagos debido a catástrofes naturales. La asistencia se proporciona a través de compras directas, que generalmente se limitan al 25% de la cuota, a condición de que el país esté cooperando con el FMI para dar solución a sus problemas. En la mayoría de los casos, tras otorgar la asistencia de emergencia, se ha establecido un acuerdo con el FMI en el marco de alguno de sus servicios financieros ordinarios. En 1995 se amplió la asistencia de emergencia para incluir a países que han atravesado disturbios civiles o conflictos armados internacionales y que no están en condiciones de aplicar un programa respaldado por el FMI debido a los daños causados a su capacidad institucional y administrativa. En abril de 1999, El Directorio convino en mejorar las condiciones de la asistencia financiera de emergencia a los países en etapa de posguerra y en otorgar asistencia adicional por un monto de hasta un 25% de la cuota a países que reuniesen ciertos requisitos. Asimismo, convino en que el FMI, al poner en práctica su estrategia ante las obligaciones financieras en mora, tendría en cuenta las dificultades especiales de los países en situación de posguerra con atrasos en los pagos. Financiamiento de emergencia. El Directorio puede aprobar rápidamente respaldo financiero en el marco de los servicios financieros ordinarios ante una crisis real o potencial de balanza de pagos que requiere una respuesta inmediata del FMI. Se estableció en septiembre de 1995, y se utilizó en 1997 para Filipinas, Tailandia, Indonesia y Corea, y en 1998 para Rusia.
En el ejercicio 2000, el FMI aprobó 11 acuerdos de derecho de giro y 4 acuerdos ampliados, comprometiéndose un volumen total de recursos de DEG 22.300 millones (unos US$29.000 millones). Los nuevos recursos comprometidos en el marco de acuerdos de derecho de giro, incluido el aumento de recursos del acuerdo actual a favor de Bosnia y Herzegovina y Cabo Verde, ascendieron a DEG 15.700 millones. Los países que recibieron el mayor volumen de recursos en virtud de estos acuerdos fueron Argentina (DEG 5.400 millones), México (DEG 3.100 millones), Rusia (DEG 3.300 millones) y Turquía (DEG 2.900 millones). Al 30 de abril de 2000, 16 países habían suscrito acuerdos de derecho de giro con el FMI, representando compromisos por un total DEG 45.600 millones y un saldo de recursos no utilizados de DEG 17.400 millones.
Se aprobaron cuatro nuevos acuerdos ampliados y un aumento de recursos en el marco del acuerdo en vigor a favor de Ucrania, con lo cual los compromisos totales ascendieron a DEG 6.600 millones. Los principales beneficiarios de acuerdos ampliados fueron Indonesia (DEG 3.600 millones) y Colombia (DEG 2.000 millones). Al 30 de abril de 2000, 11 países se habían beneficiado de acuerdos ampliados; el volumen total de recursos comprometidos ascendió a DEG 9.800 millones y un saldo no utilizado de DEG 8.200 millones. Asimismo, El FMI aprobó 10 acuerdos en el marco del SCLP por un monto total de DEG 600 millones (US$800 millones). Al 30 de abril de 2000, 31 países estaban aplicando programas de reforma respaldados por acuerdos al amparo del SCLP; los recursos totales comprometidos ascendían a DEG 3.500 millones y el saldo no utilizado a DEG 2.000 millones. Argelia y la ex República Yugoslava de Macedonia giraron DEG 237.300 millones en virtud del SFCC. El FMI también proporcionó asistencia de posguerra, por un total de DEG 19,1 millones a Guinea-Bissau y Sierra Leona, y asistencia financiera de emergencia a Turquía por DEG 361,5 millones. En el marco de la Iniciativa para los PPME (véase la pág. 18), los Directorios Ejecutivos del Banco Mundial y el FMI deciden suministrar asistencia financiera a países habilitados para recibir alivio de la deuda. Al final del ejercicio 2000, el FMI había comprometido DEG 467 millones (unos US$615 millones) a nueve de estos países, y cinco habían recibido donaciones por un monto total de DEG 213 millones (unos US$280 millones). Las donaciones serán utilizadas para reducir los pagos del servicio de la deuda frente al FMI.
Cuando el FMI proporciona respaldo financiero a los países miembros, debe tener la certeza de que estos países aplicarán una política económica que permita reducir o eliminar el problema de sus pagos externos. El compromiso explícito de los países miembros de adoptar una serie de medidas de política específicas de carácter correctivo a cambio del respaldo financiero del FMI, se conoce como "condicionalidad". Este compromiso garantiza también que los países miembros podrán rembolsar dichos recursos oportunamente, lo que a su vez permitirá a la institución poner sus recursos limitados a disposición de otros países miembros con problemas de balanza de pagos. El financiamiento que otorga el FMI y el importante papel que desempeña dicho financiamiento en la obtención de otros recursos permiten al país en cuestión realizar un ajuste ordenado sin tener que recurrir a medidas perniciosas para su propia prosperidad o la de otros países. Los requisitos en materia de condicionalidad pueden variar desde un compromiso de carácter general de cooperar con el FMI en la adopción de medidas de política hasta la formulación de un plan específico y cuantificado con respecto a la política financiera. El financiamiento proveniente de los recursos generales del FMI en los tramos superiores de crédito (es decir, en los que se proporcionan mayores cantidades a condición de que se apliquen medidas correctivas) se desembolsa por etapas. El FMI exige la presentación de una "carta de intención" en la que se describan la política que tienen previsto aplicar las autoridades durante el período del programa; los cambios de política económica que habrán de efectuarse para que se pueda aprobar el acuerdo; los criterios de ejecución, es decir, indicadores objetivos con respecto a determinadas políticas, que deben cumplirse trimestral o semestralmente, y en algunos casos mensualmente, para que el país pueda girar recursos de la institución, y la realización de exámenes periódicos para que el Directorio Ejecutivo pueda evaluar la coherencia de las medidas de política con los objetivos del programa.
El Directorio ha establecido directrices en las que:
El FMI es consciente de que no existe un único modelo de reforma que convenga a todos los países miembros. Por lo tanto, cada país miembro elabora, en estrecha colaboración con el personal del FMI, el programa que respaldará el FMI. El proceso comprende un examen global de la economía del país miembro, incluidas las causas y la naturaleza de sus problemas de balanza de pagos, y un análisis de las medidas necesarias para lograr un equilibrio estable entre la demanda y la disponibilidad de recursos. En los programas respaldados por el FMI se hace hincapié en determinadas variables económicas fundamentales, entre ellas el crédito interno, el déficit del sector público, las reservas internacionales y la deuda externa. También se destacan ciertos elementos básicos del sistema de precios —entre ellos el tipo de cambio, las tasas de interés y, en algunos casos, los salarios y los precios de los productos básicos— que repercuten significativamente en las finanzas públicas y el comercio exterior del país, y la reacción de la economía por el lado de la oferta. Aunque las políticas macroeconómicas que tienen por objeto influir en la demanda agregada siguen cumpliendo una función clave en los programas de ajuste respaldados por el FMI, es un hecho reconocido que las medidas destinadas a reforzar la economía por el lado de la oferta son a menudo esenciales para recobrar en forma sostenida la viabilidad externa y un crecimiento económico sólido. Los programas de ajuste respaldados por el FMI que aplican los países miembros para aumentar el potencial de crecimiento y la flexibilidad de sus economías incluyen medidas encaminadas a:
Las reformas estructurales realizadas en estos ámbitos han sido especialmente importantes en los programas respaldados en el marco del servicio ampliado y del servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP). Dado el hincapié que se hace en las reformas estructurales en los programas respaldados por el FMI, la estrecha colaboración con el Banco Mundial ha sido un factor importante. En el marco de un acuerdo de derecho de giro, del servicio ampliado o del SCLP, el FMI supervisa el programa de reforma del país con base en referentes seleccionados en función de la estructura económica e institucional del país, la disponibilidad de datos y la conveniencia de centrarse en variables macroeconómicas amplias, entre otras consideraciones. El desempeño también se evalúa mediante exámenes periódicos del Directorio.
