Nicaragua: Declaración final del equipo técnico al término de la misión del Artículo IV de 2023

22 de noviembre de 2023

Washington, DC: Un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), dirigido por la Sra. Alina Carare, visitó Managua del 6 al 17 de noviembre con el fin de llevar a cabo la Consulta del Artículo IV de 2023. El equipo se reunió con el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, el Presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, otros altos funcionarios, representantes de la zona franca, bancos y otras partes interesadas, incluida la comunidad internacional.

La economía de Nicaragua ha mantenido su resiliencia frente a múltiples shocks gracias a políticas económicas adecuadas, colchones considerables y apoyo multilateral. Tras un repunte muy fuerte en 2021, el crecimiento económico ha sido estable gracias al consumo privado y al desempeño de las exportaciones desde 2022. Se espera que el PIB real crezca un 4 por ciento en 2023, que la inflación se desacelere y que la posición fiscal del gobierno central presente un pequeño superávit y amplios depósitos. Se estima que las remesas alcanzarán alrededor del 28 por ciento del PIB a finales de 2023, el doble de su nivel de finales de 2021, impulsadas por el rápido aumento de los emigrantes nicaragüenses. Este nivel récord de remesas, junto con el nivel sostenido de exportaciones, están apoyando el giro del balance de cuenta corriente el cual llegará a un superávit de alrededor del 4 por ciento del PIB en 2023. Estas entradas de divisas e inversión extranjera directa, en un marco macroeconómico prudente, han contribuido a una rápida acumulación de reservas internacionales brutas, las cuales, a finales de octubre, han alcanzado los 5.000 millones de EE.UU. dólares (equivalente a 6 meses de importaciones, excluyendo la maquila).  

Se espera que el crecimiento económico continúe el próximo año, así como en el mediano plazo, aunque a una tasa inferior al promedio histórico. Tanto en el 2024 como en el mediano plazo, se prevé que el PIB real crezca en torno al 3,5 por ciento, soportado principalmente por el consumo privado. Estas tasas de crecimiento previstas se mantienen por debajo del promedio histórico (2000-17) del 3,9 por ciento, debido a una prudente recuperación de la inversión, un limitado acceso a financiamiento oficial y a una menor contribución del empleo al crecimiento debido a la reciente emigración. Bajo el escenario base, se considera que la posición externa y fiscal del país es sostenible, dadas las políticas y los planes de financiamiento actuales.  

Las perspectivas económicas son favorables y los riesgos están equilibrados. Por un lado, podría haber sorpresas positivas: el crecimiento del PIB real podría ser superior al previsto debido a una recuperación más sostenida de la demanda interna, incluida la inversión y a una entrada de remesas más fuerte de lo previsto, especialmente en el corto plazo. Por el contrario, un deterioro en los términos de intercambio o una desaceleración mundial más pronunciada podrían dar lugar a un menor crecimiento de las exportaciones y de las remesas. El desempeño económico y los resultados sociales son vulnerables a desastres naturales, dada la alta exposición y dependencia económica de Nicaragua de sectores sensibles a los efectos del cambio climático. En el ámbito político existe el riesgo de que las sanciones internacionales se amplíen y profundicen, afectando negativamente las perspectivas económicas.

La misión apoya los planes de las autoridades de seguir implementando políticas macroeconómicas prudentes—necesarias para conservar la resiliencia y una gestión económica clara y previsible—y que respaldan el crecimiento a mediano plazo. Se espera que la consolidación fiscal multianual prevista por las autoridades a nivel del gobierno central siga respaldando la estabilidad externa y la acumulación de reservas. La misión apoya las decisiones de las autoridades de seguir ajustando la tasa de deslizamiento del tipo de cambio (la cual se modificó de 2 por ciento a 1 por ciento en enero de 2023, y que será 0 por ciento a partir de 2024) y subraya la necesidad de permanecer vigilantes y monitorear nuevos desarrollos para ajustar la política monetaria y cambiaria adecuadamente. La misión también considera apropiada la decisión de las autoridades de introducir nuevos instrumentos en moneda local (córdobas) con vencimientos más largos (hasta un año) para reforzar los mecanismos de gestión de liquidez doméstica. La misión apoya los esfuerzos de las autoridades para impulsar el crecimiento de mediano plazo mediante la inversión en infraestructura. Además, la misión recomienda las siguientes medidas para continuar impulsando el crecimiento económico: (i) facilitar la creación de empleos formales e incrementar el capital humano; (ii) desarrollar los mercados de capital; y, (iii) mejorar el clima de negocios mediante el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales y el cumplimiento de contratos, protegiendo los derechos de propiedad privada y el marco de resolución de insolvencia. 

