Comunicado de prensa No. 20/302

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un acuerdo con Ecuador por US $ 6.500 millones en el marco del Servicio Ampliado del FMI

30 de septiembre de 2020

• El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó hoy un acuerdo de 27 meses en el marco del Servicio Ampliado (SAF) del FMI, por un monto equivalente a US $ 6.500 millones. La aprobación del Directorio Ejecutivo permite un desembolso inmediato equivalente a US $ 2.000 millones para apoyo presupuestario.
• El programa tiene como objetivo proteger vidas y medios de vida tras la pandemia del COVID-19 y continuar apoyando los esfuerzos de Ecuador para estabilizar la economía. Esto incluye ampliar los programas de asistencia social, garantizar la sostenibilidad fiscal y de la deuda, y sentar las bases para un crecimiento sólido que beneficie a todos los ecuatorianos.
• El fortalecimiento de la transparencia fiscal y la promoción de la gobernanza son pilares clave de la agenda de reformas de las autoridades. Estas incluyen la adopción de prácticas sólidas de gestión de la caja fiscal, la mejora de la transparencia en la contratación pública y la promoción de la transparencia de la deuda.

Washington, DC: El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó hoy un acuerdo de 27 meses en el marco del Servicio Ampliado (SAF) del FMI para Ecuador, por un monto equivalente a DEG 4.615 millones (661 por ciento de la cuota, equivalente a US $ 6.500 millones). La aprobación del Directorio Ejecutivo permite un desembolso inmediato equivalente a US $ 2.000 millones, disponibles para el presupuesto. El SAF complementa el apoyo de emergencia del FMI a Ecuador, otorgado en mayo de este año (67,3 por ciento de la cuota, equivalente a US $ 643 millones), y al SAF anterior aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI en marzo de 2019, que fue cancelado en mayo de 2020.

El nuevo acuerdo, en el marco del SAF, respaldará las políticas de Ecuador para estabilizar la economía y proteger vidas y medios de vida, ampliar la cobertura de los programas de asistencia social, garantizar la sostenibilidad fiscal y de la deuda, y fortalecer las instituciones nacionales para sentar las bases de un crecimiento vigoroso, duradero y generador de empleo que beneficie a todos los ecuatorianos.

Al término de las deliberaciones del Directorio Ejecutivo sobre Ecuador, la Sra. Kristalina Georgieva, Directora Gerente y Presidenta del Directorio, emitió la siguiente declaración:

“Las autoridades ecuatorianas han adoptado medidas sólidas para abordar la profunda crisis económica y sanitaria desencadenada por la pandemia del COVID-19. Las primeras medidas de contención fueron fundamentales para frenar y estabilizar la propagación del virus. La respuesta de políticas de las autoridades combinó adecuadamente medidas a corto plazo para contener el impacto adverso de la crisis, e incluyó una importante inyección de liquidez y el aumento de las transferencias monetarias, así como firmes pasos iniciales hacia la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.

“El exitoso canje de deuda con tenedores de bonos externos ha proporcionado a Ecuador un alivio importante para la liquidez. Las autoridades también han obtenido garantías financieras de acreedores oficiales, compromisos de instituciones financieras internacionales, y han acordado complementarlos con una consolidación fiscal ambiciosa, pero realista, a medida que se afianza la recuperación económica. La importante ampliación que se está llevando a cabo de los programas de asistencia social fortalecerá las redes de protección social y permitirá al gobierno extender oportunamente la asistencia a grupos vulnerables.

“En este contexto, el programa respaldado por el FMI en el marco del SAF tiene dos objetivos principales: primero, mitigar la crisis mediante la protección de vidas y medios de vida, así como restablecer la estabilidad económica; y, segundo, garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y fortalecer las instituciones nacionales con el fin de sentar las bases para un crecimiento vigoroso, duradero y generador de empleo que beneficie a todos los ecuatorianos.

“Las autoridades se han comprometido a replegar las medidas relacionadas con la crisis conforme la economía empiece a recuperarse. La sostenibilidad fiscal estaría anclada al tope de la deuda del 57% del PIB para finales de 2025, según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) del país. La sostenibilidad fiscal estaría respaldada por una combinación de una reforma tributaria progresiva a mediano plazo y medidas de gasto que apuntan a alinear a Ecuador con a sus pares regionales. La implementación en curso del COPLAFIP hará cumplir con la entrega oportuna y precisa de datos fiscales por parte de entidades del sector público no financiero, y mejorará el seguimiento y la gestión de las finanzas públicas. La formulación temprana de una estrategia del manejo de la deuda, de las obligaciones de corto plazo, ayudaría a mejorar la estructura de vencimiento y costo de los pagos de amortización en 2022.

“El fortalecimiento de la transparencia fiscal y el fomento de la gobernanza son pilares clave del programa de reformas de las autoridades. Estos incluyen la adopción de prácticas sólidas de gestión de la caja fiscal, la mejora de la transparencia en la contratación pública y la promoción de la transparencia de la deuda. Además, el cumplimiento de la ley, mediante la adopción trascendental de una legislación anticorrupción antes de fin de año, protegería las arcas públicas, catalizaría la inversión privada, promovería la creación de empleo e impulsaría el potencial de crecimiento.

“Se necesitará la implementación oportuna de las reformas previstas para promover la autonomía del Banco Central y fortalecer su marco institucional de manera más amplia para respaldar el compromiso con el régimen de dolarización. Las autoridades están comprometidas a seguir monitoreando la evolución del riesgo crediticio y a supervisar de cerca a las instituciones financieras en el período posterior a la pandemia. Estos esfuerzos requerirían una fuerte coordinación entre los órganos de supervisión, que se facilitaría mediante el establecimiento de un Comité de Coordinación Financiera.

“La incertidumbre sobre la profundidad y duración de la pandemia sigue siendo alta a nivel mundial. A nivel nacional, la estrecha coordinación entre las entidades gubernamentales, un amplio diálogo social y la aceptación en todo el espectro político de los objetivos y las políticas del programa mitigarían importantes riesgos de implementación. La implementación oportuna de las acciones previas del programa para fortalecer las instituciones y los marcos de políticas, y los esfuerzos realizados para asegurar un amplio apoyo público al programa son pasos en la dirección correcta. Estos esfuerzos han ayudado a cumplir con los criterios para que el FMI brinde financiamiento que exceda el acceso normal.”