Uno de los elementos centrales del cometido del FMI es contribuir al fomento y mantenimiento de altos niveles de empleo e ingreso real en los países miembros. Con este fin, el FMI promueve la adopción de sólidas políticas macroeconómicas, reformas estructurales que estimulen el crecimiento y una política social acertada, todas condiciones que propician el desarrollo humano. Con los años, el FMI ha ido reconociendo cada vez más que debe tener en cuenta las repercusiones sociales del asesoramiento que brinda, ya que éstas influyen en el respaldo popular de los programas de reforma y, en última instancia, en los resultados que obtienen. Concretamente, se asigna creciente importancia a la forma en que las estrategias para hacer frente a los problemas sociales se integran —mediante la inclusión de redes de protección y el establecimiento de prioridades del gasto público— en los programas respaldados por la institución. A fines de 1999, el FMI reemplazó su mecanismo de crédito concesionario, el servicio reforzado de ajuste estructural (SRAE), por el nuevo servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP), a fin de incorporar en forma más explícita el objetivo central de reducir la pobreza de los países de bajo ingreso en una estrategia económica renovada orientada al crecimiento económico. En el marco del SCLP, los países miembros elaboran, con la amplia participación de la sociedad, estrategias que se plasman en documentos de estrategia de lucha contra la pobreza, los cuales sirven de base para los programas respaldados por este servicio.
El ajuste fiscal es un componente básico de los programas de reforma que respalda el FMI y el asesoramiento en materia de política económica. El gasto público refleja las prioridades sociales y puede reasignarse para satisfacer en forma más específica las necesidades de los pobres. En esta tarea, el FMI colabora intensamente con otras instituciones como el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. Recurriendo a los conocimientos especializados de estas entidades, el FMI puede velar por que acepten y se financien programas sociales y sectoriales de reducción de la pobreza. Asimismo, este asesoramiento ayuda al FMI a identificar los rubros clave del gasto público que deben mantenerse, o incluso incrementarse de ser necesario, y los gastos improductivos, incluido el gasto militar excesivo, que pueden reducirse para así liberar recursos para la atención básica de la salud y la educación primaria. El gasto social aumentó, en promedio, en 61 países que recientemente redujeron el gasto militar. Entre 1993 y 1997, el gasto militar bajó 0,4 puntos porcentuales del PIB, en tanto que el gasto en salud y educación se incrementó 0,2 puntos porcentuales. En muchas regiones sigue siendo necesario recortar el gasto ineficiente e improductivo. Mediante sus exámenes de política y la asistencia técnica, el FMI procura dar más transparencia a la toma de decisiones de las autoridades y la capacidad de los países para vigilar la evolución del sector social, reconociendo el vínculo entre el crecimiento económico y el nivel y la eficiencia del gasto en salud y educación. Cabe mencionar que 32 países de bajo ingreso que recibieron respaldo del FMI entre 1985 y 1998 lograron incrementar el gasto público social y mejorar sus indicadores sociales. En promedio, salvando las diferencias entre los países, el gasto real per cápita aumentó 4,3% y 4,2% por año en educación y en salud, respectivamente. En cada uno de esos años se redujo el analfabetismo 2,2%, aumentó el coeficiente de matrícula en escuelas primarias 1%, disminuyó la mortalidad infantil 1,5% y aumentó la esperanza de vida 0,2%. Paralelamente, el acceso a servicios de salud y al agua potable se incrementaron, respectivamente, 11,2% y 4,2%.
A corto plazo, algunas de las medidas necesarias para fomentar la estabilidad económica pueden perjudicar a los grupos más vulnerables de la sociedad. Dado que las modificaciones de política no afectan a todos los grupos de la misma forma, es probable que las reformas repercutan en la distribución del ingreso. Por ejemplo, en zonas urbanas, las devaluaciones cambiarias pueden tener un efecto negativo sobre los pobres que consumen cereales importados, en tanto que pueden favorecer a agricultores de bajo ingreso que producen cultivos de exportación en zonas rurales. Por esta razón, en el asesoramiento que brinda el FMI y en los programas que respalda, se incorporan, cada vez más, redes de protección social eficaces para atenuar los efectos de la reforma sobre los pobres. Durante el período 1994-98, aproximadamente las tres cuartas partes de los países que aplicaron programas en el marco del SRAE (actualmente el SCLP) incluyeron redes de protección social en su programa económico. Estas redes pueden ser subvenciones o pagos en efectivo a grupos determinados; mejoras en la distribución de productos básicos esenciales como medicinas; controles de precios temporales de productos básicos esenciales; indemnización y reconversión laboral para empleados públicos despedidos, y creación de empleo mediante programas de obras públicas.
En septiembre de 1999 el FMI inició un proceso encaminado a hacer gravitar en mayor medida los objetivos de la reducción de la pobreza y el crecimiento económico en las operaciones de sus 80 países miembros más pobres. Ello dio lugar, en noviembre de 1999, a la sustitución del servicio reforzado de ajuste estructural (SRAE) por el servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP). Este último funciona paralelamente con el programa de alivio de la pobreza —la Iniciativa para los países pobres muy endeudados (PPME)— del FMI y del Banco Mundial.
El atributo principal del nuevo enfoque consiste en la participación activa de los países en la estrategia de lucha contra la pobreza. Los países prestatarios elaboran documentos en un proceso en que toman parte activa la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, donantes e instituciones internacionales. Se espera que esos documentos susciten nuevas ideas relacionadas con estrategias y con las medidas necesarias para alcanzar objetivos compartidos y suscitar la identificación de los países con los mismos y la determinación de alcanzarlos. El FMI y el Banco Mundial colaborarán con ese proceso, y se espera que otros donantes multilaterales y bilaterales también suministren asesoramiento y experiencia técnica. No obstante, para ser eficaces, la estrategia y las políticas deben ser el fruto de debates nacionales en que se escuche, en especial, la opinión de los pobres.
Las deliberaciones referentes al marco macroeconómico serán a la vez continuas y más abiertas. Los objetivos macroeconómicos clave —incluidas las metas de crecimiento económico e inflación— y la orientación de la política fiscal, monetaria y de balanza de pagos, así como los programas estructurales destinados a acelerar el crecimiento económico, son objeto de consultas públicas. En el curso de ese proceso se procura identificar y establecer el orden de prelación de programas sociales y sectoriales clave y reformas estructurales encaminadas a la reducción de la pobreza y al crecimiento económico, así como determinar sus repercusiones presupuestarias. Las autoridades deberán tener en cuenta los efectos de las reformas sobre la demanda interna, la capacidad del país de aplicar las reformas y la necesidad de mantener adecuadas reservas internacionales, y tener la certeza de que podrán financiar programas de gasto público sin promover inflación a largo plazo. Uno de los aspectos principales de los programas respaldados por el SCLP consiste en mejorar la gestión de los recursos públicos y una mayor responsabilidad gubernamental en materia de gestión fiscal. Ochenta países miembros de bajo ingreso cumplen los requisitos relativos a su renta per cápita que los habilitan para obtener asistencia en el marco del SCLP. Los países habilitados pueden obtener crédito por un máximo del 140% de su cuota en el FMI en el marco de un programa trienal, aunque ese límite puede incrementarse en circunstancias excepcionales, y llegar al 185% de la cuota. Los montos máximos no constituyen una asignación especial, y el monto del préstamo dependerá de la necesidad de financiamiento de la balanza de pagos del país, de su programa de reforma, del crédito del FMI utilizado pendiente de rembolso y de sus antecedentes en materia de utilización de recursos del FMI. A los préstamos enmarcados en el SCLP se les aplica un interés anual del 0,5%; los rembolsos se efectúan semestralmente una vez transcurridos 5½ años y finalizan diez años después del desembolso.
El cuerpo técnico del FMI y el del Banco Mundial colaboran mutuamente, centrando sus actividades en sus ámbitos de experiencia técnica tradicionales. Los técnicos del FMI orientan el asesoramiento en materia de política macroeconómica; reformas estructurales en ámbitos conexos, como los de política cambiaria y tributaria y mejoramiento de la gestión fiscal; ejecución del presupuesto, transparencia fiscal, y administración tributaria y aduanera. Los técnicos del Banco asesoran a las autoridades en cuanto al diseño de estrategias de reducción de la pobreza; problemas estructurales y sectoriales; cuestiones sociales, y análisis del gasto prioritario en reducción de la pobreza destinado a alcanzar resultados especiales. Las dos instituciones comparten otros ámbitos de atribuciones, incluidos los referentes al establecimiento de un entorno que favorezca el crecimiento del sector privado, la política de comercio exterior, el desarrollo del sector financiero, la calidad de la gestión pública y la transparencia.
