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Tras una serie de crisis financieras, entre mediados de 1997 y comienzos de 1999, las condiciones han mejorado notablemente en los mercados financieros y la mayoría de las economías afectadas por la crisis han comenzado a recuperarse. Aunque persisten riesgos a nivel mundial, las tasas de crecimiento parecen haber tocado fondo, a un nivel del 2½% en 1998, en lo que ha sido la más suave de las desaceleraciones de la economía mundial en las últimas tres décadas. En Asia sudoriental, donde se originaron las primeras crisis, los países más directamente afectados --Corea, Indonesia, Malasia y Tailandia-- muestran signos de recuperación. En Rusia, pese a muchas dificultades, el Gobierno ha puesto en práctica políticas que han contribuido a estabilizar la economía. En América Latina, Brasil adoptó prontas medidas de contención de la crisis. En estas regiones, el FMI ha participado directamente en el control de la crisis proporcionando asesoramiento en materia de política económica a los 182 países miembros, respaldo financiero para los programas de ajuste y de reforma bien formulados, financiamiento contingente para los países afectados por el contagio y asistencia para los países miembros más pobres y más endeudados, así como a través de sus esfuerzos por fortalecer la arquitectura del sistema financiero internacional y fomentar la transparencia y el buen gobierno. A pesar de los indicios de progreso, aún subsisten muchos problemas. La recuperación dependerá de la adopción de políticas internas sólidas y de un medio ambiente económico mundial sano. La globalización, que se caracteriza por la integración de los mercados financieros y la libre circulación del capital a través de las fronteras, se acepta hoy como un rasgo permanente de la economía mundial. Todos los países pueden beneficiarse, gozando de mayor inversión y un mejor nivel de vida, pero muchos han quedado marginados. Las crisis impulsaron propuestas encaminadas a fortalecer la arquitectura del sistema financiero internacional y captaron gran parte de la atención del Directorio Ejecutivo en 1998 y el primer semestre de 1999. En las propuestas se incluyeron cuestiones relacionadas con la transparencia y rendición de cuentas; las normas de buenas prácticas en las actividades económicas, financieras y comerciales; la liberalización de los mer-cados de capital; el papel del sector privado en la prevención y resolución de crisis y una mejor supervisión de los mercados financieros.
La tasa de crecimiento del producto mundial bajó del 4¼% registrado en 1997 al 2½% en 1998. Ésta fue la cuarta ba ja mundial en 25 años y se debió, en gran medida, a las crisis de los mercados emergentes y a la recesión cada vez más profunda de Japón. Se prevé que en 1999 el crecimiento del producto mundial se acelerará moderadamente y que en el año 2000 alcanzará un nivel apenas inferior al promedio a largo plazo. Los precios de los productos básicos bajaron en 1998 y esto frenó el crecimiento de los países productores de petróleo de África y el Oriente Medio. Los precios de otros productos básicos bajaron continuamente y fueron en parte la causa de una notable desaceleración del crecimiento de América Latina en el segundo semestre del año. Si bien las bajas de precio frenaron la inflación mundial, también redujeron el ingreso real y la demanda interna en muchos países en desarrollo exportadores de productos básicos. Los precios del petróleo comenzaron a subir nuevamente en marzo de 1999, en parte gracias a los indicios de recuperación económica en Asia pero también debido a la oferta limitada de muchos países productores. En el contexto de la crisis asiática, el crecimiento del producto fue negativo en 1998 en Corea, Indonesia, la RAE de Hong Kong y Tailandia pero se observó una reactivación económica a fines de año en Corea y Malasia, y a comienzos de 1999 en Indonesia, Tailandia y la RAE de Hong Kong. En Filipinas también hubo una leve baja del producto en 1998, debido sobre todo a los efectos del mal tiempo en la producción agrícola. Por otro lado, en 1998 el PIB real creció un 7¾% en China, pero hubo una gran atonía económica en Singapur, país muy afectado por la crisis. A comienzos de 1999, la economía rusa comenzó a recuperarse de sus bajos niveles de septiembre de 1998; el alza del petróleo y la política macroeconómica contribuyeron a mejorar la situación fiscal y de balanza de pagos. El producto disminuyó un 4½% en 1998 y la inflación se aceleró algo a fines de 1998 y comienzos de 1999, y el rublo siguió sometido a presión. La crisis de Rusia repercutió en los países vecinos en transición, lo que reprimió la actividad económica en muchos de éstos, pero su impacto en las economías de Europa central y oriental fue limitado y temporal. En el grupo de países en desarrollo, la tasa de crecimiento bajó del 5¾% registrado en 1997 al 3¼ % en 1998; en África, esta tasa subió levemente, al 3½%. La mayoría de los países latinoamericanos resistieron bien a las presiones derivadas de la crisis asiática pero se vieron muy afectados por la crisis de Rusia. Brasil se vio sometido a fuertes presiones debido a las inquietudes con respecto al voluminoso déficit fiscal y la viabilidad de la vinculación de la moneda. Estas inquietudes llevaron a Brasil a adoptar un régimen de tipo de cambio flexible en enero de 1999. Las presiones no se atenuaron hasta marzo de 1999, cuando el Gobierno tomó medidas para fortalecer sus políticas fiscal y monetaria en el marco de un programa respaldado por el FMI, lo cual contribuyó a restablecer de manera general la confianza en los países latinoamericanos. En octubre de 1998, el huracán Mitch afectó gravemente la economía de varios países centroamericanos, especialmente Honduras y Nicaragua, y el FMI otorgó respaldo de emergencia. En los países industriales, las divergencias de resultados económicos se hicieron más pronunciadas en 1998. La economía de Japón sufrió una contracción del 2¾%, debido en gran parte a la atonía de la demanda privada y de las economías con mercados emergentes en Asia oriental. En cambio, la economía de Estados Unidos siguió creciendo firmemente, registrando una expansión de casi un 4% en 1998, por segundo año consecutivo. En Canadá, la actividad económica se desaceleró en 1998, aunque el crecimiento fue más rápido hacia el final del año. La tasa de desempleo de Estados Unidos alcanzó, a comienzos de 1999, el nivel más bajo de los últimos 29 años, un 4¼%. En Europa, la tercera etapa de la Unión Económica y Monetaria comenzó el 1 de enero de 1999, cuando 11 países adoptaron el euro como su moneda. El crecimiento se aceleró en la zona del euro en 1997 pero se desaceleró considerablemente a fines de 1998, sobre todo en Alemania e Italia, antes de acelerarse nuevamente a comienzos de 1999. Fuera de la zona del euro, el crecimiento del Reino Unido se desaceleró notablemente en 1998 pero mostró signos de recuperación a mediados de 1999. La tasa de inflación se mantuvo baja en las economías avanzadas, en parte como reflejo de las importaciones de bajo costo provenientes de Asia y de la tendencia a la baja de precio de los productos básicos.
En el ejercicio 1998/99, cerrado el 30 de abril de 1999, el FMI siguió haciendo frente a los efectos de la crisis asiática y de las crisis subsiguientes que afectaron a Rusia y Brasil, lo cual representó nuevos desafíos para la institución y puso de manifiesto los riesgos de contagio financiero. En el período agosto-octubre de 1998, la mayoría de las economías con mercados emergentes perdieron acceso temporalmente al financiamiento privado, en un clima de temores de una compresión mundial del crédito; la calma retornó a los mercados financieros al final del año. Como resultado de las perturbaciones de los mercados financieros, la demanda de financiamiento del FMI siguió siendo de gran magnitud --unos US$30.000 millones-- y la institución debió obtener préstamos en dos ocasiones (véase la página 23). Los recursos del FMI llegaron a un nivel muy bajo en el período comprendido entre diciembre de 1998 y enero de 1999, pero fueron incrementados por el aumento de las cuotas de los países miembros, que entró en vigor en enero de 1999. El FMI pudo así proporcionar un gran volumen de asistencia. Los mayores usuarios de recursos del FMI en 1998/99 fueron Brasil y Rusia, aunque otros países también utilizaron volúmenes considerables de recursos, entre ellos Bulgaria, Corea, Filipinas, Indonesia, Pakistán, Tailandia y Ucrania. Al 30 de abril de 1999, se encontraban en vigor 9 acuerdos de derecho de giro, 12 acuerdos en virtud del servicio ampliado y 35 acuerdos en el marco delservicio reforzado de ajuste estructural (SRAE). Ante las continuas incertidumbres en Rusia, el FMI aprobó, el 28 de julio de 1999, un acuerdo de derecho de giro de 17 meses por valor de US$4.500 millones a fin de que el país pudiera hacer frente a las causas profundas de la crisis, incluidos los persistentes desequilibrios fiscales, las rigideces estructurales y las deficiencias del sector financiero.
financiera internacional El FMI ha adoptado recientemente una serie de iniciativas que le permitirán asistir a los países miembros que han experimentado dificultades en los últimos 12 meses y hacer frente a los desafíos que plantea la economía globalizada. Estas iniciativas (en materia de buen gobierno, transparencia y prevención de crisis) corresponden a la noción de fortalecimiento del sistema financiero internacional. A fines de abril de 1999, el FMI creó el mecanismo de líneas de crédito contingente (LCC) con el objeto de afianzar la confianza del mercado en los países que adoptan una firme política económica pero pueden ser vulnerables ante problemas de balanza de pagos derivados del contagio financiero. A fin de incrementar la transparencia de sus propias operaciones y de las operaciones de los países miembros, el FMI ha iniciado un proyecto piloto, que se revaluará al cabo de un año. Conforme al proyecto, los países miembros darían a conocer voluntariamente los informes preparados por el personal técnico del FMI al término de una consulta del Artículo IV. También con el fin de dar a conocer mejor sus actividades, y demostrar su voluntad de mayor apertura, el FMI dio a conocer, por primera vez en junio de 1999, un resumen del programa de trabajo del Directorio Ejecutivo. En abril, el FMI y el Banco Mundial revaluaron la Iniciativa para los países pobres muy endeudados (PPME) a fin de fortalecer el plan de acción de dicha iniciativa para proporcionar un mayor alivio a estos países (véase la pág. 19). El Directorio Ejecutivo destacó la urgencia de financiar plenamente la iniciativa --cuyo costo, según las previsiones, se duplicaría-- así como la continuación del SRAE.
Las crisis financieras de Asia oriental en 1997–98, seguidas por las de Rusia y Brasil en 1998–99, han subrayado la necesidad de modificar el sistema financiero mundial de modo que se reduzcan los riesgos que plantean las deficiencias institucionales y la volatilidad de los flujos de capital y que la globalización también beneficie a los países que aún no han alcanzado los beneficios del nuevo entorno económico.
Una mayor transparencia contribuye a una mejor adopción de decisiones, mejores resultados económicos en los países miembros y un mejor desempeño de las instituciones internacionales. En los últimos dos años, el Directorio Ejecutivo ha adoptado medidas para dar mayor transparencia a las actividades del FMI y a las medidas de política de los países miembros. En marzo y en abril de 1999, el Directorio Ejecutivo aprobó otras medidas orientadas a aumentar la transparencia, tales como el establecimiento de la presunción de que los países miembros darán a conocer los documentos en los que se describen las políticas que tienen la intención de aplicar en relación con sus solicitudes de asistencia financiera del FMI.