Nicaragua sigue reforzando la consolidación fiscal. La postura de la política fiscal para 2024 es adecuada y la misión reconoce el compromiso de las autoridades de fortalecer y salvaguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas. En 2024, se espera que el sector público consolidado mantenga un ligero déficit, si es que la inversión de las empresas estatales sigue en aumento y éstas presentan déficits. A mediano plazo, se espera que continúe el enfoque sostenible de la política fiscal para reducir la deuda pública, que actualmente se sitúa en torno al 50 por ciento del PIB. La misión apoya los esfuerzos de las autoridades por corregir los desequilibrios estructurales de las empresas estatales y los resultados deficitarios de la seguridad social, así como los esfuerzos para mejorar los colchones dada la vulnerabilidad del país a las catástrofes naturales. A este respecto, la misión recomienda orientar mejor los subsidios y reasignar el gasto corriente para seguir manteniendo niveles adecuados de gasto social y de inversión en el mediano plazo, de cara a reducir la pobreza y apoyar el crecimiento.

Aunque los bancos están bien capitalizados y tienen liquidez, la resiliencia del sector financiero podría fortalecerse aún más. Los depósitos bancarios siguen creciendo, superando su nivel anterior a la crisis (medido en córdobas), mientras que el crédito al sector privado también está creciendo sólidamente. Los préstamos en mora han disminuido hasta el 1,2 por ciento a finales de septiembre de 2023. El nivel de activos estresados también disminuyó con la mejora de la actividad económica, pero sigue siendo significativo (7,9 por ciento). La misión recomienda aumentar el nivel de provisiones de los activos estresados y apoya los esfuerzos de las autoridades para garantizar que se mantengan prácticas crediticias sólidas activando colchones anticíclicos, cuando sea necesario, y aumentando los pagos mínimos requeridos para las tarjetas de crédito. La misión anima a las autoridades a alinear el marco de preparación ante crisis con las mejores prácticas internacionales, a obtener información completa y a ampliar el perímetro de supervisión prudencial de las cooperativas de ahorro y crédito, iniciando su supervisión, en caso de que sea necesario, dando prioridad a las más grandes. Las autoridades también deben seguir vigilando los riesgos cambiarios y reforzar las medidas de mitigación de riesgos.

Las autoridades deben seguir reforzando la aplicación efectiva del marco de ALD/CFT continuando su colaboración con el GAFILAT. Nicaragua ha trabajado con el GAFI para alinear su marco ALD/CFT con los estándares internacionales, lo que resultó en la eliminación de Nicaragua de la "lista gris" en 2022; y está trabajando en el seguimiento de las recomendaciones del GAFI para fortalecer la efectividad del marco. La Unidad de Inteligencia Financiera (UAF) ha realizado grandes esfuerzos para actualizar la Evaluación Nacional de Riesgos. Todas las autoridades se están coordinando con la UAF de cara a la próxima ronda de evaluación mutua y a fin de garantizar que centren sus esfuerzos en las entidades declarantes de mayor riesgo. A su vez, se modificó el Reglamento de la Ley 1115 relativa a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) para incluir una graduación de las penas que se les imponen. Por otro lado, el año pasado se cerró una gran parte de las OSFL. Las normas del GAFI exigen un enfoque basado en riesgo para tomar tales decisiones si se utiliza el marco ALD/CFT. La misión recomienda la correcta aplicación del marco ALD/CFT, en consonancia con las recomendaciones del GAFI.

La misión reconoce los esfuerzos de las autoridades para mejorar la transparencia fiscal e insta a que estos se mantengan. Las autoridades siguen comprometidas con la publicación de los informes de auditoría externa sobre el uso de todos los fondos asociados a la pandemia del COVID-19 y se espera que a finales de noviembre de 2023 se publique un segundo informe que cubra la ejecución desde junio de 2021 hasta diciembre de 2022. La Contraloría General de la República ha tomado medidas para fortalecer la supervisión del gasto en el uso de fondos públicos; sin embargo, se requieren mayores esfuerzos para garantizar auditorías basadas en riesgos y la publicación de informes de auditoría del gobierno central y de las empresas públicas. Las autoridades siguen ampliando la publicación y la cobertura de los informes fiscales, incluyendo la auditoría de los estados financieros de tres de las mayores empresas estatales para 2021 y 2022, y un segundo informe sobre riesgos fiscales a mayo de 2023. La misión apoya firmemente los esfuerzos de las autoridades relativos al desarrollo de un manual estandarizado para la consolidación de los estados financieros, los informes de auditoría del gobierno central, las instituciones descentralizadas y las empresas públicas, así como los esfuerzos relacionados con la ampliación de la cobertura y la publicación de estadísticas de finanzas públicas, incluyendo las mejoras en la frecuencia y la puntualidad.  