El otorgamiento de crédito concesionario en el contexto del actual SCLP se realiza a través de la Cuenta Fiduciaria del SCLP, que recibe préstamos a tasas de interés vinculadas al mercado otorgados por bancos centrales, gobiernos e instituciones gubernamentales y a su vez los presta a entidades habilitadas para recibir financiamiento. La Cuenta Fiduciaria recibe aportes que se utilizan para subsidiar la tasa de interés de los préstamos del SCLP y además mantiene una Cuenta de Reservas (que se utiliza para dotar de garantías a los títulos de crédito contra la Cuenta Fiduciaria). Los debates referentes al financiamiento de la Iniciativa para los PPME y del SCLP condujeron en septiembre de 1999 a un acuerdo que permitiría al FMI realizar aportes a la Iniciativa para los PPME y seguir otorgando crédito concesionario destinado a respaldar la reducción de la pobreza y el crecimiento sostenible de sus países miembros de bajo ingreso. Se estima en US$3.500 millones el costo agregado que recaía sobre el Fondo al fin de 1998, expresado en valor actualizado neto, correspondiendo a la Iniciativa para los PPME dos tercios del total de las necesidades de financiamiento. El paquete comprende aportes de diversos países miembros y del propio FMI al Fondo Fiduciario SCLP-PPME, que administrará las operaciones enmarcadas en las dos iniciativas. El 8 de diciembre de 1999, el Directorio Ejecutivo del FMI adoptó las decisiones que permitieron a la institución iniciar sus aportes al Fondo Fiduciario SCLP-PPME, incluida la decisión de realizar transacciones en oro al margen del mercado. El FMI ha llevado a cabo seis transacciones de ese género, por un total de 12,2 millones de onzas de oro. Se utilizarán los ingresos de la inversión provenientes de las ganancias generadas por esas transacciones para otorgar alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME. Por otra parte el FMI ha comenzado a recibir aportes bilaterales para el Fondo Fiduciario SCLP-PPME y espera recibir considerables aportes más.
En el ejercicio 2000 el Directorio Ejecutivo aprobó diez nuevos acuerdos del SCLP; el monto agregado de los compromisos a favor de Burkina Faso, Camboya, Chad, Djibouti, Ghana, Malí, Mauritania, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Tanzanía asciende a DEG 600 millones. Por otra parte decidió incrementar en DEG 44 millones el monto de los acuerdos correspondientes a Albania, Georgia y Mozambique. Al 30 de abril de 2000 los programas de reforma de 31 países miembros contaban con el apoyo de acuerdos enmarcados en el SCLP; el total de los compromisos del FMI ascendía a DEG 3.500 millones y los saldos no girados eran de DEG 2.000 millones. El total de los desembolsos del SCLP ascendió a DEG 500 millones en el ejercicio, en comparación con DEG 800 millones en el ejercicio anterior.
Por medio del asesoramiento en materia de política económica y el respaldo financiero que brinda, el FMI ha desempeñado una función central para ayudar a los países a hacer frente al problema de la deuda externa. El objetivo final del FMI es garantizar que los países deudores alcancen un crecimiento sostenible y la viabilidad de la balanza de pagos, y establezcan relaciones normales con sus acreedores, incluido el acceso a los mercados financieros internacionales. Aunque los instrumentos que utiliza han ido evolucionando, la estrategia del FMI con respecto a deuda sigue basándose en:
Los países miembros que solicitan reprogramaciones de su deuda bilateral oficial acuden normalmente al Club de París, foro informal donde los países deudores y sus acreedores negocian acuerdos de reestructuración de los atrasos de pagos y vencimientos actuales del servicio de la deuda que caen en el período de consolidación (generalmente el período del acuerdo con el FMI), con plazos de rembolso a muchos años. Para garantizar que el alivio contribuya a restablecer la viabilidad de balanza de pagos y alcanzar un crecimiento económico sostenible, el Club de París vincula el alivio de la deuda a la formulación de un programa económico respaldado por el FMI. Además, al determinar la cobertura y las condiciones de los acuerdos de reprogramación, los acreedores del Club de París se basan en el análisis y la evaluación del FMI de la situación de balanza de pagos y de la deuda de los países. De los 30 países de ingreso medio que han reprogramado su deuda frente a acreedores del Club de París en las dos últimas décadas, 24 se han "graduado" de este proceso, y se espera que otros puedan hacer lo mismo al final del período de consolidación. El hecho de que se haya encontrado una solución definitiva para estos países refleja avances significativos en la estabilización macroeconómica y la reforma estructural, los cuales les permitieron mejorar el acceso al financiamiento externo privado. En cambio, menos de un cuarto de los 37 países de bajo ingreso que reprogramaron su deuda han concluido con éxito el proceso, en parte debido a la magnitud de la carga de la deuda que soportan y el ritmo desigual de la estabilización macroeconómica y la reforma estructural. Incluso en esos casos, y a la luz de la iniciativa reforzada para los países pobres muy endeudados (PPME) (véase la pág. 18), el Club de París ha ofrecido revisar la situación de aquellos países que puedan requerir un mayor alivio de la deuda. Desde diciembre de 1994, el Club de París ha aprobado acuerdos de reprogramación a favor de países de bajo ingreso en las condiciones concesionarias de Nápoles, las cuales permitan una reducción de hasta un 67% del valor neto actualizado de la deuda reprogramable (véase el recuadro en la pág. 19). Asimismo, los acreedores han aprobado reprogramaciones definitivas del saldo de la deuda reprogramable, en las condiciones de Nápoles, a países de bajo ingreso que demuestran un sólido historial. En septiembre de 1997 se suscribió un acuerdo sobre la participación de Rusia como acreedor en las reprogramaciones que otorga el Club de París. Conforme al acuerdo, los títulos de crédito de Rusia están sujetos a un descuento inicial para que sean comparables a la deuda contraída frente a los demás acreedores. Este acuerdo ya ha facilitado la normalización de las obligaciones de los países en desarrollo frente a Rusia, así como la implementación de la Iniciativa para los PPME en el caso de países con una deuda elevada frente a Rusia.
El FMI y el Banco Mundial elaboraron conjuntamente un programa de acción —la Iniciativa para los PPME— a fin de resolver los problemas de la deuda de los países pobres que aplican políticas acertadas, pero para los cuales los mecanismos tradicionales no son suficientes para reducir la deuda externa a niveles sostenibles. En estos países, la carga de deuda externa compromete el ajuste y crecimiento económicos. La Iniciativa para los PPME, adoptada en septiembre de 1996, proporciona asistencia excepcional para que los países reduzcan su deuda externa a niveles que les permita atender al servicio de sus obligaciones con sus ingresos de exportación, asistencia financiera y entradas de capital. Se prevé que esta asistencia excepcional, que reduce el valor neto actualizado de todas las obligaciones del país deudor, creará incentivos para la inversión y ampliará el respaldo interno a las reformas de política. La Iniciativa para los PPME es una estrategia global, integrada y coordinada que exige la participación de todos los acreedores. Un elemento fundamental de la Iniciativa es el empeño permanente del país deudor en favor del ajuste macroeconómico y las reformas estructurales y de política social. La Iniciativa también procura asegurar el financiamiento adicional para los programas del sector social, sobre todo salud y educación. En el ejercicio 2000, se reforzó la Iniciativa de modo que los países habilitados puedan obtener un alivio más profundo, amplio y rápido, y puedan afianzarse los vínculos entre el alivio de la deuda, la reducción de la pobreza y la política social. Para poder recibir asistencia especial en el marco de Iniciativa para los PPME, el país debe reunir ciertas condiciones. Debe tener derecho a recibir asistencia al amparo del servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP) y recursos de la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial. Debe además registrar un nivel de deuda insostenible, tras haber agotado los mecanismos actuales de alivio de la deuda, y demostrar una trayectoria satisfactoria en materia de ajuste y reforma mediante programas respaldados por el FMI y el Banco Mundial, para garantizar el uso eficiente del alivio de la deuda.