El FMI está tratando de fomentar la preparación, divulgación y adopción de códigos de prácticas o normas que tengan aceptación en el plano internacional para las actividades económicas, financieras y empresariales. Durante 1998/99, el FMI logró avanzar mucho en esta esfera, incluido el fortalecimiento de las Normas Especiales para la Divulgación de Datos (véase el recuadro de la pág. 8) y la redacción de un código de buenas prácticas de transparencia en las políticas monetarias y financieras, en colaboración con otras instituciones financieras internacionales, un grupo de representantes de bancos centrales y miembros de los círculos académicos. Al examinar el papel que debe desempeñar el FMI en relación con las normas, en marzo de 1999, el Directorio reconoció que el FMI cuenta con conocimientos especializados que le permitirían determinar si los países miembros observan estas normas internacionales en cuatro esferas básicas: divulgación de datos, transparencia de la política fiscal, transparencia de la política monetaria y financiera y, en colaboración con otros organismos, supervisión bancaria.
El fortalecimiento de los sistemas financieros, incluidos una mejor supervisión de los mercados financieros y mecanismos adecuados de gestión de las quiebras bancarias, es un elemento esencial de la nueva arquitectura. Con este fin, el FMI, en colaboración con otros organismos internacionales, ha intensificado sus esfuerzos para elaborar y divulgar los principios internacionales y las buenas prácticas que corresponden a un sistema financiero sólido. En septiembre de 1998, el FMI y el Banco Mundial establecieron un Comité de Enlace para el Sector Financiero con el propósito de reforzar su colaboración, elemento que se considera decisivo para el fortalecimiento de los sistemas financieros. El Comité, que tiene por objetivo asegurar que ambas instituciones presten a los países un asesoramiento de alta calidad, sólido y oportuno, ha establecido pautas y procedimientos para el intercambio de información y la incorporación en los programas de trabajo de buenas prácticas y normas reconocidas internacionalmente.
La integración financiera, incluida la liberalización de la cuenta de capital, produce beneficios sustanciales, pero también conlleva ciertos riesgos. En 1998/99, el Directorio trató la cuestión de la liberalización de la cuenta de capital en dos ocasiones y, en marzo de 1999, examinó el historial de los países miembros en materia de controles de capital en el contexto de las últimas crisis financieras. Los directores observaron que, en los países más afectados por la crisis, la liberalización no se había llevado a cabo en la secuencia óptima o no había sido plenamente respaldada por la política económica, la regulación financiera y la supervisión y que había una falta de coherencia de las políticas monetaria y cambiaria, lo que se tradujo en una acumulación de desequilibrios. Posteriormente, estos países se tornaron vulnerables a las conmociones externas o a la pérdida de confianza. Si bien apoyaron el objetivo de seguir liberalizando los flujos de capital, los directores examinaron la utilidad y la eficacia de los controles que se aplican sobre la salida y la entrada de capital. Reconocieron en general que quizá se justificaría imponer controles sobre la entrada de capital, en particular los que tiene por objeto influir en la composición de las entradas, pero sólo en los países que apliquen políticas acertadas. La mayoría de los directores concluyó que imponer controles sobre la salida de capital en medio de una crisis no es una medida de política económica eficaz. El FMI continuará examinando lo ocurrido en los países en materia de aplicación de controles específicos y de liberalización de los distintos componentes de la cuenta de capital con miras a llegar a una conclusión sobre cuáles son las prácticas más acertadas.
Se considera que es fundamental lograr que el sector privado participe en la prevención y la solución de las crisis para producir un proceso de ajuste más ordenado, limitar el riesgo moral, fortalecer la disciplina del mercado y ayudar a los prestatarios de los mercados emergentes a protegerse a sí mismos frente a la volatilidad y los efectos de contagio. No cabe duda de que es necesario tomar medidas que faciliten la participación del sector privado y contribuyan a eliminar en forma ordenada las presiones ejercidas sobre la balanza de pagos cuando se desencadene una crisis. En 1998/99, el Directorio Ejecutivo consideró varias propuestas para lograr la participación del sector privado y convino en la necesidad de intensificar los esfuerzos en pro de la creación de incentivos e instrumentos de mercado que mantengan esa participación.
Los profundos cambios que ha experimentado el sistema monetario y financiero internacional desde la creación del FMI plantean grandes problemas sistémicos. Cuando se examinaron en forma preliminar los programas respaldados por el FMI en Asia oriental, una de las enseñanzas que se extrajo fue que el tipo de cambio estable de los países afectados pudo haber influido para que tanto prestatarios como acreedores pensaran que había una garantía implícita frente a pérdidas derivadas del riesgo cambiario. Sin embargo, se señaló que tampoco sirve de panacea adoptar un régimen cambiario más flexible pues, con todo régimen, siempre habrá elementos de vulnerabilidad y seguirá siendo necesario contar con normas para el fortalecimiento de los sistemas financieros y el aumento de la transparencia. El Directorio Ejecutivo se propone examinar las cuestiones relativas al tipo de cambio antes de las Reuniones Anuales de 1999 y prestará especial atención a la inestabilidad del valor de cambio de las monedas principales, la posibilidad de tomar medidas para moderarla y la forma en que repercute en la política cambiaria de las economías de mercados emergentes.
La estructura organizativa del FMI se define en el Convenio Constitutivo, que entró en vigor en diciembre de 1945. En el Convenio se dispone que la institución contará con una Junta de Gobernadores, un Directorio Ejecutivo, un Director Gerente y un cuerpo de funcionarios internacionales. Desde mediados de los años setenta el Directorio Ejecutivo ha recibido orientación ministerial del Comité Provisional de la Junta de Gobernadores sobre el Sistema Monetario Internacional (Comité Provisional) y del Comité Ministerial Conjunto de las Juntas de Gobernadores del Banco y del Fondo para la Transferencia de Recursos a los Países en Desarrollo (Comité para el Desarrollo). Junta de Gobernadores. Autoridad máxima del FMI en la que cada uno de los países miembros está representado por un gobernador titular y un gobernador suplente, nombrados por el país. La Junta de Gobernadores cuyos miembros son generalmente ministros de Hacienda, o gobernadores o presidentes del banco central, se reúne normalmente una vez al año pero puede reunirse o votar por correo en otras ocasiones. Comité Provisional. Ofrece orientación ministerial al Directorio Ejecutivo. El Comité Provisional, integrado por 24 gobernadores del FMI se reúne dos veces al año e informa a la Junta de Gobernadores del FMI con respecto a la gestión del sistema monetario internacional y las propuestas de enmienda del Con-venio Constitutivo. Comité para el Desarrollo. Integrado también por 24 miembros asesora e informa a las Juntas de Gobernadores del Banco Mundial y del FMI sobre aspectos relativos al desarrollo. Directorio Ejecutivo. La Junta de Gobernadores ha delegado muchas de sus atribuciones en el Directorio Ejecutivo, que es el órgano decisorio permanente del FMI. El Directorio Ejecutivo, que generalmente se reúne tres veces por semana en la sede de la institución en Washington, está integrado por 24 directores ejecutivos nombrados o elegidos por los países miembros. El Directorio Ejecutivo se ocupa de una amplia gama de asuntos relativos a la política, el funcionamiento y la administración del FMI, incluidos la supervisión de la política cambiaria de los países miembros, la prestación de asistencia financiera del FMI a los países miembros, y el análisis de las aspectos sistémicos de la economía mundial. Director Gerente. Elegido por el Directorio Ejecutivo, el Director Gerente preside este órgano y dirige el personal del FMI. Bajo la autoridad del Directorio, dirige las actividades ordinarias del FMI. El Director Gerente cumple un mandato de cinco años y puede ser reelegido por períodos sucesivos. Personal. El Convenio Constitutivo exige que los funcionarios contratados por el FMI demuestren el máximo nivel de eficiencia y de competencia técnica, y que la composición del personal refleje la diversidad geográfica de los países miembros. Los 2.200 funcionarios con que cuenta la institución proceden de 123 países.
Al ingresar un país en el FMI, se le asigna una cuota, que equivale al monto de su suscripción de capital en el FMI y se expresa en DEG. Las cuotas, además de proporcionar al FMI los recursos financieros que necesita para conceder préstamos a los países miembros con dificultades financieras, cumplen varias otras funciones. La cuota de un país miembro determina su representación en el Directorio Ejecutivo y el número de votos que le corresponde en el FMI; cada país miembro tiene 250 votos básicos más 1 voto por cada DEG 100.000 de cuota. La cuota también determina el monto máximo de asistencia vinculada al financiamiento de la balanza de pagos que el país miembro puede obtener normalmente del FMI, así como el monto de DEG que puede recibir del FMI en el marco de las asignaciones de DEG que tengan lugar.
Las cuotas iniciales de los países miembros fundadores del FMI se determinaron en la Conferencia de Bretton Woods en 1944. Las cuotas de los países que se han incorporado desde entonces han sido determinadas por la Junta de Gobernadores del FMI, basándose en principios similares a los que se habían aplicado a los países que ya eran miembros. Cuando un país solicita su ingreso en el FMI, se analizan datos sobre su economía (PIB, transacciones de la balanza de pagos y reservas oficiales) y se determina una gama dentro de la cual se fijará su cuota (la cuota calculada). Luego el personal técnico del FMI recomienda una cuota para el nuevo país miembro que se sitúa dentro de la gama de cuotas de los países miembros de magnitud y características económicas comparables. Las recomendaciones del personal con respecto a la cuota y otros términos y condiciones que entraña la condición de país miembro se presentan a la consideración de una comisión de admisión del Directorio Ejecutivo. Dicha comisión prepara un informe que se somete a la aprobación del Directorio, el cual envía una resolución de admisión que deberá aprobar la Junta de Gobernadores. El país se convierte en miembro del FMI cuando firma el Convenio Constitutivo de la institución. El país puede utilizar los recursos del FMI una vez que haya pagado la cuota y cumplido todas las demás condiciones establecidas en la resolución de admisión.
De acuerdo con el Convenio Constitutivo, la Junta de Gobernadores debe llevar a cabo una revisión general de cuotas a intervalos de no más de cinco años, para determinar si las cuotas son adecuadas, en función de las necesidades de asistencia vinculada a la balanza de pagos de los países miembros, así como de la capacidad del FMI para financiar dichas necesidades. La revisión general permite, además, ajustar las cuotas de los países miembros para que reflejen las variaciones de su importancia relativa en la economía mundial. Por lo tanto, las principales cuestiones que se han abordado en las revisiones generales de cuotas son la magnitud del aumento general de las cuotas y la combinación de los ajustes equiproporcionales y selectivos dentro del aumento general. Un país miembro puede solicitar en cualquier otro momento que la Junta de Gobernadores considere un ajuste de su cuota. Cuando se aumentan las cuotas, el país miembro debe pagar normalmente el 25% del aumento en DEG, aunque el FMI puede prescribir el pago --en parte o en su totalidad-- en monedas de otros países miembros, con el consentimiento de éstos; el resto del aumento de cuota se debe pagar en la propia moneda del país miembro. El aumento de la cuota de un país miembro no puede entrar en vigor mientras éste no haya aceptado y pagado dicho aumento.
La undécima revisión general de cuotas concluyó en enero de 1998 y entró en vigor el 22 de enero de 1999, una vez que un total de países miembros cuyas cuotas representaban más del 85% del total de cuotas del FMI al 23 de diciembre de 1997 hubieron aceptado el aumento. En el marco esta revisión, el total de cuotas se elevará de DEG 145.600 millones a DEG 212.000 millones, cuando todos los países miembros hayan pagado íntegramente el aumento de su cuota. Al considerar la magnitud del aumento de cuotas acordado, se tomaron en consideración el crecimiento del comercio y los pagos mundiales; el volumen de los posibles desequilibrios de los pagos, incluidos los que puedan surgir debido a variaciones bruscas de los flujos de capital privado; la demanda futura de recursos del FMI para respaldar los programas de ajuste de los países miembros, la rápida globalización y liberalización del comercio y los pagos --incluida la cuenta de capital-- que han caracterizado la evolución de la economía mundial desde el último aumento de cuotas acordado en 1990, y la disminución de la liquidez del FMI, como consecuencia de la persistente elevada demanda de recursos del FMI.