El gobierno ha tomado medidas para implantar normas relacionadas con la transparencia y para mejorar la supervisión de los fondos públicos y al mismo tiempo son necesarios mayores esfuerzos para reforzar los marcos de anticorrupción y de gobernanza y su aplicación efectiva, en particular el Estado de Derecho (“rule of law”). Se ha progresado en la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Para aumentar la eficacia de la ley, el gobierno debería asignar la supervisión integral de su aplicación a una entidad u organismo concreto. La Contraloría General de la República ha introducido una plataforma digital para la recopilación de declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos y ha logrado avances significativos en la recopilación de declaraciones patrimoniales de personas políticamente expuestas a través de esta plataforma. La misión recomienda reforzar el marco anticorrupción y su eficacia mediante: (i) la publicación de las declaraciones de bienes de las personas políticamente expuestas; (ii) la implementación de evaluaciones basadas en el riesgo de estas declaraciones; y, (iii) la promulgación de normas de protección de los denunciantes. Con el fin de garantizar que los marcos anticorrupción y de gobernanza sean eficaces, y de proteger debidamente los derechos de propiedad, el cumplimiento de los contratos y las inversiones, el Gobierno y el sistema judicial deben fortalecer Estado de Derecho garantizando un recurso administrativo y judicial adecuado, eficaz y justo en el curso de los procedimientos legales que tengan consecuencias para los derechos de propiedad.

La misión apoya la intención de las autoridades de seguir aplicando recomendaciones recibidas a través de asistencia técnica, especialmente en lo que respecta a la mejora de la calidad y la consistencia de las estadísticas, ya que estas son fundamentales para evaluar los riesgos, formular políticas apropiadamente y mejorar la confianza del sector privado.

Se espera que el Directorio Ejecutivo del FMI celebre la Consulta del Artículo IV de Nicaragua a principios de 2024. La misión expresa su más sincero agradecimiento a las autoridades por su cálida hospitalidad, cooperación y franqueza, así como a otras contrapartes nicaragüenses e internacionales por el diálogo franco sostenido.

 

Tabla 1. Nicaragua: Indicadores sociales y económicos seleccionados, 2018-24

I. Indicadores sociales y demográficos

PIB per cápita (US$ corrientes, 2022)

2,371.7

Participación en la renta del 10 por ciento más rico (2014)

37.2

RNB per cápita (US$ corrientes, 2022)

2,090.0

Desempleo (porcentaje de la fuerza laboral, 2022)

7.5

Índice GINI (2014)

46.2

Tasa de pobreza (línea nacional, en porcentaje, 2016)

24.9

Población (millones, 2022)

6.5

Tasa de alfabetización en adultos (porcentaje, 2015)

82.6

Esperanza de vida al nacer en años (2021)

73.8

Tasa de mortandad infantil (por 1.000 nacimientos vivos, 2021)

11.4

II. Indicadores económicos

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

 

 

 

 

 

Prel.

Proyecciones

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción

(Variación anual en porcentaje, a menos que se especifique de otra manera)

Crecimiento del PIB

-3,4

-2,9

-1,8

10,3

3,8

4,0

3,5

PIB (nominal, US$ millones)

13,025

12,713

12,682

14,145

15,671

17,487

18,910

Precios

             

Deflactor del PIB

2,7

5,4

5,4

3,6

8,9

8,9

5,0

Inflación del índice de precios al consumidor (promedio)

4,9

5,4

3,7

4,9

10,5

8,9

5,0

Inflación del índice de precios al consumidor (fin de período)

3,9

6,1

2,9

7,2

11,6

6,0

4,8

Ahorro e inversión

(Porcentaje del PIB)

Inversión nacional bruta

24,1

17,8

19,4

23,4

21,9

19,5

19,1

Sector privado

16,5

10,8

11,0

13,0

13,1

12,2

11,9

Sector público

7,6

7,1

8,4

10,3

8,8

7,3

7,2

Ahorros nacionales brutos

22,3

23,8

23,0

20,3

20,6

23,5

21,5

Sector privado

19,6

19,3

19,1

13,6

13,2

18,1

15,9

Sector público

2,7

4,5

3,9

6,6

7,4

5,4

5,6

Tasa de cambio

             