Los Directorios Ejecutivos del Banco Mundial y el FMI decidieron otorgar alivio de la deuda a nueve países: Bolivia, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guyana, Malí, Mauritania, Mozambique, Tanzanía y Uganda. Al 31 de mayo de 2000, el FMI había comprometido a estos países DEG 467 millones (unos US$634 millones), y cinco de ellos —Bolivia, Guyana, Mozambique, Tanzanía y Uganda— habían recibido asistencia en forma de donaciones del FMI por un valor de DEG 213 millones (unos US$280 millones). Bolivia fue el primer país latinoamericano declarado habilitado para recibir alivio de la deuda en el marco de la iniciativa reforzada para los PPME. En valores netos actualizados, el alivio ascenderá a US$854 millones, que se suman a los US$448 millones comprometidos en virtud de la Iniciativa original. En la última década, el desempeño macroeconómico de Bolivia ha mejorado espectacularmente: en 1999, la inflación se redujo a un 3,1%, frente a la hiperinflación de 1985; las reservas internacionales oficiales y la inversión extranjera directa aumentaron significativamente, y si bien la deuda externa sigue siendo elevada, bajó considerablemente. En los años noventa, la tasa de crecimiento económico real aumentó en promedio un 4%, frente al estancamiento de los años ochenta, aunque el producto sigue siendo inferior al potencial y alrededor de 70% de la población del país vive sumida en la pobreza. En mayo de 1999, Guyana recibió alivio de la deuda por US$410 millones (US$256 millones en valores netos actualizados), y actualmente están estudiándose las modalidades de un programa para 2000 que sería respaldado por la iniciativa reforzada. En la década pasada Guyana corrigió muchos de sus desequilibrios financieros a la vez que aplicó políticas de mercado para incrementar la eficiencia. Las autoridades siguen comprometidas con la lucha contra la pobreza y el logro de un crecimiento sostenible a mediano plazo, y actualmente están examinando con el FMI un nuevo programa económico a mediano plazo que podría ser respaldado en el marco del SCLP. En febrero de 2000, Mauritania quedó habilitado para recibir alivio de la deuda por US$1.200 millones (US$622 millones en valores netos actualizados) en virtud de su sólido historial de ajuste fiscal y reforma estructural. En consecuencia, el PIB aumentó casi 5% en 1992 y los indicadores sociales mejoraron significativamente. En abril de 2000, Mozambique y Tanzanía, países que han logrado grandes avances en las reformas económicas, recibieron alivio la deuda en el marco de la iniciativa reforzada (US$254 millones y US$2.000 millones, respectivamente, en valores netos actualizados). En los últimos cuatro años, la tasa anual media de inflación de Mozambique se redujo a de 47% a 2% y el PIB real creció casi 10%. Durante este mismo período, la inflación de Tanzanía, que durante muchos años fue superior a 20%, se redujo a menos de 7%, y las autoridades están rembolsando la deuda interna tras haber alcanzado niveles de endeudamiento de más de 3% del PIB anual. En 1996-97, 68% de la población de Mozambique seguía sumida en la pobreza, aunque los indicadores sociales mejoraron sustancialmente en los años noventa. La pobreza sigue siendo generalizada en Tanzanía. En febrero de 2000, Uganda reunió los requisitos para obtener un mayor alivio de la deuda en el marco de la iniciativa reforzada (US$656 millones, en valores netos actualizados), con lo cual se reconoce la eficacia de la estrategia de reducción de la pobreza aplicada hasta ahora, la participación de la sociedad civil en la formulación de dicha estrategia, la aplicación de los recursos de alivio de deuda a programas de reducción de la pobreza, y el firme compromiso de las autoridades con la estabilidad macroeconómica. Si bien Uganda es uno de los países más pobres del mundo, en 1996/97 la pobreza se redujo a 44%, frente a 56% en 1992/93, y los indicadores sociales, sobre todo los relativos a la educación primaria, mejoraron sensiblemente. En mayo de 2000, Uganda fue el primer país que llegó al "punto de culminación" en el marco de la iniciativa reforzada. En el sitio del FMI en Internet (www.imf.org) se presenta un análisis detallado de la Iniciativa para los PPME, y del proceso de examen de dicha iniciativa.
El FMI proporciona asistencia técnica en los ámbitos que forman parte de su cometido básico, a saber, política macroeconómica, políticas y regímenes cambiarios y monetarios, política y gestión fiscales, deuda externa y estadísticas macroeconómicas. La institución empezó a ofrecer asistencia técnica a los países miembros en 1964 en respuesta a las solicitudes de varios países africanos y asiáticos recientemente independizados deseosos de crear bancos centrales y ministerios de hacienda. Las actividades de asistencia técnica se ampliaron rápidamente y para mediados de los años ochenta, el número de funcionarios que cumplían funciones en esta área se había casi duplicado. En los años noventa, muchos países —de Europa oriental y los que formaban parte de la antigua Unión Soviética— iniciaron la transición de economías centralizadas a economías de mercado, y acudieron al FMI para recibir asistencia técnica. Además, el FMI ha adoptado recientemente medidas para asesorar a países que han tenido que reconstruir sus instituciones públicas como consecuencia de graves disturbios civiles, por ejemplo, en Angola, Camboya, Haití, Líbano, Namibia, Rwanda y Yemen. El volumen de asistencia técnica que brinda el FMI ha pasado de casi 70 años-persona en 1970 a alrededor de 300 años-persona en 1999, cifra que representa un 15% del total del gasto administrativo de la institución.
La asistencia técnica del FMI abarca:
La asistencia técnica se ofrece mediante misiones y contratos a corto y largo plazo de expertos que proporcionan asesoramiento y respaldo práctico en las instituciones de los países miembros. Además, el FMI capacita a funcionarios mediante cursos que se imparten en la sede de Washington, el Instituto Multilateral de Viena, el Instituto Regional de Capacitación en Singapur, el Instituto Multilateral Africano y otros centros regionales y subregionales. Varios departamentos del FMI brindan asistencia, a saber: El Departamento de Asuntos Monetarios y Cambiarios centra sus labores en aspectos relacionados con la banca central y los regímenes cambiarios, y en el diseño y perfeccionamiento de los instrumentos de política monetaria. La asistencia que brinda abarca la reglamentación, supervisión y reestructuración bancarias; la gestión y las operaciones cambiarias; la organización, gestión y contabilidad de los bancos centrales; los sistemas de compensación y liquidación de pagos; las operaciones monetarias y la evolución del mercado monetario, y la investigación y el análisis monetarios. El Departamento de Finanzas Públicas ofrece asesoramiento con respecto a la recaudación del ingreso fiscal, y la administración tributaria y aduanera; la gestión del gasto público, incluidas la preparación y ejecución del presupuesto y las operaciones de tesorería, así como aspectos relacionados con la reforma de los sistemas de jubilación y las redes de protección social. El Departamento de Estadística ayuda a los países miembros a cumplir las normas de aceptación internacional sobre declaración de datos. El acuerdo sobre las Normas Especiales para la Divulgación de Datos ya ha incrementado la demanda de asistencia técnica, que abarca las estadísticas monetarias, de balanza de pagos, del sector real y de las finanzas públicas. El Instituto del FMI ofrece capacitación a los funcionarios en la sede de la institución, en sus centros regionales y por medio cursos que se dictan en los países. Los cursos y los seminarios abarcan una amplia gama de temas, como programación y política financieras, análisis financiero, finanzas públicas, políticas del sector externo, estadísticas, supervisión bancaria y operaciones cambiarias. Asimismo, el Instituto administra los programas de becas para economistas de Asia, financiados por Japón y Australia en esos países y en universidades de Estados Unidos y Canadá. El Departamento Jurídico ayuda a los países a preparar proyectos de ley y asesorar a los principales abogados del Estado con respecto a las leyes que rigen la banca central, la banca comercial, las operaciones cambiarias y las finanzas públicas. El Departamento de Elaboración y Examen de Políticas ofrece asesoramiento en materia de política y gestión de la deuda, y diseño y ejecución de reformas de la política comercial. El Departamento de Tesorería brinda asistencia técnica en la organización y las operaciones financieras del FMI, la creación y el mantenimiento de las cuentas en el FMI, la contabilidad de las transacciones de los países miembros y de la posición en el FMI, y otros aspectos relativos a las transacciones de los países miembros con la institución. La Dirección de Servicios de Tecnología de la Información ayuda a los países miembros a aprovechar la tecnología moderna para mejorar y perfeccionar los sistemas informáticos de los bancos centrales, los ministerios de hacienda y las oficinas estadísticas.