Para que el FMI pueda lograr sus fines y llevar a cabo sus operaciones, el Convenio Constitutivo establece que la institución deberá supervisar el sistema monetario internacional. Para llevar a cabo esta tarea, denominada supervisión, el FMI procura determinar si las políticas económica y financiera de cada país son adecuadas para lograr un crecimiento económico ordenado y evalúa las repercusiones de dichas políticas en la economía mundial. El proceso de supervisión tiene por objeto identificar oportunamente los problemas de modo que los países puedan aplicar más rápidamente las medidas correctivas pertinentes. Los profundos cambios que ha experimentado la economía mundial en los últimos años han puesto de relieve la importancia de una supervisión eficaz y oportuna. Estos cambios se han reflejado en un aumento de las tareas del FMI. Tradicionalmente, la supervisión que ejerce el FMI se ha centrado principalmente en alentar a los países a corregir los desequilibrios macroeconómicos, reducir la inflación y llevar a cabo reformas esenciales del comercio exterior y del mercado cambiario, así como otras reformas de mercado. No obstante, y según la situación de cada país, se considera cada vez más necesario que los países adopten una gama mucho más amplia de reformas estructurales e institucionales orientadas a establecer y mantener la confianza del sector privado y sentar las bases de un crecimiento sostenido. Entre otras cuestiones de interés, cabe señalar el aumento de la eficiencia del sector financiero, la mejora de los procedimientos de recopilación y divulgación de datos, la mayor transparencia de los presupuestos del Estado y de la política monetaria y financiera, el fomento de la autonomía y de la independencia de los bancos centrales, y la promoción de las reformas legales y el buen gobierno.
El FMI ejerce sus tareas de supervisión principalmente a través de las consultas bilaterales ordinarias con cada país miembro, denominadas consultas del Artículo IV, y de las deliberaciones multilaterales en el contexto de los estudios sobre las perspectivas de la economía mundial, que realiza el Directorio Ejecutivo, y los informes anuales sobre los mercados internacionales de capital. Recientemente, el FMI ha llevado a cabo la supervisión a escala regional, examinando la evolución de la Unión Económica y Monetaria (UEM) de Europa y de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA). Consultas del Artículo IV. Las consultas del Artículo IV, el cauce principal de colaboración entre el FMI y los países miembros, permiten al FMI realizar un análisis sistemático de la evolución y la política económica de cada país miembro. Un equipo de funcionarios del FMI visita el país, obtiene información económica y financiera, y analiza con las autoridades la evolución económica desde la última consulta del Artículo IV, así como las políticas monetaria, fiscal y estructural que sigue el país. Los funcionarios redactan un informe que constituye las base de las deliberaciones que lleva a cabo el Directorio Ejecutivo. Al finalizar las mismas, el Presidente del Directorio resume las opiniones expresadas en la reunión y esta "exposición sumaria" se transmite a las autoridades nacionales. El FMI puede publicar una nota de información al público, basada en la exposición sumaria, si el país lo autoriza.
En marzo de 1999, el Directorio Ejecutivo convino en adoptar medidas adicionales encaminadas a fomentar la transparencia de las políticas de los países miembros y mejorar el asesoramiento en materia de política económica que les brinda la institución, tales como los procedimientos para la divulgación de las notas de información al público al término de las deliberaciones del Directorio Ejecutivo sobre los documentos de política económica y el proyecto piloto "limitado" de divulgación voluntaria de los informes del personal sobre las consultas del Artículo IV. En 1998/99, el FMI llevó a cabo 125 consultas del Artículo IV, divulgándose notas de información al público al término de 91 consultas. Supervisión multilateral. El examen de las perspectivas de la economía mundial constituye un marco que permite al Directorio Ejecutivo analizar la política económica de los países miembros desde una perspectiva multilateral, vigilar y examinar la situación económica mundial, y evaluar las perspectivas de la economía mundial conforme a diversos supuestos de política económica. El informe sobre los mercados internacionales de capital brinda al Directorio Ejecutivo la oportunidad de examinar la evolución de los mercados financieros y sus repercusiones en la economía mundial. Otros mecanismos de supervisión. Se han establecido otros mecanismos de supervisión como los acuerdos financieros de carácter precautorio, los programas de seguimiento oficioso por parte del personal y la supervisión reforzada.
En abril de 1998, el FMI observó con satisfacción la creación de la Unión Económica y Monetaria (UEM) de Europa, uno de los acontecimientos más importantes en el plano monetario internacional desde la conferencia de Bretton Woods. Se prevé que la UEM tenga una intensa repercusión en el sistema monetario internacional, en vista de que ofrece una economía dinámica e integrada de 300 millones de personas. En septiembre de 1998, el Directorio Ejecutivo examinó las consecuencias de la UEM para la supervisión que lleva a cabo el FMI y señaló que ésta, y en particular la adopción de una política monetaria única bajo la tutela de un Banco Central Europeo independiente, tendrá importantes consecuencias para la supervisión que ejerce el FMI. Dado que la política económica de la zona del euro tendrá efectos importantes sobre otros países, los directores convinieron en que la obligación que tiene el FMI de ejercer una firme supervisión sobre las políticas externa y cambiaria de los países miembros exigirá intensificar las conversaciones con la UE y las instituciones de la zona del euro, sobre todo con el BCE. En consecuencia, se decidió que los contactos con los representantes de las instituciones pertinentes de la UE se realizarán en el marco de las consultas del Artículo IV con cada uno de los países de la zona del euro.
En mayo de 1998, el Directorio Ejecutivo examinó la intensificación de la supervisión que ejerce el FMI en el ámbito de la evolución económica regional en África entablando un diálogo oficial entre el FMI y las instituciones regionales de la UEMOA. Los resultados económicos de los países miembros de la UEMOA han mejorado después de la devaluación de su moneda común, el franco CFA, en enero de 1994; no obstante, los directores opinaron que los resultados económicos sólo podrán seguir siendo favorables si se aplica una política macroeconómica acertada y se profundizan las reformas estructurales. Por último, los directores hicieron hincapié en la necesidad de mejorar la disponibilidad de información puntual y fiable sobre las cuentas nacionales, la deuda interna y la balanza de pagos con el fin de realizar una mejor supervisión.
En marzo de 1998, el Directorio Ejecutivo llevó a cabo el examen periódico de las políticas de los países miembros en el contexto de la supervisión, centrándose en esa ocasión en las enseñanzas de la crisis de Asia en lo que respecta a la supervisión. En su examen, los directores observaron que el FMI no siempre ha podido detectar a tiempo las tensiones emergentes en los países afectados por la crisis. Desde la perspectiva actual, está claro que la vulnerabilidad de los países afectados por la crisis no fue considerada en su justa medida, ni siquiera por los mercados. Al mismo tiempo, algunas otras economías con mercados emergentes que habían adoptado oportunamente --y mantenido-- medidas de política para hacer frente a las presiones de los mercados --incluso con el asesoramiento del FMI-- han podido detener con éxito la propagación de las turbulencias. Algunos directores subrayaron que no sería realista esperar que la supervisión que ejerce el FMI sirva para detectar precozmente todos los problemas y evitar todas las crisis, y que los efectos de contagio de la crisis, que se inició en Tailandia, fueron en gran medida imprevisibles. No obstante, alentaron al personal a que, en el ejercicio de la supervisión, haga más hincapié en los riesgos de efectos de contagio.
Cuando el FMI proporciona respaldo financiero a los países miembros, debe tener la certeza de que estos países aplicarán una política económica que permita reducir o eliminar el problema de sus pagos externos. El compromiso explícito de los países miembros de adoptar una serie de medidas de política específicas de carácter correctivo a cambio del respaldo financiero del FMI, se conoce como "condicionalidad". Los requisitos en materia de condicionalidad pueden variar desde un compromiso de carácter general de cooperar con el FMI en la adopción de medidas de política hasta la formulación de un plan específico y cuantificado con respecto a la política financiera. El financiamiento proveniente de los recursos generales del FMI en los tramos superiores de crédito se desembolsa por etapas. El FMI exige la presentación de una "carta de intención" en la que se describan la política que tienen previsto aplicar las autoridades durante el período del programa; los cambios de política económica que habrán de efectuarse para que se pueda aprobar el acuerdo; los criterios de ejecución, para que el país pueda girar recursos de la institución, y la realización de exámenes periódicos para que el Directorio Ejecutivo pueda evaluar la coherencia de las medidas de política con los objetivos del programa.
Aunque la condicionalidad que impone el FMI está vinculada a criterios de ejecución concretos, no se basa en un conjunto de normas operativas rígidas. Al respecto, el Directorio Ejecutivo ha establecido directrices en las que:
El FMI es consciente de que no existe un único modelo de reforma que convenga a todos los países miembros. Por lo tanto, cada país miembro elabora, en estrecha colaboración con el personal del FMI, el programa que respaldará la institución. El proceso comprende un examen global de la economía del país miembro, incluidas las causas y la naturaleza de sus problemas de balanza de pagos, y un análisis de las medidas necesarias para lograr un equilibrio estable entre la demanda y la disponibilidad de recursos. En los programas respaldados por el FMI se hace hincapié en determinadas variables económicas fundamentales. También se destacan ciertos elementos básicos del sistema de precios que repercuten significativamente en las finanzas públicas y el comercio exterior del país, y la reacción de la economía por el lado de la oferta. Durante el período de vigencia de un acuerdo de derecho de giro, de un acuerdo ampliado (SAF), o de un acuerdo en el marco del servicio reforzado de ajuste estructural (SRAE), el FMI supervisa el programa de reforma del país miembro aplicando criterios de ejecución que se determinan en función de la estructura económica e institucional del país, la disponibilidad de datos y la conveniencia, entre otras consideraciones, de prestar especial atención a variables macroeconómicas generales. También se evalúan, mediante exámenes periódicos, los resultados obtenidos en el marco del programa.
