La invasión rusa de Ucrania fue el detonante de la peor crisis energética en Europa desde la década de 1970 y volvió a situar la seguridad energética en lo más alto de la agenda política.
La reacción de las autoridades fue rápida: asegurar el suministro alternativo de gas natural, mejorar la eficiencia energética y ampliar las energías renovables. En su opinión, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero no solo mitigaría el cambio climático, sino que también fortalecería la seguridad energética. Los más escépticos, en cambio, replicaron que este enfoque haría aumentar el costo de la energía, comportaría un acelerado abandono progresivo del carbón nacional —seguro pero sucio— y, en última instancia, debilitaría la seguridad energética del continente.
¿Cuál de los dos argumentos es válido? En nuestro nuevo estudio [link] constatamos que el impulso a la acción por el clima en Europa reporta también beneficios considerables en materia de seguridad energética.
Hemos examinado los efectos de la acción por el clima sobre la seguridad energética en un modelo económico mundial que abarca un gran número de países y sectores. En él, se simulan los efectos de las políticas de reducción de emisiones sobre dos indicadores esenciales.
El primero de ellos, seguridad del suministro, evalúa el riesgo de perturbaciones en el abastecimiento energético combinando el grado de dependencia de las importaciones para el consumo energético de un país y el grado de diversificación de estas importaciones de energía. El segundo es la resiliencia de la economía ante una perturbación energética, representada por la proporción de producto interno bruto que gasta en energía.
Sorprendentemente, el análisis revela que la seguridad energética de Europa se deterioró durante las décadas previas a la invasión rusa de Ucrania, ya que los países fueron aumentando su dependencia de las importaciones de un número de proveedores cada vez menor.
Las simulaciones muestran también que el aumento de los precios del carbono, el refuerzo de la regulación en materia de eficiencia energética en sectores específicos y un proceso acelerado de concesión de permisos a energías renovables contribuirían a la seguridad energética de Europa con arreglo a estos dos indicadores básicos. No obstante, los efectos variarían según la política aplicada:
· La tarificación del carbono logra recortar las emisiones al menor costo en términos de producto para la economía, pero puede tardar tiempo en mejorar la seguridad energética en algunas economías con uso intensivo de energía y emisiones de Europa Central y Oriental, cuando es la única herramienta empleada para reducir las emisiones. Esto se debe en parte a que estos países tendrían que eliminar gradualmente el carbón nacional antes que en otros casos.
· El refuerzo de la regulación en materia de eficiencia energética para transporte y edificios, en cambio, resulta menos eficaz que la tarificación del carbono a la hora de recortar emisiones, pero los beneficios secundarios que reporta para la seguridad energética son mayores. Además, la distribución de beneficios entre países es más homogénea. Estas regulaciones reducen el consumo de energía —igual que la tarificación del carbono—, pero suelen rebajar en mayor medida el precio de la energía y, por tanto, el gasto energético general. Combinar estas regulaciones con ayudas a los hogares más pobres —para la compra de vehículos y sistemas de calefacción domésticos más eficientes energéticamente, por ejemplo— las haría más aceptables, con lo que se aceleraría su implementación.
· Los procesos acelerados de concesión de permisos a energías renovables también mejoran mucho la seguridad energética en toda Europa, ya que amplían la oferta de energía interna.
Un paquete de medidas climáticas
La mejor forma de proceder es dotarse de un paquete de medidas climáticas que incorpore todas estas herramientas, ya que este paquete combina la eficiencia económica de la tarificación del carbono con los beneficios en términos de seguridad energética de la regulación, más importantes y homogéneamente repartidos.
En concreto, el paquete de medidas logra mejorar la seguridad energética de tres formas distintas. En primer lugar, reduce la dependencia de las importaciones, al reemplazar los combustibles fósiles importados por electricidad renovable de producción nacional.
En segundo lugar, diversifica las importaciones de energía de cada economía, abandonando los proveedores no europeos en favor de los europeos, a través de una mayor penetración de las energías renovables y la electrificación de usos finales, como vehículos y sistemas de calefacción del hogar, en particular, ya que los países de Europa suelen comerciar electricidad con sus vecinos europeos.
Por último, en tercer lugar, reduce el gasto energético, ya que las inversiones en eficiencia rebajan la demanda, y la implementación acelerada de energías renovables hace aumentar la oferta de energía; ambas medidas provocan una caída de los precios de la energía. Con ello, se compensa con creces el mayor costo que supone una tarificación más alta del carbono.
Un paquete de medidas que logre rebajar las emisiones en un 55% frente al nivel de la década de 1990 supondría mejorar ambos indicadores de seguridad energética en cerca de un 8% de aquí a 2030 en el conjunto de Europa.
En la Unión Europea, este paquete de medidas, que es acorde con el programa “Objetivo 55”, revertiría trece años de deterioro de la resiliencia económica ante perturbaciones energéticas, y ocho años de reducción de la seguridad del suministro de energía. Como Europa sigue intensificando sus medidas de política climática más allá de 2030, estos beneficios no harían sino aumentar.
Cooperación multilateral
Las simulaciones también respaldan los argumentos en favor de una sólida cooperación multilateral dentro de Europa, ya que los beneficios en términos de seguridad energética y los costos de reducción de emisiones varían según el país (lo que, a su vez, se debe a factores como su actual intensidad energética, la combinación de energías y el potencial de generación de energía renovable). Un mecanismo común que agrupase recursos y coordinase las inversiones verdes a nivel de la UE podría acelerar la transición verde con un costo reducido, distribuyendo a la vez sus beneficios de forma más homogénea, entre otras cosas al sacar partido de las posibilidades baratas de reducción de emisiones en las economías emergentes miembros de la UE.
Completar la Estrategia de la Unión de la Energía es un ejemplo claro: mejorar la conexión de las redes nacionales permitiría reducir costos y ayudaría a los países a importar electricidad de otros países miembros en caso de perturbaciones internas, mejorando así la seguridad energética de todos.
En un momento en el que se corre el riesgo de que se desvanezca el impulso a la acción por el clima, las autoridades europeas deben evaluar todas sus ventajas. Ampliar las políticas individuales de reducción de emisiones de acuerdo con lo previsto y fortalecer la cooperación no solo les permitirá mantener el liderazgo mundial en el camino hacia las cero emisiones netas en 2050, sino también garantizar un suministro abundante y seguro de energía para abastecer a sus economías en el futuro.
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