En los últimos años se ha ampliado el alcance y la complejidad de los proyectos de asistencia técnica y, en consecuencia, se ha recurrido a múltiples fuentes de financiamiento para respaldar estas actividades. Actualmente es común que en los grandes proyectos participen varios departamentos del FMI y entidades de desarrollo. El FMI colabora con donantes como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los gobiernos de Australia, Dinamarca, Japón y Suiza, el Banco Mundial y la Unión Europea. Actualmente, estas entidades financian casi un tercio de la asistencia técnica del FMI y sufragan aproximadamente la mitad del costo de expertos a corto y mediano plazo en el terreno. El Gobierno de Japón también proporciona anualmente un generoso volumen de recursos a los programas de asistencia técnica del FMI y el programa de becas. A medida que aumente la demanda de asistencia técnica en materia de gestión macroeconómica y financiera, estos mecanismos pasarán a ser incluso más valiosos. Para hacer frente a la demanda cada vez mayor de asistencia técnica, el FMI debe establecer prioridades claras para que los recursos se asignen a los países miembros y las regiones de la forma más eficiente posible. Los departamentos regionales del FMI desempeñan una función destacada en la identificación de las necesidades de asistencia técnica de los países, y en este proceso, el Comité de Asistencia Técnica, integrado por técnicos de alto nivel de varios departamentos del FMI, también brinda asesoramiento. Se han identificado una serie de condiciones consideradas esenciales para la exitosa implementación de la asistencia técnica: 1) el compromiso de las autoridades de emprender reformas institucionales y de política; 2) un entorno macroeconómico estable e integrado y 3) una estructura administrativa adecuada y personal nacional con las calificaciones apropiadas.
Se ha comprobado que una adecuada gestión pública influye directamente sobre la eficiencia y el crecimiento económicos. Aunque tradicionalmente el FMI ha procurado, ante todo, que los países corrijan sus desequilibrios económicos, reduzcan la inflación y apliquen reformas de mercado, la institución ha llegado a la convicción, cada vez más firme, de que los países deben adoptar reformas institucionales mucho más amplias para inspirar y mantener confianza en el sector privado y sentar las bases de un crecimiento económico duradero. Desde hace largo tiempo el FMI proporciona asesoramiento y asistencia técnica a sus países miembros para promover el buen gobierno. En primer lugar, en el contexto del asesoramiento de política económica que les otorga, los ayuda a crear sistemas que reducen la posibilidad de adopción de decisiones ad hoc, el afán de lucro ilegítimo, y un impropio tratamiento privilegiado de personas y entidades. A esos efectos procura que sus países miembros eliminen la asignación directa del crédito y liberalicen sus sistemas cambiarios, comerciales y de precios. En segundo lugar, los capacita para diseñar y aplicar programas económicos, crear instituciones eficaces encargadas de la adopción de la política económica y mejorar la contabilidad del sector público. Tercero, promueve la liberalización de las transacciones financieras en los presupuestos del gobierno, del banco central y de las restantes instituciones públicas. También ayuda a sus países miembros a mejorar sus sistemas de contabilidad, auditoría y estadística. En la reunión que celebró en Washington en septiembre de 1996, el Comité Provisional (actualmente Comité Monetario y Financiero Internacional) adoptó una declaración en la que se establecía la conveniencia de: "Fomentar el buen gobierno en todos sus aspectos, garantizando el imperio de la ley, velando por que el sector público sea más eficiente y rinda cuenta de sus acciones, y luchando contra la corrupción". En julio de 1997 el Directorio Ejecutivo adoptó una nota de orientación sobre el papel del FMI en las cuestiones referentes a una adecuada gestión pública (véase el sitio del FMI en Internet: www.imf.org). El FMI examinaría con mayor detenimiento las cuestiones referentes a una adecuada gestión, en especial a través de:
Al considerar si corresponde que el FMI tome parte en la resolución de un problema de gestión pública, los técnicos de la institución deben establecer si una gestión inadecuada ha de afectar los resultados macroeconómicos de un país a corto y mediano plazo, así como la capacidad del gobierno de aplicar medidas encaminadas a lograr una balanza de pagos viable y un crecimiento económico duradero. Una gestión pública insatisfactoria puede dar lugar a la suspensión o postergación de la asistencia financiera del FMI. No obstante, la institución debe tratar de establecer si el país miembro está en condiciones de elaborar y aplicar programas apropiados. El principal aporte del FMI al mejoramiento de la gestión en todos los países —reciban o no respaldo financiero del Fondo— seguirá consistiendo en apoyar reformas de política económica que eliminen oportunidades de enriquecerse desde el poder, así como esfuerzos sostenidos para reforzar las instituciones y dotar de mayor capacidad de administración a los países miembros. Revisten suma importancia los diversos planes encaminados a promover una mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos, cuestión a la que se hace referencia en otra parte de este suplemento (véase la pág. 8).
Las suscripciones de las cuotas de sus países miembros son la principal fuente de recursos financieros para el FMI. Algunos países miembros se han comprometido, sin embargo, a otorgar al FMI crédito suplementario si los recursos de la institución se reducen a un nivel insuficiente para atender la demanda potencial. Existen dos fuentes de financiamiento suplementario: los Acuerdos Generales para la Obtención de Préstamos (AGP), creados en 1962, y los Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos (NAP), creados en 1998.
En el marco de los AGP, el FMI, en determinadas circunstancias, está facultado para recibir en préstamo de 11 países industriales o de sus bancos centrales determinadas sumas en monedas de esos países, a tasas de interés vinculadas con el mercado. El monto máximo del crédito puesto a disposición del FMI asciende a DEG 17.000 millones (alrededor de US$24.000 millones), a lo que se agregan DEG 1.500 millones (alrededor de US$2.000 millones) enmarcados en un acuerdo paralelo con Arabia Saudita. Los países e instituciones financieras que participan en los AGP son Bélgica, Canadá, el Banco de Suecia, el Banco Federal Alemán, el Banco Nacional de Suiza, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, los Países Bajos y el Reino Unido. Los AGP han sido activados en diez oportunidades; la más reciente en julio de 1998, para financiar el incremento del acuerdo ampliado celebrado con Rusia por un monto de DEG 6.300 millones (unos US$8.400 millones). De esa suma Rusia sólo efectuó giros por alrededor de DEG 1.400 millones (unos US$1.900 millones). Conforme a lo acordado con los participantes de los AGP, el FMI rembolsó el préstamo en marzo de 1999 tras el incremento de las cuotas dispuesto en la undécima revisión general. En noviembre de 1997 tuvo lugar la más reciente renovación de los AGP. Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos La crisis financiera mexicana de diciembre de 1994 puso claramente de manifiesto la potencial necesidad de un volumen de recursos considerablemente mayor para atender futuras crisis financieras. En una reunión del G-7, en junio de 1995, los participantes recomendaron al Grupo de los Diez y a otros países en sólida situación financiera la elaboración de acuerdos de financiamiento que pusieran a disposición del FMI el doble de las sumas disponibles en el marco de los AGP. Esto llevó a la aprobación, en enero de 1997, de los Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos (NAP) celebrados por el FMI con 25 países e instituciones. Los participantes comprometen sumas basadas principalmente en su solvencia económica relativa, medida por sus cuotas en el FMI. Aunque los NAP no sustituyen a los acuerdos existentes (los AGP siguen vigentes) se trata, para el FMI, de la primera y principal fuente de recursos suplementarios. En el marco de los AGP y de los NAP combinados, el FMI tiene a su disposición DEG 34.000 millones (alrededor de US$46.000 millones), o sea el doble de la suma disponible en el marco de los AGP. Los NAP fueron activados en diciembre de 1998, cuando el FMI obtuvo préstamos por un monto de DEG 9.100 millones (alrededor de US$12.700 millones) para financiar un acuerdo ampliado para Brasil. De esa suma se giró por valor de DEG 2.900 millones (US$4.100 millones).