Aunque las políticas macroeconómicas que tienen por objeto influir en la demanda agregada siguen cumpliendo una función clave en los programas de ajuste respaldados por el FMI, es un hecho reconocido que las medidas destinadas a reforzar la economía por el lado de la oferta son a menudo esenciales para recobrar en forma sostenida la viabilidad externa y un crecimiento económico sólido. Los programas de ajuste respaldados por el FMI que aplican los países miembros para aumentar el potencial de crecimiento y la flexibilidad de sus economías incluyen medidas encaminadas a:
Durante más de una década, el FMI ha examinado los aspectos sociales de las medidas de política económica en sus deliberaciones con los países miembros. En muchos casos, el FMI ha proporcionado a los países miembros asesoramiento en materia de redes de protección social, equidad de la política económica global y composición del gasto público, alentando a los países a reasignar el gasto, mediante la eliminación de los gastos improductivos y el aumento de los gastos que fomentan el crecimiento. El interés creciente del FMI en las cuestiones de política social se debe al reconocimiento de que es más probable que los programas de reforma sean viables a largo plazo si en ellos se hace hincapié en la equidad y el desarrollo de los recursos humanos. Actualmente, en la mayor parte de las consultas bilaterales con los países miembros se examinan las repercusiones de las medidas de política económica sobre la pobreza, la salud, la educación y el empleo. En los programas respaldados por el FMI a favor de los países miembros de bajo ingreso en el marco del SRAE se presta atención especial a las cuestiones sociales. Por ejemplo, se puede solicitar a los países que se acogen a un acuerdo en el marco del SRAE que hagan frente a los problemas de la pobreza acelerando el crecimiento económico y mejorando el suministro de servicios básicos a los grupos más necesitados de la población. Para amortiguar los efectos de la reducción de las subvenciones sobre los grupos más pobres de la sociedad, en los programas respaldados por el SRAE se recomienda con frecuencia mantener o incluso aumentar el gasto en servicios sociales esenciales. Si bien otros organismos, como el Banco Mundial, tienen un mandato en el que se incluyen más específicamente las cuestiones sociales, el FMI ha procurado contribuir a la tarea de mejorar la equidad: 1) asegurándose de que se defina un programa social, 2) colaborando con los gobiernos y otras entidades en la preparación de un marco de política económica que garantice la coherencia entre los objetivos sociales y económicos de un país, y 3) fomentando el método utilizado por la Organización Mundial del Trabajo, que se basa en la participación de representantes de los trabajadores y de los empleadores junto con los gobiernos, en las deliberaciones sobre los principales cambios de política económica. Recientemente, el FMI examinó el gasto social en 31 países de bajo ingreso que habían recibido respaldo en el marco del SRAE. Los resultados correspondientes a 1986–97 indican que estos países, en su conjunto, lograron notables avances en el aumento del gasto público social y la mejora de los indicadores sociales. A pesar de estos avances, en muchos países la escasez de datos, la falta de capacidad administrativa, la falta de voluntad política, los intereses creados y un volumen limitado de asistencia externa han impedido la aplicación de la política social. En última instancia, para lograr que las medidas de reforma tengan éxito, es fundamental evaluar los costos humanos que entraña el proceso de reforma.
El FMI ofrece asistencia financiera a los países miembros para ayudarles a corregir problemas de balanza de pagos y amortiguar el impacto de las reformas. El FMI otorga financiamiento utilizando sus recursos generales o a través de su servicio financiero de carácter concesionario, que se administra por separado. La concesión de crédito del FMI está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo y --en la mayoría de los casos-- al compromiso del país miembro de adoptar medidas para corregir las causas de los desequilibrios de su balanza de pagos. El acceso de un país miembro a los recursos del FMI es proporcional a su cuota.
La forma más básica de respaldo financiero del FMI se ofrece en el marco de la política de tramos de crédito. Un país confrontado con dificultades de balanza de pagos puede utilizar un monto equivalente al 25% de su cuota ("primer tramo de crédito") si demuestra que ha adoptado las medidas necesarias para superar sus dificultades de balanza de pagos. El financiamiento en el segundo, tercero y cuarto tramo de crédito (tramos superiores de crédito) está normalmente vinculado a un acuerdo de derecho de giro o un acuerdo en virtud del servicio ampliado del FMI.
Acuerdos de derecho de giro. En el marco de un acuerdo de derecho de giro, un país pone en práctica --generalmente por un período de uno o dos años-- un programa que incluye modificaciones de la política macroeconómica con el fin de resolver sus problemas de balanza de pagos. El país, en consulta con el personal técnico del FMI, diseña el programa de modo de poder alcanzar sus objetivos. Para recibir el financiamiento, el país debe cumplir los "criterios de ejecución", que indican la aplicación exitosa del programa. Estos criterios, que permiten tanto al país miembro como al FMI evaluar el progreso logrado y tal vez señalar la necesidad de medidas correctivas adicionales, incluyen generalmente topes al déficit presupuestario, crédito y deuda externa del sector público, así como metas para las reservas. El país rembolsa el crédito utilizado en un plazo de 3¼–5 años. Servicio ampliado del Fondo. A través de este servicio, el FMI proporciona asistencia a los países miembros por períodos más largos y generalmente en cantidades mayores. Los acuerdos en virtud del servicio ampliado que normalmente se otorgan por un período de tres años, prorrogable a cuatro, están diseñados para hacer frente a dificultades de balanza de pagos que provienen, en gran medida, de problemas estructurales y cuya superación requiere un período más prolongado. El período de rembolso es de 4½ a 10 años. El total de recursos del FMI comprometidos en el marco de acuerdos de derecho de giro y acuerdos en virtud del servicio ampliado aprobados en 1998/99 ascendió a DEG 28.400 millones, cerca de la mitad a favor de Brasil, un quinto a favor de Indonesia y un quinto también a favor de Rusia.
Servicio de financiamiento de existencias reguladoras. En virtud de este servicio, el FMI ayuda a los países miembros muy dependientes de la exportación de productos básicos a cumplir sus compromisos financieros en el marco de convenios internacionales establecidos con el objeto de aminorar la inestabilidad de los precios de dichos productos. En los últimos 15 años no se ha efectuado ningún giro en el marco de este servicio. Servicio de financiamiento compensatorio y para contingencias (SFCC). A través del elemento compensatorio del SFCC, se proporciona financiamiento oportuno a los países miembros que deben hacer frente a una insuficiencia temporal de ingresos de exportación o un costo excesivo de la importación de cereales, atribuibles a circunstancias que escapan a su control. Este elemento del servicio ha sido utilizado sobre todo por los países exportadores de productos básicos. Mediante el elemento relativo a contingencias se ayuda a los países miembros que mantienen acuerdos con el FMI a llevar adelante sus programas de ajuste cuando se encuentran confrontados con perturbaciones externas imprevistas, tales como la baja de los precios de las exportaciones y el aumento de los precios de las importaciones o de las tasas de interés internacionales; también pueden quedar cubiertos los ingresos del turismo y las remesas de los trabajadores si constituyen un elemento significativo de la cuenta corriente del país miembro. En 1998/99, cuatro países --Azerbaiyán, Jordania, Pakistán y Rusia-- giraron un total de DEG 2.600 millones en el marco del SFCC. Servicio de complementación de reservas (SCR). En diciembre de 1997, el Directorio Ejecutivo estableció el servicio de complementación de reservas respondiendo a la demanda sin precedentes de recursos del FMI derivada de la crisis de Asia. El SCR tiene por objeto asistir a los países miembros con dificultades excepcionales de balanza de pagos originadas por una necesidad de financiamiento a corto plazo en gran escala, que puede provenir, a su vez, de una pérdida súbita y perturbadora de la confianza de los mercados, manifestada en presiones sobre la cuenta de capital y las reservas del país. La asistencia se otorgará cuando pueda preverse que, mediante la aplicación de medidas de ajuste enérgicas y con un respaldo financiero adecuado, se logrará superar las dificultades de balanza de pagos en un plazo breve.
El FMI activó por primera vez el SCR en diciembre de 1997, comprometiendo DEG 9.950 millones a favor de Corea como parte de un acuerdo de derecho de giro. En julio de 1998, se comprometieron DEG 4.000 millones a favor de Rusia en el marco del SCR, como parte del aumento de los recursos correspondientes al acuerdo en virtud del servicio ampliado, y en diciembre de 1998, DEG 9.100 millones a favor de Brasil en el marco del SCR como parte de un acuerdo de derecho de giro. Líneas de crédito contingente (LCC). En abril de 1999, el Directorio ratificó la creación de líneas de crédito contingente, como medida de carácter precautorio, con el fin de ayudar a los países con una economía fundamentalmente sólida y bien administrada que confronten problemas de balanza de pagos como consecuencia de una pérdida repentina y perturbadora de la confianza del mercado causada por el contagio (véase el recuadro, pág. 16).
Servicio reforzado de ajuste estructural (SRAE). Este mecanismo se creó en 1987 como sucesor del servicio de ajuste estructural (SAE), que se había creado, a su vez, en 1986, y fue ampliado y prorrogado en febrero de 1994. A través del SRAE, el FMI proporciona respaldo financiero de carácter concesionario a los países miembros de bajo ingreso con problemas de balanza de pagos persistentes. Mediante los recursos del SRAE se procura respaldar sólidos programas de ajuste estructural a mediano plazo. Los países miembros habilitados para utilizar este servicio que deseen hacerlo deben elaborar, con la asistencia de funcionarios del FMI y del Banco Mundial, un documento sobre parámetros de política económica que incluya un programa de ajuste trienal. En dicho documento, que es un documento de las autoridades nacionales actualizado anualmente, se describen los objetivos económicos fijados por las autoridades y la estrategia económica establecida para logarlos, así como las correspondientes necesidades de financiamiento externo y principales fuentes de financiamiento. Con este documento se procura establecer un marco coherente para la política económica y atraer asistencia financiera y técnica en respaldo del programa de ajuste.
A través de las medidas de ajuste de los programas del SRAE se intenta reforzar sustancialmente la balanza de pagos y promover el crecimiento económico en el trienio correspondiente. El seguimiento de la ejecución de los programas se basa en indicadores financieros y estructurales trimestrales. En 1998 se modificó la estructura de los acuerdos en el marco del SRAE a fin de que haya un seguimiento más intensivo de los programas basados en criterios de ejecución, revisiones y desembolsos semestrales o trimestrales. Los préstamos otorgados en el marco del SRAE se desembolsan normalmente en forma semestral, inicialmente al aprobarse un acuerdo y luego a medida que se verifica el cumplimiento de los criterios de ejecución y una vez finalizadas las revisiones. Los préstamos del SRAE se rembolsan en 10 cuotas semestrales iguales, la primera a los 5½ años y la última a los 10 años a partir de la fecha de cada desembolso. La tasa de interés que se aplica a dichos préstamos es del 0,5% anual. En 1998/99 el FMI aprobó 10 nuevos acuerdos en el marco del SRAE, por un total de DEG 900 millones, a favor de Albania, Bolivia, Gambia, Guyana, Honduras, la República Centroafricana, la República Kirguisa, Rwanda, Tayikistán y Zambia. Se aumentaron los recursos correspondientes a seis acuerdos en el marco del SRAE en un total de DEG 100 millones. Al 30 de abril de 1999 se encontraban en vigor 35 acuerdos en el marco del SRAE. El total acumulativo de compromisos correspondientes a acuerdos en el marco del SAE y SRAE desde 1986 (excluidos los montos no desembolsados correspondientes a acuerdos que habían expirado o se habían cancelado) era de DEG 11.100 millones al 30 de abril de 1999, en comparación con DEG 10.300 millones un año antes. El total de desembolsos en el marco del SRAE ascendió a DEG 800 millones en 1998/99, en comparación con DEG 1.000 millones en 1997/98, con lo cual el total acumulativo de desembolsos en el marco del SAE y SRAE al 30 de abril de 1999 era de DEG 9.000 millones. Desde esa fecha, se han aprobado cuatro nuevos acuerdos en el marco del SRAE a favor de Ghana (DEG 155 millones), Malí (DEG 46,7 millones), Mauritania (DEG 42,5 millones) y Mozambique (DEG 58,8 millones). También se aumentaron el acuerdo en vigor en el marco del SRAE a favor de Albania en DEG 10 millones y el acuerdo a favor de Georgia en DEG 5,6 millones. Financiamiento de la Cuenta Fiduciaria del SRAE. Los recursos utilizados para financiar los préstamos que respaldan los acuerdos del SRAE se mantienen separados de los recursos generales del FMI y son administrados por el FMI en calidad de fideicomisario de la Cuenta Fiduciaria del SRAE. Las operaciones del SRAE se realizan a través de tres cuentas con funciones diferentes. La Cuenta Fiduciaria del SRAE toma prestados recursos a través de la Cuenta de Préstamos para represtarlos a los países miembros habilitados mediante acuerdos en el marco del SRAE, coincidiendo el plazo de vencimiento de los giros contra los prestamistas con el plazo de vencimiento de los préstamos a los prestatarios del SRAE. Los prestamistas han concedido préstamos a la Cuenta Fiduciaria del SRAE con diversas tasas de interés: a tasas de mercado en la mayoría de los casos, sin intereses en un caso, y a tasas de interés muy bajas en otros. La mayoría de los prestamistas que han otorgado préstamos a tasas de interés basadas en el mercado han hecho otras contribuciones para reducir la tasa de interés que se cobra a los prestatarios. Las contribuciones con fines de subvención (incluida una contribución de la Cuenta Especial de Desembolsos del FMI en 1994) se canalizan a través de la Cuenta de Subvención. Estas contribuciones han adoptado la forma de donaciones directas o depósitos a tasas de interés concesionarias. La Cuenta Fiduciaria invierte estos fondos, y la diferencia entre las tasas de interés representa la contribución para otorgar subvenciones. En la Cuenta de Reservas se consignan recursos como garantía para los prestamistas frente a la posibilidad de incumplimiento por parte de los prestatarios. Los recursos en la Cuenta de Reservas proceden esencialmente de rembolsos de préstamos del SAE y de la parte de los préstamos del SRAE financiada con recursos del SAE que, en última instancia, proceden de las utilidades generadas por las ventas de oro que realizó el FMI en 1976–81.