Promedio del período (córdobas por US$)

31,6

33,1

34,3

35,2

35,9

Fin del periodo (córdobas por US$)

32,3

33,8

34,8

35,5

36,2

Sector fiscal

(Porcentaje del PIB)

Sector público consolidado (saldo global después de subvenciones)1/

-3,8

-1,2

-3,0

-1,9

0,1

-0,7

-0,5

Ingresos (incluyendo subvenciones)

28,4

31,3

30,9

33,0

33,2

30,7

30,4

Gastos

32,3

32,6

33,9

34,9

33,2

31,4

30,9

De los cuales: Saldo global de la Administración central 2/

-3,2

-0,5

-2,7

-1,6

0,3

0,6

0,7

Ingresos

17,6

19,5

19,0

21,1

21,7

20,2

20,3

Gastos

20,9

20,0

21,8

22,7

21,3

19,6

19,5

Pagos en efectivo por actividades operativas

16,5

16,5

17,3

16,9

16,5

16,4

16,4

Salidas netas de tesorería: inversiones en activos externos netos (NFA)

3,5

3,5

4,4

5,8

4,8

3,1

3,1

De los cuales: Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) balance general 2/

0,1

0,2

0,0

0,1

-0,1

0,0

0,0

Ingresos

7,4

7,8

7,9

7,6

7,3

6,8

6,6

Gastos

7,3

7,7

7,9

7,5

7,4

6,8

6,6

Dinero y financiero

(Variación porcentual anual)

Dinero en sentido amplio

-18,7

6,2

15,6

13,8

11,3

18,5

9,5

Crédito al sector privado

-8,7

-15,6

-3,6

5,3

15,6

15,6

10,0

Activos nacionales netos del sistema bancario

-7,7

-15,0

-6,3

2,4

1,4

2,0

3,6

Créditos morosos sobre créditos totales (coeficiente)

2,4

3,1

3,7

2,4

2,2

Capital regulatorio sobre activos ponderados por riesgo (ratio)

17,0

19,5

23,9

21,1

21,3

Sector externo

(Porcentaje del PIB, a menos que se especificara de otra manera)

Cuenta corriente

-1,8

5,9

3,6

-3,1

-1,3

4,0

2,5

De la cual: importaciones petroleras

7,6

7,5

5,4

7,9

11,3

9,3

9,4

Capital y cuenta financiera

1,9

-0,8

4,3

11,4

9,6

7,6

5,4

De la cual: inversión extranjera directa (IED)

5,9

3,5

4,9

8,5

8,2

6,2

5,9

Reservas internacionales brutas (US$ millones)3/

2.080

2.199

3.003

3.828

4.173

5.153

5.734

En meses de importaciones, excluyendo maquila

4,7

5,2

5,1

5,5

5,5

6,1

6,4

Reservas internacionales netas (US$ millones)3/

1.146

1.374

1.887

2.531

3-011

3.818

4.285

En meses de importaciones, excluyendo maquila

2,6

3,2

3,2

3,6

3,9

4,6

4,8

Deuda del sector público 4/

47,6

49,1

56,8

54,9

52,0

50,8

49,6

Deuda pública interna

9,5

7,9

10,5

10,1

9,5

10,5

9,7

Deuda pública externa

38,0

41,2

46,3

44,8

42,5

40,3

40,0

Deuda externa del sector privado

44,2

43,6

44,1

39,7

35,6

31,6

29,0

Fuentes: Autoridades nacionales; Banco Mundial; y cálculos del personal del FMI.

1/ El sector público consolidado incluye al gobierno central, la seguridad social, a la municipalidad de Managua, las empresas estatales y el Banco Central.

2/ El déficit del gobierno central y los ingresos del INSS en 2018 incluyen un 1,2 por ciento de PIB para el pago de la deuda histórica del INSS, Transferencias similares para 2020-28,

3/ No incluye los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos de las Instituciones Financieras (FOGADE), ni las reservas obligatorias para depósitos en divisas.

4/ Supone que se aplicaron condiciones equivalentes a las de los PPME a la deuda pendiente con organismos bilaterales no pertenecientes al Club de París, No incluye las asignaciones de DEG, Incluye datos sobre la deuda interna de las empresas públicas y los municipios.

Departamento de Comunicaciones del FMI
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