Los recursos del FMI aumentaron considerablemente durante el ejercicio 2000. La demanda fue inferior a los elevados niveles registrados durante el ejercicio 1999 gracias al mejoramiento de las condiciones económicas y financieras y a que los inversionistas recuperaron la confianza en muchas de las economías emergentes. Algunos de los países miembros con grandes préstamos del FMI pendientes de reembolso —Brasil, México, Corea y Rusia— superaron, en distintos grados, las crisis financieras y reembolsaron DEG 19.600 millones en el ejercicio 2000. El total de giros (compras) de la Cuenta de Recursos Generales durante el ejercicio, excluidos los giros en el tramo de reserva, ascendieron a DEG 6.300 millones, frente a DEG 21.400 millones en el ejercicio anterior. Los principales prestatarios durante el ejercicio 2000 fueron México y Brasil —que giraron DEG 1.900 millones y DEG 800 millones, respectivamente, en el marco de los acuerdos de derecho de giro— e Indonesia, que giró DEG 900 millones en el contexto de un acuerdo ampliado. Los rembolsos (recompras) efectuados en la Cuenta de Recursos Generales durante el ejercicio ascendieron a DEG 23.000 millones —incluidos rembolsos programados y anticipados por un total de DEG 6.500 millones por parte de Brasil, DEG 5.500 millones por parte de Corea, y DEG 3.200 millones por parte de Rusia— frente a DEG 10.500 millones un año antes. Tomando en cuenta los giros y rembolsos, los créditos netos pendientes de rembolso en la Cuenta de Recursos Generales disminuyeron en DEG 16.800 millones durante el ejercicio 2000, a saber, de DEG 60.700 millones hace un año a DEG 44.000 millones al 30 de abril de 2000. Los recursos líquidos del FMI están compuestos por las monedas utilizables y los DEG que se mantienen en la Cuenta de Recursos Generales. Las monedas utilizables, principal componente de los recursos líquidos, son las monedas de los países miembros cuya balanza de pagos y situación de reservas se consideran suficientemente sólidas para que sus monedas sean usadas en el plan trimestral de transacciones financieras. Los recursos utilizables del FMI aumentaron ininterrumpidamente durante el ejercicio debido a que los rembolsos excedieron los nuevos giros, se incorporaron nuevos miembros al plan de transacciones financieras, y el FMI recibió algunos pagos por los aumentos de cuotas correspondientes a la undécima revisión.
Como resultado de todo esto, el coeficiente de liquidez del FMI —es decir, la razón entre los recursos utilizables no comprometidos netos y los pasivos líquidos— aumentó del 89,2% al 30 de abril de 1999 al 153,1% en 2000, con lo que se situó al nivel previo al inicio de la crisis asiática de 1997.
Al inicio de cada ejercicio, el FMI fija la tasa de cargos para el uso de sus recursos a fin de alcanzar una meta de ingreso neto para sumarlo a sus reservas. Para fijar esta meta, el Directorio Ejecutivo toma en cuenta dos importantes principios: primero, los saldos precautorios —las reservas y la cuenta especial para contingencias— deben cubrir totalmente los créditos a los países miembros con atrasos persistentes y, segundo, estos saldos deben incluir también un margen para el riesgo relacionado con los créditos a otros países miembros del FMI que están al corriente. La tasa básica de cargos por el uso de los recursos del FMI está directamente vinculada con la tasa de interés del DEG, que en gran medida determina los costos del financiamiento del FMI. Además de la tasa básica de cargos, el FMI impone un recargo por el uso de crédito en el marco del servicio de complementación de reservas (SCR) y las líneas de crédito contingente (LCC). El FMI paga una remuneración (intereses) sobre una parte de la posición de reserva de los países miembros en el FMI. La tasa de remuneración es igual a la tasa de interés del DEG. Con el fin de afianzar su situación financiera ante las repercusiones de las obligaciones en mora y distribuir la consiguiente carga financiera entre los países deudores y acreedores, el FMI incrementa la tasa básica de cargos y reduce la tasa de remuneración para generar un monto equivalente a los cargos en mora. Al liquidarse estos cargos se reembolsa un monto equivalente a los países miembros que hayan pagado cargos adicionales o hayan recibido una remuneración reducida. El mismo mecanismo se utiliza para generar recursos para la cuenta especial de contingencias establecida en 1987 en vista de los efectos financieros de las obligaciones en mora persistentes. En abril de 1999, el FMI fijó la tasa básica de cargos por el uso de sus recursos para el ejercicio 2000 en 113,7% de la tasa de interés del DEG a fin de lograr una meta de ingreso neto de DEG 128 millones o —lo que es lo mismo— del 5% de las reservas que el FMI mantenía al comienzo del ejercicio. Todo exceso de ingreso con respecto a la meta, excluidos los ingresos generados en el marco del SCR, las LCC, o el servicio de financiamiento para el problema informático del año 2000, se utilizaría para reducir, con efectos retroactivos, la tasa de cargos correspondiente al ejercicio. La meta de ingreso neto se redujo a DEG 101 millones cuando el Directorio Ejecutivo decidió que la institución absorbería el impacto que tendrían sobre sus ingresos las ventas de oro al margen del mercado para financiar la Iniciativa para los países pobres muy endeudados. Excluidos los beneficios de la aplicación de nuevas normas contables internacionales para las prestaciones de los empleados, el ingreso neto del FMI correspondiente al ejercicio 2000 ascendió a DEG 271 millones, de los cuales DEG 104 millones corresponden a ingreso ordinario y DEG 167 millones a los ingresos generados en el marco del SCR. Dado que el ingreso ordinario excedió en DEG 3 millones la meta ajustada, ese monto fue reembolsado a los países miembros que pagaron cargos durante el ejercicio 2000 reduciéndose, en la práctica, la tasa básica de cargos al 113,5% de la tasa de interés del DEG. Tras las reducciones retroactivas de la tasa de cargos, se sumaron DEG 536 millones a las reservas del FMI, incluida una ganancia contable de DEG 268 millones. Al 30 de abril de 2000, las reservas totales ascendían a DEG 3.100 millones, frente a DEG 2.600 millones registrados al 30 de abril de 1999. En abril de 2000 el Directorio Ejecutivo fijó una meta de ingreso neto de DEG 48 millones para el ejercicio 2001 y asignar DEG 94 millones adicionales a la cuenta especial para contingencias. Por consiguiente, la tasa básica de cargos se fijó en el 115,9% de la tasa de interés del DEG.
Para conservar el carácter cooperativo, proteger los recursos financieros del FMI y mantener abiertos los cauces hacia otras fuentes oficiales y privadas de crédito, es esencial que los países miembros cumplan a tiempo sus obligaciones financieras. Los países miembros que incurren en atrasos deberán tomar medidas que les permitan liquidarlos lo antes posible.
La estrategia de cooperación reforzada, adoptada en 1990, contribuye a evitar la aparición de nuevos atrasos y que los actuales adquieran carácter persistente (en mora de seis meses o más). La estrategia tiene tres elementos —medidas preventivas, colaboración reforzada y medidas correctivas— y supone una colaboración más intensa entre el FMI, el Banco Mundial y otros organismos financieros internacionales para alentar a los países miembros a resolver el problema de sus atrasos. Prevención. Para evitar la aparición de nuevos atrasos, el FMI impone condiciones al uso de sus recursos, evalúa la viabilidad a mediano plazo de la balanza de pagos de los prestatarios y su capacidad de rembolso, colabora con los donantes y otros acreedores oficiales para que los programas de ajuste que respalda cuenten con financiamiento suficiente, y proporciona asistencia técnica para ayudar a los países miembros a formular y poner en práctica las reformas. Colaboración reforzada y enfoque de los derechos. La colaboración reforzada facilita la tarea de los países miembros de diseñar y poner en práctica políticas estructurales orientadas a resolver sus problemas de balanza de pagos y de atrasos. También constituye un marco para que los países miembros con atrasos establezcan un historial de cumplimiento con respecto a las medidas de política y los pagos, movilicen recursos de acreedores y donantes internacionales y se pongan al día en el pago de sus obligaciones frente al FMI y otros acreedores. En algunos casos, las políticas económicas de un país pueden formularse en el contexto de un "programa de acumulación de derechos", que es semejante en muchos aspectos a un programa normal de estabilización macroeconómica y reforma estructural respaldado por el FMI y permite a los países miembros con atrasos persistentes acumular "derechos" para girar en el futuro recursos del FMI, siempre y cuando adopten medidas de ajuste y reforma. Los giros sólo se efectúan una vez concluido con éxito el programa y están condicionados a que el país miembro liquide sus atrasos y a que el FMI apruebe uno o más acuerdos sucesores. Medidas correctivas. La estrategia frente a los atrasos incluye un calendario de medidas correctivas de creciente intensidad que se aplican cuando los países miembros no colaboran activamente con el FMI para resolver el problema de sus atrasos. Estas medidas pueden abarcar desde una limitación temporal del uso de los recursos por parte del país miembro (sobre la base de la formulación de una queja al Directorio Ejecutivo) hasta la separación obligatoria.