Autofinanciamiento del SRAE. Basándose en el amplio consenso de que el SRAE es, y seguirá siendo, la piedra angular del respaldo que brinda el FMI a los países más pobres, incluso en el contexto de la Iniciativa para los PPME, el Directorio Ejecutivo aprobó en 1996 un marco para la continuación de las operaciones del SRAE. Según las proyecciones actuales, se prevé que los recursos disponibles estarán totalmente comprometidos al final del año 2000. En el año 2005, o quizás antes, entraría en funcionamiento un SRAE autofinanciado, con una capacidad de compromisos de unos DEG 800 millones anuales, que se financiaría con recursos propios del FMI consignados en la Cuenta de Reservas, los cuales se irán liberando a medida que se efectúen los rembolsos a los prestamistas del SRAE. Entretanto, y durante un período transitorio de unos cuatro años, habría que movilizar un volumen de financiamiento estimado en DEG 1.400 millones "según sea necesario" para cubrir la subvención de los intereses. Además, se estima que las necesidades de financiamiento para las operaciones especiales del SRAE en el marco de la Iniciativa para los PPME propuesta ascenderán a unos DEG 2.600 millones, "según sea necesario".
En circunstancias específicas, que no puedan enmarcarse en los servicios financieros ordinarios y especiales, el FMI otorga financiamiento a los países miembros al amparo de varios mecanismos especiales, entre ellos, el mecanismo de financiamiento de emergencia, el respaldo a los fondos de estabilización cambiaria y la asistencia de emergencia a los países con dificultades de balanza de pagos provocadas por catástrofes naturales súbitas e imprevisibles o que han surgido a raíz de conflictos civiles. Mecanismo de financiamiento de emergencia. Consiste en una serie de procedimientos para que el Directorio Ejecutivo apruebe rápidamente la concesión de respaldo financiero del FMI, manteniendo al mismo tiempo la condicionalidad necesaria para justificar dicho respaldo. Estas medidas de emergencia sólo deben utilizarse en circunstancias que representen --o amenacen provocar-- una crisis de balanza de pagos en un país miembro que requiera respuesta inmediata del FMI. El Directorio Ejecutivo estableció este mecanismo en septiembre de 1995, y se utilizó en 1997 a favor de Filipinas, Tailandia, Indonesia y Corea, y en julio de 1998 a favor de Rusia. Respaldo a los fondos de estabilización cambiaria. En septiembre de 1995, el FMI decidió proporcionar respaldo financiero para la creación de un fondo de estabilización cambiaria, con el fin de infundir mayor confianza en las estrategias de estabilización basadas en el tipo de cambio, preferentemente una vinculación del tipo de cambio con márgenes relativamente estrechos o un vínculo móvil anunciado con antelación. Sin embargo, hasta ahora el FMI no ha proporcionado este tipo de asistencia a ningún país miembro. Para que estos fondos de estabilización cumplan su objetivo, la política económica ha de ser suficientemente restrictiva a fin de mantener las tasas de inflación en niveles compatibles con el ancla cambiaria establecida como meta, de modo que se prevea recurrir en escasa medida al fondo de estabilización cambiaria para la intervención en los mercados de divisas. El respaldo del FMI al fondo de estabilización cambiaria estaría condicionado a:
En 1995, se amplió el alcance de la asistencia de emergencia a fin de incluir los países que han atravesado perturbaciones políticas, disturbios civiles o conflictos armados internacionales y que no pueden poner en práctica los programas respaldados por el FMI debido a los daños causados a su capacidad institucional y administrativa. Además de la asistencia financiera de emergencia, de rápido desembolso, el FMI proporciona asesoramiento en materia de política macroeconómica y asistencia técnica enminada a reconstruir la capacidad del país para poner en práctica la política. En abril de 1999, el Directorio Ejecutivo discutió la forma de mejorar su asistencia a los países en etapa de posguerra y convino en ciertas medidas encaminadas a mejorar las condiciones de la asistencia financiera de emergencia a los países en etapa de posguerra. Convino igualmente en que el FMI, al poner en práctica su estrategia en relación con las obligaciones financieras en mora, tendría en cuenta las dificultades especiales con que se ven confrontados los países en etapa de posguerra con atrasos en los pagos. En 1998/99, el FMI proporcionó asistencia de emergencia a países en etapa de posguerra, por un total de DEG 19 millones, a la República del Congo y Sierra Leona, y asistencia de emergencia por un total de DEG 202 millones para ayudar a Bangladesh, la República Dominicana, Haití, Honduras y Saint Kitts y Nevis a hacer frente a catástrofes naturales.
El FMI ha desempeñado un papel de primer orden, a través de sus directrices en materia de política económica y su respaldo financiero, en la asistencia a los países miembros que deben hacer frente a los problemas de la deuda externa. Si bien los instrumentos utilizados han evolucionado con el correr del tiempo, los principios básicos de la estrategia siguen siendo los mismos:
El FMI sigue respaldando, conforme a las circunstancias de cada caso, las operaciones de reducción de la deuda y del servicio de la deuda frente a los bancos comerciales. La institución evalúa los programas en función de la solidez de la política económica del país miembro, de la probabilidad de que el programa contribuya a que el país vuelva a tener acceso a los mercados de crédito y logre la viabilidad de la balanza de pagos en un entorno de crecimiento, y de que haya garantías de que el programa representa un uso eficiente de recursos escasos. El FMI tiene en cuenta el equilibrio adecuado entre la reducción de la deuda y del servicio de la deuda en los programas y procura determinar: si la estructura del servicio de la deuda resultante de la operación es compatible con la capacidad de servicio del país; si el programa es eficaz en función de los costos; si el programa entraña la continuidad de la participación de los bancos comerciales, cuando proceda, y si puede facilitar el restablecimiento del financiamiento comercial convencional, y si la gama de opciones es equilibrada y suficientemente amplia para lograr un elevado nivel de participación en el programa.
Los países miembros que desean reprogramar la deuda bilateral oficial recurren normalmente al Club de París, que ofrece un foro para que los países endeudados y sus acreedores bilaterales oficiales negocien acuerdos que, en general, contemplan la reprogramación de los pagos atrasados y los montos exigibles por concepto de servicio de la deuda reprogramable que vencen durante el período de consolidación (que corresponde, en general, al período del acuerdo respaldado por el FMI), estableciéndose un período de rembolso de muchos años. Para que dicho alivio facilite el restablecimiento de la viabilidad de la balanza de pagos y un crecimiento económico sostenido, el Club de París condiciona el alivio de la deuda a la formulación de un programa económico respaldado por el FMI. Asimismo, para determinar la cobertura y las condiciones de cada acuerdo de reprogramación, los acreedores del Club de París se basan en los análisis y evaluaciones del FMI sobre la situación de balanza de pagos y de la deuda de cada país. De los 30 países de ingreso mediano que han reprogramado su deuda frente a los acreedores del Club de París en las dos últimas décadas, 24 han superado el proceso de reprogramación y se prevé que varios otros países lo hagan al final del período de consolidación. La "salida" de este proceso refleja los progresos significativos logrados por muchos países de ingreso mediano en la estabilización macroeconómica y la reforma estructural, lo que ha contribuido a facilitar el acceso de dichos países al financiamiento externo privado. En cambio, menos de la cuarta parte de los 37 países de bajo ingreso que han recurrido a la reprogramación están en condiciones de poder prescindir de ese proceso, debido en parte a la magnitud de la carga de deuda que soportan y, en muchos casos, debido en parte a que el ritmo de la estabilización macroeconómica y de la reforma estructural no ha sido constante. Desde diciembre de 1994, los acreedores del Club de París han accedido a reprogramar la deuda de los países de bajo ingreso en las "condiciones de Nápoles", en virtud de las cuales el servicio de la deuda reprogramable se reduce hasta un 67%, en valor neto actualizado. Además, los acreedores han accedido a reprogramaciones definitivas en las condiciones de Nápoles del saldo de la deuda de los países de bajo ingreso que han establecido un historial satisfactorio con respecto a los acuerdos de reprogramación y a la ejecución de los programas respaldados por el FMI. En septiembre de 1997 se llegó a un acuerdo con respecto a la participación de Rusia en calidad de acreedor en las reprogramaciones del Club de París. Gracias a este acuerdo, se han facilitado la regularización de las obligaciones contraídas por los países en desarrollo frente a Rusia y la implementación de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME) en el caso de los países muy endeudados frente a Rusia.
El FMI y el Banco Mundial elaboraron conjuntamente un programa de acción --la Iniciativa para los PPME-- encaminado a resolver los problemas de la deuda de los países pobres que aplican políticas acertadas pero no logran, mediante los mecanismos tradicionales de alivio, reducir la deuda externa a niveles viables. En estos países, la carga de la deuda externa constituye una amenaza para el ajuste y el crecimiento. La Iniciativa para los PPME, adoptada en septiembre de 1996, proporciona asistencia excepcional a los países habilitados a fin de ayudarles a reducir la carga de su deuda externa a niveles que les permitan atender el servicio de su deuda con los ingresos de exportación, la asistencia externa y las entradas de capital. Esta asistencia excepcional entraña la reducción del valor neto actualizado de todos los títulos de crédito frente al país endeudado. Países habilitados. Pueden acogerse a la Iniciativa todos los PPME que estén habilitados para recibir financiamiento en el marco del servicio reforzado de ajuste estructural (SRAE) y de la Asociación Internacional de Fomento (AIF). La Iniciativa se basa en un enfoque global, integrado y coordinado de reducción de la deuda externa, que requiere la participación de todos los acreedores: bilaterales, multilaterales y comerciales. Además, la Iniciativa es consecuente con las estrategias adoptadas en el pasado y, de hecho, las complementa. Para recibir alivio de la deuda de la comunidad internacional, el país deudor debe adoptar políticas apropiadas a fin de que dicho alivio se utilice con eficacia. Por lo tanto, uno de los aspectos clave de la Iniciativa es que el país persevere en sus esfuerzos por lograr el ajuste macroeconómico y llevar a cabo reformas estructurales y sociales. Evolución. En junio de 1999, el FMI y el Banco Mundial habían considerado los casos de 12 países que deseaban acogerse a la Iniciativa para los PPME y habían convenido en proporcionar asistencia a 7 de ellos. En abril de 1998, Uganda se convirtió en el primer país en alcanzar el punto de culminación en el marco de la Iniciativa y, desde entonces, otros tres países lo han alcanzado, a saber: Bolivia (septiembre de 1998), Guyana (mayo de 1999) y Mozambique (junio de 1999). La asistencia financiera otorgada a estos cuatro países asciende a un total de más de DEG 191 millones, expresado en valores netos actualizados. Además, tres países han alcanzado el punto de decisión y han obtenido compromisos de asistencia en el marco de la Iniciativa: Burkina Faso, Côte d´Ivoire y Malí. Se prevé que estos tres países alcanzarán el punto de culminación de aquí al año 2001.
