Las políticas públicas han fomentado la participación femenina en la fuerza laboral. Pero el porcentaje de participación de las mujeres en la fuerza laboral sigue siendo más reducido que el de los hombres en la mayoría de los países. De las diversas políticas a las que se puede recurrir, como educación y derechos jurídicos, ¿cuáles son las más eficaces para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres?
Nuestro gráfico de la semana, basado en un reciente estudio del FMI, muestra que las políticas que reducen las brechas de género en materia de educación han sido las que más fruto han rendido en la mayoría de los países de todas las regiones.
Partiendo de un análisis de datos de 1980-2014, el estudio concluye que la educación contribuyó a reducir la brecha de género en América del Norte más que en cualquier otra región —por 47 puntos porcentuales—, dado que el promedio del total de años de enseñanza de la mujer es mucho mayor. En Europa y Asia Central la reducción de la brecha fue de más de 41 puntos porcentuales. En Asia Oriental y el Pacífico la brecha se redujo más de 35 puntos porcentuales. Asia meridional y África subsahariana aún pueden acortar distancias, ambas redujeron la brecha 16 puntos porcentuales.
Al comparar las regiones durante el período del estudio, se observa asimismo que la mayoría ha logrado reducir la brecha de participación en la fuerza laboral más de 10 puntos porcentuales en promedio, a través de sus instituciones jurídicas y la igualdad de derechos jurídicos para las mujeres. La solidez de las instituciones jurídicas —como cortes supremas, parlamentos y las jefaturas de Estado— medida en función del control de la corrupción, y la calificación de riesgo económico del país, fueron factores decisivos para incrementar la participación de la mujer en la fuerza laboral.
La igualdad de derechos de la mujer, específicamente la igualdad de derechos de sucesión, también ayudó a reducir la brecha en estos países. Oriente Medio y el Norte de África son una excepción, ya que en esta región aún existe un número relativamente alto de restricciones jurídicas contra la mujer.
La infraestructura —en particular, la mejora de los sistemas de saneamiento— puede incidir mucho en los países menos desarrollados. Al mejorar los servicios, como el acceso a agua potable y electricidad, se reduce el tiempo que se ha dedicar a las actividades domésticas, y se amplían las oportunidades para incorporase en la fuerza laboral. Asia Meridional y África subsahariana están a la zaga de otras regiones y podrían igualarse.
En los últimos años se ha avanzado mucho en la reducción de las brechas de género, pero en la mayoría de los países la tasa de participación de la mujer en la fuerza laboral no es la misma que la de los hombres. El acceso de la mujer a la educación y a servicios sociales y financieros y los derechos jurídicos de la mujer siguen estando limitados en el mejor de los casos, especialmente en los países de mercados emergentes y de bajo ingreso.
Estas diferencias se traducen en un menor poder económico de la mujer, niveles más bajos de ahorro y pensiones y menor crecimiento y desarrollo económico en estos países.
El alcance de las políticas públicas para reducir las brechas de género en el trabajo es considerable. Estas son algunas políticas económicas que pueden mejorar la igualdad de género:
Educación | Las niñas tienen que ir a la escuela y graduarse. |
Políticas fiscales | Mejorar la infraestructura, en especial los sistemas de saneamiento en los países de bajo ingreso. |
Campañas y políticas sociales | Reducir la fecundidad entre adolescentes y la brecha de la edad de matrimonio para que las niñas no abandonen la escuela. |