El total de las obligaciones pendientes frente al FMI aumentó ligeramente en el ejercicio 2000, situándose en DEG 2.320 millones al 30 de abril, frente a DEG 2.300 millones registrados el año precedente. Todos éstos eran atrasos persistentes. No surgieron nuevos casos de atrasos persistentes en el ejercicio ni se liquidó ninguno de los casos existentes, por lo que el número de países miembros con atrasos persistentes se mantuvo en siete. Al 30 de abril de 2000, Liberia, la República Democrática del Congo, Somalia y Sudán seguían inhabilitados para hacer uso de los recursos generales de la institución, y se mantenían en vigor declaraciones de falta de cooperación en relación con Liberia y la República Democrática del Congo. El 2 de junio de 1994 se habían suspendido los derechos de voto de la República Democrática del Congo. En julio de 1999, el Directorio Ejecutivo estableció un proceso para desmantelar ciertas medidas correctivas a fin de alentar a los países miembros con atrasos persistentes a cooperar con la institución para liquidarlos y restablecer su acceso a los recursos. Para ello, el Directorio deberá determinar que el país ha comenzado a cooperar, establecerá un período de evaluación en el cual se espera que se intensifique la cooperación, se revocará gradualmente la declaración de no cooperación y, en su caso, la suspensión del derecho a voto y otros derechos conexos en el FMI. El 27 de agosto de 1999, el Directorio revocó la declaración de no cooperación aplicada a Sudán en septiembre de 1990. En febrero de 2000, el Directorio decidió no proseguir con la separación obligatoria de Sudán porque el país efectuó algunos pagos al FMI y obtuvo resultados ampliamente satisfactorios en el marco de los programas de 1998 y 1999 supervisados por funcionarios del FMI. El 1 de agosto de 2000, el Directorio restableció los derechos de voto de Sudán. Se mantiene pendiente una queja con respecto a la suspensión de derechos de voto. El Directorio examinó las obligaciones financieras de varios países durante 1999/2000. En tres ocasiones examinó el caso de Liberia y decidió diferir la aplicación de nuevas medidas correctivas ante el compromiso de las autoridades de mejorar su desempeño. En febrero de 2000 se formuló un nuevo programa en favor de ese país y los Directores decidieron dar tiempo a las autoridades para ponerlo en práctica. No se realizó ninguna reunión durante el ejercicio para discutir la decisión de suspender los derechos de voto y otros derechos conexos de la República Democrática del Congo. En agosto de 1999 mejoraron las perspectivas de paz en el país con la celebración de un acuerdo entre los países involucrados en el conflicto que comenzó en agosto de 1998. Un equipo de técnicos visitó el país en febrero de 2000 para examinar la evolución económica y discutir con las autoridades su disposición para renovar la cooperación con el FMI. En el Estado Islámico de Afganistán, Iraq y Somalia, los conflictos civiles, la ausencia de un gobierno en funciones o las sanciones internacionales impidieron al FMI tomar una decisión sobre la cooperación de esos países, por lo que se decidió aplazar la aplicación de medidas correctivas.
El DEG es un activo de reserva internacional que fue creado por el FMI en 1969 para complementar los activos de reserva existentes: tenencias oficiales de oro, divisas y posición de reserva en el FMI. Desde 1970, el FMI ha asignado un total de DEG 21.400 millones en dos series. El DEG es además la unidad de cuenta para las operaciones y transacciones del FMI y de otros organismos internacionales y regionales, y convenciones internacionales. En grado limitado se ha utilizado igualmente para denominar instrumentos financieros privados. Al 30 de abril de 2000, cuatro países miembros mantenían su moneda vinculada al DEG. El valor del DEG —determinado diariamente en función de una cesta de monedas— tiende a ser más estable que el de cualquiera de las monedas que integran la cesta. En efecto, las fluctuaciones del tipo de cambio de una de ellas tienden a compensarse, total o parcialmente, con las fluctuaciones de las demás. La composición de la cesta se revisa cada cinco años a fin de que las monedas incluidas sean representativas de las que se utilizan en las transacciones internacionales y que las ponderaciones asignadas reflejen la importancia relativa de cada moneda en los sistemas comercial y financiero mundiales. Desde 1981, se han incluido en la cesta las monedas de cinco países —Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón y el Reino Unido— pues se ha determinado en sucesivas evaluaciones que éstos son los cinco países con la mayor exportación de bienes y servicios. Al introducirse el euro, el 1 de enero de 1999, los montos de marcos alemanes y francos franceses de la cesta fueron remplazados por montos equivalentes en euros. La tasa de interés del DEG, que se ajusta semanalmente, es el promedio ponderado de las tasas de interés de ciertos instrumentos a corto plazo en los cinco países cuyas monedas integran la cesta de valoración. En el último examen de la valoración del DEG se decidió no modificar esos instrumentos, que son las letras del Tesoro a tres meses de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido; la tasa de los depósitos interbancarios a tres meses de Alemania, y la tasa de los certificados de depósito a tres meses de Japón. A partir del 1 de enero de 1999, los instrumentos franceses y alemanes se expresan en euros. El próximo examen tendrá lugar en 2000, y si hubiese alguna modificación, ésta entrará en vigor el 1 de enero de 2001.
Los países miembros del FMI pueden utilizar DEG en diversas transferencias voluntarias. Las transacciones se ven facilitadas por los acuerdos entre el FMI y 12 países miembros que están dispuestos a comprar o vender DEG a cambio de una o más monedas de libre uso siempre que sus tenencias de DEG se mantengan dentro de ciertos límites. Estos acuerdos han contribuido a mantener la liquidez del sistema del DEG. Además, pueden utilizarse DEG en compras y ventas a término y en swaps, para liquidar y garantizar obligaciones financieras, y conceder préstamos y donaciones. Los países miembros también utilizan DEG para cumplir sus obligaciones financieras ante el FMI, en la Cuenta de Recursos Generales. Estas obligaciones consisten principalmente en cargos aplicados al uso de los recursos del FMI por parte de los países miembros, recompras (rembolsos) y las suscripciones de cuotas. El FMI transfiere DEG de la Cuenta de Recursos Generales a los países miembros, principalmente para compras (giros); la remuneración sobre el saldo acreedor de los países miembros, y el rembolso de los préstamos obtenidos por el FMI, así como el pago de los intereses sobre éstos. Las transferencias de DEG de los países miembros, la Cuenta de Recursos Generales y los tenedores autorizados alcanzaron un nivel récord en el ejercicio 1999 de DEG 49.100 millones, impulsado sobre todo por los pagos vinculados al aumento de cuotas correspondiente a la undécima revisión general. En el ejercicio 2000, las transferencias bajaron a DEG 22.900 millones porque se recibieron menos pagos de cuotas y se retrasaron varios desembolsos de gran cuantía.
Uno de los fines principales del FMI es facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, para lo cual es necesario contar con un nivel de reservas adecuado. Si el FMI considera que existe una necesidad global de reservas a largo plazo, puede complementar los activos ya existentes mediante una asignación de DEG, de la magnitud y en el momento que decida la Junta de Gobernadores. El FMI está facultado para crear liquidez incondicional mediante la asignación de DEG a todos los países miembros en proporción a sus cuotas. El 1 de enero de 1981 se realizó la última asignación de DEG, por un monto de DEG 4.100 millones, a los 141 países que eran miembros en ese momento. Actualmente, más de una quinta parte de los países miembros no han recibido nunca una asignación de DEG porque ingresaron a la institución después de la más reciente y algunos países no han participado en todas las asignaciones. A fin de lograr una distribución equitativa de las asignaciones acumulativas de DEG entre todos los participantes en el Departamento de DEG y tras una amplia revaluación del papel y las funciones del DEG a la luz de los cambios del sistema financiero mundial, la Junta de Gobernadores adoptó, en septiembre de 1997, una resolución en virtud de la cual se propone una cuarta enmienda del Convenio Constitutivo del FMI. Si los países miembros aprueban la enmienda, se podrá realizar una asignación especial, con carácter excepcional, de DEG 21.400 millones, con lo que se duplicaría el nivel de las asignaciones acumuladas actuales y se elevaría la relación entre las asignaciones acumuladas de DEG y la cuota de cada uno de los países miembros establecida en el marco de la novena revisión general a un nivel común de referencia del 29,32%. La enmienda propuesta, que entrará en vigor cuando sea aprobada por las tres quintas partes de los países miembros que representen el 85% del total de votos del FMI, contempla también la posibilidad de que los futuros participantes reciban una asignación especial después de la fecha de participación o de la fecha de entrada en vigor de la cuarta enmienda, lo que ocurra primero. La enmienda propuesta no afectaría a las facultades actuales de la institución para asignar DEG si se determina que existe una necesidad mundial a largo plazo de complementar los activos de reserva.