Iniciativa para los PPME En una reunión celebrada en Colonia, Alemania, en junio de 1999, los jefes de Estado y de gobierno del Grupo de los Ocho señalaron que la Iniciativa para los PPME ha dado resultados positivos desde su puesta en marcha en 1996, ya que ha aunado los esfuerzos de diferentes acreedores multilaterales en un marco de alivio de la deuda. Sin embargo, dadas las dificultades que siguen presentándose a muchos países pobres muy endeudados, los ocho dirigentes propusieron el fortalecimiento de la Iniciativa para los PPME. Conforme a lo previsto en la iniciativa reforzada, se lograría una disminución de más del 50% del saldo de la deuda de los países que cumplan los requisitos, reduciéndose los pagos de intereses y liberándose recursos para gastos sociales esenciales como salud y educación. Otra propuesta fue consolidar la Iniciativa a fin de establecer un marco reforzado para la reducción de la pobreza. Los Directorios del Banco Mundial y del FMI están considerando varias propuestas para reforzar la Iniciativa, acentuar la relación entre el alivio de la deuda y la reducción de la pobreza y financiar los grandes aumentos de costo que enfrentan el FMI y la AIF. Se prevé que el Comité Provisional y el Comité para el Desarrollo examinarán estas cuestiones en septiembre.
la supervisión y el financiamiento
El aumento del número de países miembros del FMI y la adopción de reformas orientadas al mercado en muchos países provocó una rápida expansión de las actividades de asistencia técnica del FMI en 1990–94. Desde entonces, debido a restricciones presupuestarias y de capital, la asistencia técnica y los programas de capacitación que brinda el FMI a los países miembros se han estabilizado en torno a unos 300 años en tiempo de personal y expertos, más unos US$10 millones anuales para becas y programas de formación. Todo esto representa aproximadamente el 15% de los gastos de administración de la institución. La creación de un consenso a escala mundial en torno a los elementos necesarios para lograr un crecimiento sostenido ha facilitado el desarrollo de una relación más productiva y sinérgica entre los objetivos de la política macroeconómica y los que persigue la asistencia técnica. Los países miembros y el FMI están cada vez más convencidos de que la oportuna provisión de una asistencia técnica eficaz es un elemento clave de las medidas encaminadas a respaldar las reformas institucionales y de política económica.
La demanda de asistencia técnica ha superado con creces la capacidad de respuesta del FMI, lo que ha obligado a adoptar medidas para asignar prioridades y distribuir con más rigor los recursos de asistencia técnica entre los países miembros y las regiones. El Comité de Asistencia Técnica, integrado por altos funcionarios de diversos departamentos, facilita la asignación de recursos y la determinación de las políticas y procedimientos del FMI en materia de asistencia técnica. El Directorio Ejecutivo del FMI ha prestado cada vez más atención al tema de la asistencia técnica en los últimos años. Además de señalar la importancia de estas actividades en el caso de determinados países, ha brindado orientación para evaluar la asistencia técnica, los mecanismos de financiamiento y los aspectos prioritarios. Cada vez es mayor el consenso con respecto a la idea de que una cuidadosa combinación de asistencia técnica en materia de políticas y de desarrollo institucional para respaldar los objetivos macroeconómicos de las autoridades es un elemento clave para fomentar y mantener un crecimiento económico duradero.; de hecho, la asistencia técnica representa actualmente uno de los tres elementos básicos de la actividad del FMI, junto con la supervisión y el diseño y financiamiento de los programas.
El FMI proporciona asistencia técnica en cuatro grandes campos: diseño y ejecución de políticas monetarias y fiscales, desarrollo institucional (creación de bancos centrales, departamentos de tesorería, y administración tributaria y de aduanas), recopilación y elaboración de datos estadísticos, y redacción y estudio de la legislación financiera. El FMI presta esta asistencia técnica a través de varios departamentos:
Departamento de Finanzas Públicas. Se encarga principalmente del asesoramiento en materia de administración tributaria y de aduanas, presupuesto y gestión del gasto público, cuestiones de política tributaria, reforma de pensiones y diseño de redes de protección social, y exámenes del gasto público. Departamento de Estadística. Ayuda a los países miembros a cumplir las normas aceptadas internacionalmente en materia de declaración de estadísticas. El acuerdo sobre las Normas Especiales para la Divulgación de Datos ya ha dado lugar a un aumento de la demanda de asistencia técnica, que abarca las estadísticas monetarias, de balanza de pagos, del sector real y de las finanzas públicas, e incluye un elemento importante de capacitación mediante la organización de seminarios regionales y locales. Instituto del FMI. Ofrece capacitación a funcionarios en la sede del FMI, en el Instituto Multilateral de Viena y en centros nacionales y regionales. Los cursos y seminarios abarcan una amplia gama de temas, entre otros, la programación y política financieras, el análisis financiero, las finanzas públicas y las medidas de política para el sector exterior, las estadísticas, la supervisión bancaria y las operaciones cambiarias. El Instituto del FMI también administra varios programas de becas para economistas de Asia, financiados por Japón y Australia, en Japón, Australia y en universidades de Estados Unidos y Canadá. Para hacer frente a la creciente demanda de capacitación en el futuro, se ampliarán las posibilidades de aprendizaje mediante actividades de enseñanza a distancia, una colaboración más intensa con otras instituciones regionales de capacitación y la introducción de cursos especializados para funcionarios de alto nivel. Departamento Jurídico. Brinda asesoramiento a los países miembros para redactar nuevas leyes y capacitar a los principales abogados del Estado, sobre todo en materia de banca central, bancos comerciales, operaciones cambiarias y finanzas públicas. Esta asistencia se proporciona en coordinación con otros departamentos del FMI y con los departamentos jurídicos de otras instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial. Departamento de Elaboración y Examen de Políticas. Proporciona asesoramiento en materia de política y gestión de la deuda, y diseño y ejecución de reformas de la política comercial. El Departamento de Tesorería presta asistencia técnica en la organización y las operaciones financieras del FMI, la creación y el mantenimiento de las cuentas de la institución y en aspectos relativos a las transacciones de los países miembros con el FMI. La Dirección de Servicios de Informática ha contribuido a la modernización de los sistemas de informática en bancos centrales, ministerios de Hacienda y oficinas de estadística.
Las misiones de asesoramiento constituyen un importante componente de la asistencia técnica. Dichas misiones asesoran a los países en la resolución de problemas monetarios, fiscales y estadísticos que, con frecuencia, son una de las causas principales de los desequilibrios macroeconómicos que los países desean eliminar. Además, el FMI destina expertos sobre el terreno por períodos que oscilan entre seis meses y dos años para facilitar la puesta en práctica de las recomendaciones formuladas en materia de política. Tradicionalmente, la asistencia técnica se orientaba a un solo objetivo, muy específico, y se prestaba durante un plazo relativamente corto. En los últimos años, los proyectos de asistencia técnica se han tornado más grandes y más complejos; se han prolongado los plazos y se ha tenido que recurrir a múltiples fuentes de financiamiento para hacer frente a los costos. Hoy día, lo normal es que en los grandes proyectos participen más de un departamento del FMI y más de un donante.
con otros organismos A partir de 1989, el FMI tomó oficialmente las medidas necesarias para coordinar su política de asistencia técnica y cooperar con otros organismos multilaterales y bilaterales a fin de evitar contradicciones y duplicación de esfuerzos. También comenzó a estudiar diversas formas de complementar sus propios recursos mediante acuerdos de cofinanciamiento con otros proveedores de asistencia técnica. Esta cooperación ha permitido adoptar un enfoque más integrado para planificar y poner en práctica la asistencia técnica, sobre todo a escala nacional. En varios países se están poniendo en marcha programas globales de asistencia técnica de varios años de duración. La coordinación ha avanzado también a escala mundial mediante la creación de comités de coordinación y grupos de trabajo especializados de carácter técnico. El FMI sigue considerando prioritaria su participación en foros internacionales como el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en el que se examinan y coordinan las políticas de asistencia técnica y los procedimientos. En materia de banca central, el FMI colabora con 24 bancos centrales para prestar asistencia técnica y capacitación a la antigua Unión Soviética. El FMI coordina este programa con el apoyo del Banco de Pagos Internacionales. El Gobierno de Japón ha mantenido su generosa contribución anual a la asistencia técnica del FMI y el programa de becas. Además, el FMI ha suscrito acuerdos de asistencia técnica, de carácter general, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como varios acuerdos con el Banco Mundial y la Unión Europea a favor de determinados países. Varios donantes bilaterales han respaldado programas de asistencia técnica administrados por el FMI mediante contribuciones en efectivo a los proyectos conjuntos del PNUD y el FMI. Para encauzar el creciente interés demostrado por otros posibles donantes en respaldar la asistencia técnica del FMI, el Directorio Ejecutivo autorizó la creación de la Cuenta Administrada General para las Actividades de Asistencia Técnica en abril de 1995. En el marco de esta Cuenta Administrada se establecen subcuentas separadas para que los donantes respalden dichas actividades. Los contribuyentes más recientes han sido Suiza y Dinamarca. Las subcuentas, que pueden establecerse fácil y rápidamente, permiten a los donantes financiar, a través del FMI, una amplia gama de actividades de asistencia técnica y capacitación a corto o largo plazo.
Los recursos ordinarios del FMI provienen de las cuotas de los países miembros. Cuando sus recursos se sitúan en un nivel bajo con respecto a la demanda del uso de estos recursos por parte de los países miembros, el FMI está autorizado a obtener préstamos para complementar dichos recursos. Hasta la fecha, el FMI sólo ha obtenido préstamos de fuentes oficiales, como gobiernos, bancos centrales y el Banco de Pagos Internacionales, pero también puede obtener préstamos de fuentes privadas. Actualmente están en vigor los Acuerdos Generales para la Obtención de Préstamos (AGP), establecidos en 1962, y los Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos (NAP), que entraron en vigor en noviembre de 1998. Los AGP son acuerdos en virtud de los cuales 11 países industriales, o sus bancos centrales, se comprometen a prestar al FMI una cantidad determinada de sus monedas en circunstancias especiales a tasas de interés vinculadas a las del mercado. Los AGP, que se han revisado y renovado varias veces; recientemente se renovaron por cinco años a partir del 26 de diciembre de 1998. Participan en estos acuerdos Bélgica, el Banco de Suecia, el Banco Federal de Alemania, el Banco Nacional de Suiza, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, los Países Bajos y el Reino Unido. El FMI mantiene también un acuerdo paralelo con Arabia Saudita en condiciones similares. Actualmente, el FMI puede obtener hasta un total de DEG 17.000 millones al amparo de los AGP, más otros DEG 1.500 millones en el marco del acuerdo con Arabia Saudita. El FMI puede obtener recursos en préstamo para financiar compras de participantes en los AGP cuando dicho financiamiento sea necesario para "paliar o hacer frente a un deterioro del sistema monetario internacional". Los criterios aplicables a los no participantes son más estrictos: los giros habrán de realizarse en el contexto de un programa de ajuste respaldado por el FMI en el marco de un acuerdo de derecho de giro o un acuerdo ampliado (o un giro en los tramos superiores de crédito). En julio de 1998, los participantes convinieron en prestar al FMI, en el marco de los AGP, un monto de DEG 6.300 millones para proporcionar respaldo adicional al programa de ajuste de Rusia. Ésta fue la primera vez que se activaron los AGP en 20 años y la primera vez que se utilizaron los recursos para ayudar a un país no participante en los Acuerdos. Tras la crisis financiera de México en diciembre de 1994, se observó claramente la necesidad de contar con un monto adicional de recursos considerable para evitar o encarar futuras crisis financieras. Al aprobar los Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos, que consisten en un acuerdo entre el FMI y 25 países e instituciones, el Directorio Ejecutivo fortaleció la capacidad de la institución para obtener recursos en préstamo. Los NAP no remplazan a los AGP; todos los participantes en los AGP también participan en los NAP. En conjunto, el total de recursos de que podrá disponer el FMI en el marco de los dos acuerdos asciende a DEG 34.000 millones (unos US$46.000 millones). En diciembre de 1998, los países participantes en los NAP convinieron en prestar al FMI DEG 9.100 millones para ayudar a financiar un acuerdo de derecho de giro a favor de Brasil. Al 30 de abril de 1999, se habían rembolsado los montos pendientes en el marco de los AGP y de los NAP, y se cancelaron las activaciones para el financiamiento de los acuerdos a favor de Rusia y de Brasil.