1945
Entra en vigor el Convenio Constitutivo, al ser suscrito por los gobiernos de 29 países a los que corresponde el 80% de las cuotas originales.
1946
En la reunión inaugural de la Junta de Gobernadores, en Savannah (Georgia), se adoptan los Estatutos; se acuerda establecer la sede del FMI en Washington, y se eligen los primeros directores ejecutivos.
6 de mayo
27 de septiembre-5 de octubre
1947
El FMI inicia sus operaciones.
8 de mayo
1952
Alemania y Japón ingresan en el FMI.
1 de octubre
1962
El Directorio Ejecutivo aprueba las condiciones de los Acuerdos Generales para la Obtención de Préstamos.
1963
Se establece el servicio de financiamiento compensatorio.
1967
La Junta de Gobernadores aprueba el plan de creación de derechos especiales de giro (DEG).
1969
Entra en vigor, al ser aceptada por tres quintos de los países miembros a los que corresponden los cuatro quintos del total de los votos, la primera enmienda del Convenio Constitutivo, por la que se establece un servicio financiero basado en el DEG.
1970
Primera asignación de DEG.
1971
Estados Unidos informa al FMI que ya no comprará y venderá libremente oro para liquidar transacciones internacionales. Dejan de existir las paridades cambiarias y la convertibilidad del dólar.
18 de diciembre
1972
La Junta de Gobernadores aprueba la resolución por la que se establece el Comité para la Reforma del Sistema Monetario Internacional (Comité de los Veinte).
1973
Se inicia una "flotación generalizada" al introducir los países de la CE la flotación conjunta de sus monedas frente al dólar de EE.UU.
1974
Concluye la labor del Comité de los Veinte. Se acuerda un programa inmediato encaminado a facilitar la evolución del sistema monetario. El Directorio Ejecutivo establece el servicio financiero del petróleo; adopta directrices para la gestión de los tipos de cambio flotantes, e introduce un nuevo método de evaluación del DEG, basado en una cesta de 16 monedas.
13 de septiembre
3 de octubre
1976
El Directorio Ejecutivo establece un Fondo Fiduciario para brindar asistencia de balanza de pagos a los países en desarrollo, con las ganancias provenientes de la venta de oro. También aprueba normas y procedimientos para la venta de oro.
2 de junio
1977
El FMI realiza los primeros desembolsos de préstamos enmarcados en el Fondo Fiduciario.
29 de agosto
1978
Entra en vigor la segunda enmienda del Convenio Constitutivo, por la que se reconoce el derecho de los países a adoptar el régimen cambiario que prefieran.
24 de septiembre
1979
Entra en vigor el servicio de financiamiento suplementario del FMI.
1980
El Comité Provisional recomienda que el FMI esté dispuesto a cumplir un papel cada vez más importante en materia de ajuste y financiamiento de desequilibrios de pagos prestando asistencia en períodos más prolongados y por montos mayores.
17 de septiembre
1 de diciembre
1981
El FMI comienza a utilizar la cesta de cinco monedas para determinar la valoración diaria del DEG.
13 de marzo
7 de mayo
21 de mayo
1982
México enfrenta graves problemas para atender el servicio de su deuda externa, iniciándose así la crisis de la deuda. En los meses posteriores, el FMI respalda programas de ajuste de gran envergadura en México y en varios otros países con graves problemas de servicio de la deuda.
1983
El Comité Provisional acuerda el incremento de las cuotas del FMI en el marco de la octava revisión general. La Junta de Gobernadores del FMI adopta una resolución sobre aumento de las cuotas.
30 de noviembre
30 de diciembre
1985
El Comité Provisional acuerda que unos DEG 2.700 millones de rembolsos del Fondo Fiduciario, con los que se contaría en 1985-91, se utilicen para ofrecer crédito en condiciones concesionarias a países miembros de bajo ingreso.
2 de diciembre
1986
El FMI establece el servicio de ajuste estructural (SAE) para brindar asistencia de balanza de pagos en condiciones concesionarias a los países en desarrollo de bajo ingreso.
1987
Se reúnen los ministros de Hacienda de los seis países con mayores economías. En el Acuerdo del Louvre, el Director Gerente del FMI y los ministros manifiestan su acuerdo en intensificar la política de coordinación y en cooperar estrechamente para estimular la estabilidad de los tipos de cambio.
29 de diciembre
1988
El Directorio Ejecutivo establece el servicio de financiamiento compensatorio y para contingencias (SFCC) para los países miembros que sufren una baja de sus ingresos de exportación por causas ajenas a su control a fin de ayudarlos a mantener sus programas de ajuste.
25-26 de septiembre
1989
El Directorio Ejecutivo intensifica la estrategia encaminada a hacer frente al problema de la deuda de los países en desarrollo, basada en parte en las propuestas de Nicholas F. Brady, Secretario del Tesoro de Estados Unidos. Los países con sólidos programas de ajuste tendrán acceso a los recursos del FMI con fines de reducción de la deuda o del servicio de la deuda.
1990
El Comité Provisional se pronuncia en favor de que las cuotas aumenten un 50%. Además recomienda que el Directorio Ejecutivo proponga la tercera enmienda del Convenio Constitutivo, por la que se disponga la suspensión del derecho de voto, y de otros derechos a los países que no cumplan sus obligaciones financieras ante el FMI. El Comité aprueba el enfoque de acumulación de derechos, que permite a los países miembros con atrasos persistentes establecer un historial en materia de políticas y pagos y acumular derechos para efectuar giros en el futuro.
28 de junio
Noviembre
1991
La U.R.S.S. firma con el FMI un acuerdo de suministro de asistencia técnica, en el contexto de su solicitud de ingreso pleno en el FMI.
1992
El Directorio Ejecutivo aprueba el ingreso de los Estados de la antigua Unión Soviética en el FMI.
5 de agosto
11 de noviembre
1993
El Directorio Ejecutivo aprueba la creación del servicio para la transformación sistémica (STS), orientado hacia países que experimentan dificultades de balanza de pagos como secuela de la transformación de sus economías planificadas en economías de mercado.
1994
El Directorio Ejecutivo pone en marcha operaciones enmarcadas en un SRAE renovado y ampliado.
Marzo-mayo
6 de junio
2 de octubre
1995
El Directorio Ejecutivo aprueba un acuerdo de derecho de giro por un monto de DEG 12.100 millones a favor de México, el mayor compromiso financiero en la historia del FMI.
1996
El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un crédito de DEG 6.900 millones a favor de Rusia en el marco del mayor acuerdo ampliado en la historia del FMI.
16 de abril
Septiembre
1997
El Directorio Ejecutivo aprueba los Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos (NAP) como primera y principal fuente de financiamiento en caso de que el FMI necesite recursos suplementarios.
25 de abril
20 de septiembre
4 de diciembre
17 de diciembre
1998
Uganda se convierte en el primer país miembro en recibir alivio de la deuda (aproximadamente US$350 millones en valor neto actualizado) en el marco de la Iniciativa para los PPME, a la que el FMI contribuirá con unos US$160 millones.
20 de julio
2 de diciembre
1999
Once países miembros de la Unión Europea adoptan una nueva moneda común: el euro. El FMI concede la condición de observador al Banco Central Europeo.
22 de enero
23 de abril
September 30
9 de noviembre
22 de noviembre
10 de diciembre
2000
El FMI realiza siete transacciones al margen del mercado con Brasil y México, en las cuales se venden 12,944 millones de onzas troy de oro, las cuales se aceptaron inmediatamente al mismo precio como liquidación de las obligaciones de esos países ante el FMI. El FMI mantiene el valor en libros del oro (aproximadamente US$47 la onza) e invierte el resto del producto de la venta para ayudar a financiar la contribución del FMI al alivio de la deuda y al respaldo financiero de los países más pobres del mundo.
Febrero
23 de marzo
4 de abril
Marzo-abril
10 de abril
22 de mayo
1 de agosto
9 de agosto
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