Durante 1998/99, a medida que se dejaban sentir los efectos de la crisis financiera de Asia, las presiones en los mercados se propagaron primero a Rusia, a mediados de 1998, y luego a Brasil, a fines de 1998, lo que intensificó la demanda de recursos del FMI. La liquidez de la institución disminuyó y el FMI recurrió a la obtención de préstamos: en el marco de los Acuerdos Generales para la Obtención de Préstamos, en julio de 1998 y luego en el marco de los Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos, en diciembre de 1998. El FMI rembolsó los préstamos obtenidos en marzo de 1999, tras la entrada en vigor del aumento de las cuotas en el marco de la undécima revisión general, que aumentó considerablemente los recursos propios del FMI para préstamos. En diciembre de 1998 y enero de 1999, el coeficiente de liquidez del FMI bajó a menos del 30%, aproximadamente el mínimo necesario para que el FMI pudiera cubrir las solicitudes de los países miembros. Sin embargo, al final del ejercicio, el coeficiente de liquidez se situó en el nivel más alto que se hubiera registrado desde noviembre de 1997.
Los recursos utilizables del FMI registraron un fuerte aumento hacia el final del ejercicio debido a que los países miembros efectuaron pagos de cuotas en el marco de la undécima revisión general, que ascendieron a DEG 46.000 millones. Asimismo, la inclusión de otros tres países miembros en la lista de países con una situación suficientemente sólida incrementó los recursos utilizables del FMI en otros DEG 1.700 millones. La fórmula para evaluar la suficiencia de la liquidez del FMI consiste en reducir el volumen de monedas utilizables y DEG en un monto equivalente al volumen de recursos comprometidos y que está previsto desembolsar en el marco de los acuerdos vigentes. El volumen de monedas utilizables se reduce además si se considera necesario mantener saldos de monedas utilizables para las operaciones. Una vez efectuados estos ajustes, al 30 de abril de 1999, el total de los recursos netos no comprometidos ascendía a DEG 56.700 millones, frente a DEG 22.600 millones en el ejercicio anterior. Al 30 de abril de 1999 los pasivos líquidos del FMI consistían en su totalidad en saldos en el tramo de reserva y ascendían a un total de DEG 63.600 millones, frente a DEG 50.300 millones un año antes. La razón entre el total de recursos utilizables netos no comprometidos del FMI y los pasivos líquidos de la institución --el coeficiente de liquidez tradicional--, que al 30 de abril de 1998 se situaba en el 44,8%, había aumentado al 89,2% un año después.
Al inicio de cada ejercicio, el FMI establece la tasa de cargos por el uso de sus recursos a fin de alcanzar una meta de ingreso neto. Tras pagar una remuneración a sus acreedores y cubrir sus gastos administrativos, el FMI suma el ingreso neto a sus reservas. La tasa de cargos se vincula a la tasa de interés del DEG, que varía semanalmente, mientras que la tasa de remuneración es igual a la tasa de interés del DEG. Mediante este mecanismo, el ingreso de operaciones de la institución se ajusta de modo que refleje los costos de operaciones y reduce la necesidad de elevar la tasa de cargos durante el ejercicio. El FMI cobra también un recargo por el uso del crédito en el marco del servicio de complementación de reservas (SCR), establecido en diciembre de 1997, y en el marco de la línea de crédito contingente (LCC), establecida en abril de 1999 (véase el recuadro de la pág. 16). En abril de 1998, el FMI fijó la tasa de cargos por el uso de sus recursos para 1998/99, excluidos los recursos proporcionados en el marco del SCR, en el 107% de la tasa de interés del DEG a fin de lograr una meta de ingreso neto de DEG 107 millones, o --lo que es lo mismo-- del 5% de las reservas que el FMI mantenía al comienzo del ejercicio. Todo exceso de ingreso con respecto a la meta, excluidos los ingresos derivados del uso de recursos en el marco del SCR, se utilizaría para reducir, con efectos retroactivos, la tasa de cargos correspondiente al ejercicio. Al cierre del ejercicio el ingreso efectivo excedía de la meta en DEG 2 millones, monto que se rembolsó a los países que habían pagado cargos durante el ejercicio y, por consiguiente, la tasa de cargos con respecto a la tasa de interés del DEG se redujo retroactivamente al 106,9% para 1998/99. El ingreso neto obtenido por el uso de los recursos en el marco del SCR durante 1998/99, una vez cubiertos los gastos de administración de la Cuenta Fiduciaria del SRAE, ascendió a DEG 329 millones, cantidad que se sumó a las reservas del FMI. No se rembolsaron a la Cuenta de Recursos Generales los gastos de administración de la Cuenta Fiduciaria del SRAE en 1998/99 y, en lugar de este rembolso, se transfirió un monto equivalente de la Cuenta de Reservas de la Cuenta Fiduciaria del SRAE al Fondo Fiduciario SRAE-PPME. Con el fin de afianzar su situación financiera ante las posibles repercusiones de las obligaciones en mora, el FMI ha adoptado medidas de "carga compartida", a fin de acumular reservas adicionales y distribuir la carga de dichas obligaciones entre los países deudores y acreedores. En el marco de este mecanismo se realizan ajustes de la tasa de cargos y de la tasa de remuneración. Los recursos así generados se rembolsan, en ciertas condiciones, a los países miembros que hayan pagado cargos adicionales o hayan recibido una remuneración reducida. Para 1998/99, como resultado de los ajustes en el marco del mecanismo de distribución de la carga, la tasa media de cargos por el uso de los recursos del FMI fue de 4,22%, y la tasa media de remuneración de 3,67%. Una vez aplicadas las reducciones retroactivas de la tasa de cargos, se sumaron a las reservas del FMI DEG 500 millones. Al 30 de abril de 1999, las reservas totales ascendían a DEG 2.600 millones, frente a los DEG 2.100 millones registrados al 30 de abril de 1998. Para el ejercicio 1999/2000, el Directorio Ejecutivo convino en fijar la proporción de la tasa de cargos con respecto a la tasa de interés del DEG en el 113,7%, a fin de lograr una meta de ingreso neto de DEG 128 millones, además del ingreso neto generado en el marco del SCR y la LCC. Como en 1998/99, todo exceso de ingreso con respecto a la meta se utilizará para reducir, con efectos retroactivos, la tasa de cargos correspondiente al ejercicio.
Para conservar el carácter cooperativo y, a la vez, monetario del FMI y mantener abiertos los cauces hacia otras fuentes oficiales y privadas de crédito, es esencial que los países miembros cumplan a tiempo sus obligaciones financieras. Los países miembros que incurren en atrasos, deben liquidarlos lo antes posible.
La estrategia de cooperación reforzada, adoptada en 1990, ha supuesto una importante contribución para evitar la aparición de nuevos atrasos, o que los ya existentes adquieran carácter persistente (en mora de seis meses o más). Los tres elementos de la estrategia --medidas preventivas, colaboración reforzada y medidas correctivas-- siguieron utilizándose en 1998/99. Dicha estrategia presupone una colaboración más intensa entre el FMI, el Banco Mundial y otros organismos financieros internacionales para alentar a los países miembros a resolver el problema de sus atrasos. Medidas preventivas. Para evitar la aparición de nuevos atrasos, el FMI impone condicionalidad en el uso de sus recursos, evalúa la viabilidad a mediano plazo de la balanza de pagos de los prestatarios y su capacidad de rembolso, colabora con los donantes y otros acreedores oficiales para que los programas de ajuste que respalda cuenten con financiamiento suficiente, y proporciona asistencia técnica para ayudar a los países miembros a formular y poner en práctica las reformas. La intensificación de la supervisión, así como los análisis de viabilidad de la deuda, preparados conjuntamente por funcionarios del FMI y del Banco Mundial y las autoridades nacionales para los países pobres muy endeudados (PPME) en el contexto de la Iniciativa para la reducción de la deuda de estos países, han permitido al FMI evaluar con más rigor la capacidad de rembolso de los países. Colaboración reforzada y "enfoque de los derechos " . La colaboración reforzada facilita la tarea de los países miembros de diseñar y poner en práctica políticas estructurales orientadas a resolver sus problemas de balanza de pagos y de atrasos. También constituye un marco para que los países miembros con atrasos establezcan un historial de cumplimiento con respecto a las medidas de política y los pagos, movilicen recursos de acreedores y donantes internacionales y se pongan al día en el pago de sus obligaciones frente al FMI y otros acreedores. En algunos casos, las políticas económicas de un país pueden formularse en el contexto de un "programa de acumulación de derechos". Este tipo de programa es semejante en muchos aspectos a un programa normal de estabilización macroeconómica y reforma estructural respaldado por el FMI y permite a los países miembros con atrasos persistentes acumular derechos para girar en el futuro recursos del FMI, siempre y cuando adopten medidas de ajuste y reforma. Los giros sólo se efectúan una vez concluido con éxito el programa de acumulación de derechos y están condicionados a que el país miembro liquide sus atrasos y a que el FMI apruebe uno o más acuerdos consecutivos. Sólo han podido acogerse al enfoque de los derechos los once países que tenían atrasos persistentes frente al FMI al final de 1989. Cinco de ellos --Camboya, Guyana, Honduras, Panamá y Vietnam-- han liquidado sus atrasos frente al FMI sin necesidad de recurrir al enfoque de los derechos. Perú, Sierra Leona y Zambia adoptaron programas de acumulación de derechos que han completado con éxito, y han liquidado sus atrasos. Liberia, Somalia y Sudán siguen registrando obligaciones en mora frente al FMI. Medidas correctivas. La estrategia frente a los atrasos incluye un calendario de medidas correctivas --de creciente intensidad-- que se aplican cuando los países miembros no colaboran activamente con el FMI para resolver el problema de sus atrasos. Estas medidas pueden abarcar desde una limitación temporal del uso de los recursos por parte del país miembro (sobre la base de la formulación de una queja al Directorio Ejecutivo) hasta la separación obligatoria. Habida cuenta de los progresos logrados por Sudán desde febrero de 1997 en lo que respecta a la aplicación de medidas de política macroeconómica y estructural, el 27 de agosto de 1999, el Directorio Ejecutivo decidió suprimir la declaración de falta de cooperación en vigor desde el 14 de septiembre de 1990.
El total de las obligaciones pendientes frente al FMI aumentó ligeramente en 1998/99, situándose en DEG 2.300 millones, frente a DEG 2.260 millones registrados en 1997/98. El número de países con atrasos persistentes frente al FMI se mantuvo en siete. Al 31 de agosto de 1999, cuatro países seguían inhabilitados para hacer uso de los recursos generales de la institución, y se mantenían en vigor declaraciones de falta de cooperación en relación con dos países; en dos casos, se suspendieron los derechos de voto y otros derechos conexos en el FMI, y en un caso, se mantenía pendiente una queja con respecto a su separación obligatoria del FMI. Tras el examen anual de la estrategia frente a los atrasos realizado en marzo de 1999, el Directorio acordó prorrogar nuevamente el plazo para el acceso a un programa de acumulación de derechos hasta la reunión que celebrará el Comité Provisional en abril del año 2000.
El DEG (derecho especial de giro) es un activo de reserva internacional que fue creado por el FMI en 1969 y asignado a los países miembros como complemento de los activos de reserva existentes. Desde 1970, el FMI ha asignado un total de DEG 21.400 millones. Los países miembros --todos ellos participantes en el Departamento de DEG-- son los mayores tenedores de DEG. Pueden utilizar DEG en operaciones y transacciones entre ellos, con 15 "tenedores institucionales autorizados" y con el propio FMI. El resto de los DEG es mantenido en la Cuenta de Recursos Generales por los tenedores autorizados, que no reciben asignaciones de DEG pero pueden adquirir y utilizar DEG en operaciones y transacciones en las mismas condiciones que los participantes. El DEG es la unidad de cuenta para las operaciones y transacciones del FMI. También se utiliza como unidad de cuenta o como base para una unidad de cuenta en otros organismos internacionales y regionales y en convenciones internacionales, y se ha utilizado igualmente para denominar instrumentos financieros privados. Al 30 de abril de 1999, cuatro países miembros mantenían su moneda vinculada al DEG. El valor del DEG --determinado diariamente en función de una cesta de monedas-- tiende a ser más estable que el de cualquiera de las monedas que integran la cesta. En efecto, las fluctuaciones del tipo de cambio de una de ellas tienden a compensarse, total o parcialmente, con las fluctuaciones de las demás. La composición de la cesta se revisa cada cinco años a fin de que las monedas incluidas sean representativas de las que se utilizan en las transacciones internacionales y que las ponderaciones asignadas reflejen la importancia relativa de cada moneda en los sistemas comercial y financiero mundiales. Desde 1981, se han incluido en la cesta las monedas de cinco países --Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón y el Reino Unido-- pues se ha determinado en sucesivas evaluaciones que éstos son los cinco países con la mayor exportación de bienes y servicios. Al introducirse el euro, el 1 de enero de 1999, los montos de marcos alemanes y francos franceses en la cesta fueron remplazados por montos equivalentes en euros, basándose en las tasas de conversión fijas entre el euro y esas dos monedas nacionales, anunciadas por el Consejo Europeo el 31 de diciembre de 1998. La tasa de interés del DEG, que se ajusta semanalmente, es el promedio ponderado de las tasas de interés de ciertos instrumentos a corto plazo en los cinco países cuyas monedas integran la cesta de valoración. Desde el 1 de enero de 1991, estas tasas de interés y estos instrumentos han sido el rendimiento de mercado de las letras del Tesoro a tres meses en Estados Unidos, Francia y el Reino Unido; la tasa de los depósitos interbancarios a tres meses en Alemania, y la tasa de los certificados de depósito a tres meses en Japón. Estas tasas y estos instrumentos no cambiaron al introducirse el euro, el 1 de enero de 1999, pero los instrumentos de Alemania y Francia se expresan ahora en euros. La próxima revisión de las cestas de valoración y de tasas de interés del DEG tendrá lugar a más tardar en el año 2000; cualquier cambio que se introduzca entrará en vigor el 1 de enero de 2001.
Uno de los fines principales del FMI es facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, para lo cual es necesario contar con un nivel de reservas adecuado. Si el FMI considera que existe una necesidad global de reservas a largo plazo, puede complementar los activos ya existentes mediante una asignación de DEG, de la magnitud y en el momento que decida la Junta de Gobernadores. El FMI está facultado para crear liquidez incondicional mediante la asignación de DEG a todos los países miembros en proporción a sus cuotas. El 1 de enero de 1981 se realizó la última asignación de DEG, por un monto de DEG 4.100 millones, a los 141 países que eran miembros del FMI en ese momento. Actualmente, más de una quinta parte de los 182 países miembros del FMI no han recibido nunca una asignación de DEG porque ingresaron en la institución después de 1981. Además, otros países no han participado en todas las asignaciones. A fin de lograr una distribución equitativa de las asignaciones acumulativas de DEG entre todos los participantes en el Departamento de DEG y tras una amplia revaluación del papel y las funciones del DEG a la luz de los cambios del sistema financiero mundial, la Junta de Gobernadores adoptó, en septiembre de 1997, una resolución en virtud de la cual se propone una cuarta enmienda del Convenio Constitutivo del FMI. Si los países miembros aprueban la enmienda, se podrá realizar una asignación especial, con carácter excepcional, de DEG 21.400 millones, con lo que se duplicaría el nivel de las asignaciones acumulativas actuales y se elevaría la relación entre las asignaciones acumulativas de DEG y la cuota de cada uno de los países miembros establecida en el marco de la novena revisión general a un nivel común de referencia del 29,32%. La enmienda propuesta, que entrará en vigor cuando sea aprobada por las tres quintas partes de los países miembros que representen el 85% del total de votos del FMI, contempla también la posibilidad de que los futuros participantes reciban una asignación especial después de la fecha de participación o de la fecha de entrada en vigor de la cuarta enmienda, si esta fecha fuese posterior a la fecha de participación. La enmienda propuesta no afectaría a las facultades actuales de la institución para asignar DEG si se determina que existe una necesidad mundial a largo plazo de complementar los activos de reserva.
Los países miembros del FMI pueden utilizar DEG en diversas transferencias voluntarias, incluidas las transacciones "por acuerdo", mediante las cuales se cambian DEG por monedas. Las transacciones por acuerdo aumentaron de un nivel de DEG 8.600 millones, registrado en 1997/98, a DEG 13.800 millones en 1998/99. Por otra parte, pueden utilizarse DEG en otras operaciones: compras y ventas a término, swaps, liquidaciones de obligaciones financieras, préstamos y donaciones, y como valor para el cumplimiento de obligaciones financieras. Las transacciones en DEG se vieron facilitadas por los acuerdos entre el FMI y 12 países miembros que están dispuestos a comprar o vender DEG a cambio de una o más monedas de libre uso siempre que sus tenencias de DEG se mantengan dentro de ciertos límites. Estos acuerdos "dobles" de compra-venta han contribuido a mantener la liquidez del sistema del DEG. El volumen de transacciones alcanzó un nivel récord de DEG 49.000 millones en 1998/99, impulsado sobre todo por flujos vinculados al aumento de cuotas correspondiente a la undécima revisión general. Los países miembros también utilizan DEG para cumplir sus obligaciones financieras ante el FMI, en la Cuenta de Recursos Generales. Estas obligaciones consisten principalmente en cargos aplicados al uso de los recursos del FMI por parte de los países miembros, recompras (rembolsos) y las suscripciones de cuotas. El FMI transfiere DEG de la Cuenta de Recursos Generales a los países miembros, principalmente para compras (giros); la remuneración sobre el saldo acreedor de los países miembros, y el rembolso de los préstamos obtenidos por el FMI, así como el pago de los intereses sobre éstos. Además, pueden utilizarse DEG en operaciones realizadas en el marco del servicio reforzado de ajuste estructural; estas operaciones requieren la intermediación de tenedores autorizados puesto que no se pueden mantener DEG directamente en la Cuenta Especial de Desembolsos ni en las cuentas administradas del FMI. El Convenio Constitutivo del FMI establece un mecanismo de designación, en virtud del cual el FMI designa países miembros con una sólida balanza de pagos y un buen nivel de reservas brutas para que proporcionen monedas de libre uso a los países miembros que tengan necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, a cambio de DEG. Sin embargo, desde septiembre de 1987, no se han efectuado transacciones con designación porque todos los canjes de DEG por monedas han podido realizarse mediante transacciones por acuerdo.
1–22 de julio
27 de diciembre
8–18 de marzo
6 de mayo
27 de septiembre–5 de octubre
1 de marzo
8 de mayo
13–14 de agosto
1 de octubre
5 de enero
27 de febrero
29 de septiembre
25 de junio
28 de julio
1 de enero
15 de agosto
18 de diciembre
26 de julio
19 de marzo
12–13 de junio
13 de septiembre
3 de octubre
1 de agosto
7–8 de enero
5 de mayo
2 de junio
4 de febrero
29 de agosto
1 de abril
24 de septiembre
23 de febrero
25 de abril
17 de septiembre
1 de diciembre
1 de enero
13 de marzo
23 de abril
7 de mayo
13 de mayo
21 de mayo
13 de agosto
Febrero–marzo
30 de noviembre
30 de diciembre
6–7 de octubre
2 de diciembre
27 de marzo
9–10 de abril
22 de febrero
29 de diciembre
23 de agosto
25–26 de septiembre
23 de mayo
7–8 de mayo
28 de junio
Noviembre
5 de octubre
Abril–mayo
5 de agosto
Noviembre
16 de abril
13 de mayo
23 de febrero
Marzo–mayo
6 de junio
2 de octubre
1 de febrero
26 de marzo
16 de abril
Septiembre
27 de enero
25 de abril
20 de septiembre
4 de diciembre
17 de diciembre
8 de abril
20 de julio
2 de diciembre
1 de enero
22 de enero
23 de abril
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Los países miembros que usan los recursos generales de la institución "compran"
DEG o monedas de otros
países miembros (realizan un giro contra estos recursos) pagando un monto equivalente
de su propia moneda. El FMI aplica cargos a estos giros y exige que los países miembros
"recompren" a la institución, en un plazo determinado, el monto de su propia moneda
utilizando DEG o monedas de otros países miembros. El financiamiento de
carácter concesionario canalizado a través del servicio reforzado de ajuste
estructural (SRAE) se otorga en forma de préstamos con baja tasa de interés y en
el marco de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy
endeudados (PPME) en forma de donaciones (véase la pág. 19).
Departamento de Asuntos Monetarios y Cambiarios (MAE). Centra sus actividades en
los aspectos relativos a banca central y sistema cambiario, y en el diseño o la mejora de
instrumentos de política monetaria. La asistencia
técnica del MAE abarca la reglamentación, la supervisión y la
reestructuración bancarias; la gestión y las operaciones cambiarias; la
organización y la gestión de los bancos centrales; la contabilidad de los bancos
centrales; los sistemas de compensación y liquidación de pagos; las operaciones
monetarias y el desarrollo de los mercados de dinero, y el análisis y los estudios
monetarios.
El total de compras (giros) en el marco de los acuerdos y servicios especiales ascendió a
DEG 21.400 millones en 1998/99. Deducidas las recompras efectuadas por los países
miembros (es decir, los rembolsos), incluidos DEG 4.500 millones en el marco del servicio de
complementación de reservas por parte de Corea, el saldo de crédito del FMI en
la Cuenta de Recursos
Generales pendiente de rembolso aumentó en
DEG 11.000 millones, llegando así a DEG 60.700 millones al final de 1998/99.