Comunicado de prensa No. 16/390

El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV correspondiente a 2016 con Guatemala

1 de septiembre de 2016

El 22 de agosto de 2016, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del Artículo IV¹ con Guatemala, y consideró y aprobó la evaluación preparada por el equipo técnico sin realizar una reunión².

La economía guatemalteca toleró bien la crisis política de 2015. Los sólidos antecedentes de política económica, unidos a las condiciones externas favorables, contribuyeron a la resistencia de la economía. La nueva administración, que asumió sus funciones en enero de 2016, está realizando importantes esfuerzos para combatir la corrupción, uno de los mayores retos para la economía del país y la sociedad en general. Algunos de los principales aspectos de esta labor pasan por llevar a cabo una amplia reforma de la administración tributaria y aduanera, aumentar la transparencia en la contratación pública, incrementar la responsabilidad del Congreso y la independencia del Poder Judicial y apegarse más estrictamente al Estado de derecho.

Los resultados macroeconómicos han sido sólidos. En 2015, la economía creció un 4,1%, levemente por encima de su potencial, a pesar de la desaceleración del consumo y la inversión públicos ocurrida durante la crisis. El consumo privado aumentó como consecuencia del descenso de los precios del petróleo y el incremento de las remesas. Esto último también favoreció la posición externa, al crear una reserva holgada. Con la inflación bien anclada, la política monetaria se flexibilizó con miras a apuntalar el crecimiento. El sistema financiero permaneció estable, sin registrar pérdidas sustanciales de relaciones con bancos corresponsales. No obstante, el ingreso fiscal cayó muy por debajo de lo esperado. Esta reducción se contrarrestó mediante recortes aún mayores del gasto, lo que dio lugar a un déficit fiscal inferior al de la meta presupuestaria.

El avance hacia los objetivos sociales se está rezagando. Sólo una cuarta parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015 se cumplieron, y no se alcanzó ninguno de los objetivos para la población rural e indígena. Además, los esfuerzos encaminados a reducir la pobreza extrema y aumentar la inscripción escolar han sufrido reveses.

Las perspectivas macroeconómicas siguen siendo favorables. Se prevé que en 2016 el crecimiento retorne a su tasa tendencial del 3,8% y que en el mediano plazo se eleve gradualmente al 4%, como resultado positivo de las medidas adoptadas para incrementar la transparencia y la eficiencia del gasto público. A pesar del aumento de la inflación de los precios de los alimentos, en lo que va de 2016 el nivel general se mantuvo dentro del rango fijado como meta y se espera que permanezca estable en el mediano plazo. Se prevé que para 2021 la posición externa aumente al 1,7% del PIB, impulsada por la reversión gradual de la caída del precio del petróleo y la sólida demanda interna. En el mediano plazo, se proyecta que el déficit fiscal se mantenga en el orden del 1,5% del PIB. Sin embargo, los riesgos se inclinan al deterioro debido a la incertidumbre internacional y las limitaciones de las políticas internas.

Evaluación del Directorio Ejecutivo

La economía capeó bien la crisis política de 2015. A pesar del efecto de la caída del ingreso fiscal en el gasto público, el crecimiento económico siguió mostrándose robusto en 2015, apuntalado por los bajos precios del petróleo y el aumento de las remesas. El tipo de cambio permaneció estable y la inflación se mantuvo dentro del rango fijado como meta por el Banco Central. Se espera que estas tendencias se mantengan en el mediano plazo, el PIB crezca a su nivel potencial y la inflación no supere el rango meta. En cuanto al déficit en cuenta corriente, se prevé solamente su aumento gradual. Sin embargo, el crecimiento presenta riesgos de deterioro debido a la incertidumbre internacional y las limitaciones de las políticas internas.

El aumento del déficit fiscal podría justificarse por razones estructurales y sociales. Al haberse cerrado la brecha del producto, la actual orientación fiscal, generalmente neutral, es razonable. No obstante, podría justificarse una distensión fiscal que lleve el déficit global al orden del 2% del PIB a efectos de mantener el gasto social y de capital y aplicar el programa de reformas dirigidas a combatir la corrupción. Pero esto significaría aumentar temporalmente el déficit mientras se ponen en marcha medidas encaminadas a mejorar la relación ingreso/PIB.

La política monetaria debe estar atenta a las señales de un posible aumento inflacionario. La inflación subyacente se mantiene por debajo del rango meta, las expectativas inflacionarias están bien ancladas y se prevé que la inflación permanezca dentro del rango meta. No obstante, el Banco Central deberá estar alerta y aumentar la tasa de política monetaria si las presiones inflacionarias se intensifican.

A mediano plazo, la política fiscal deberá estar orientada por los objetivos estructurales. Sería fundamental elevar gradualmente el ingreso fiscal al 15% del PIB, como mínimo, para atender necesidades acuciantes en materia social, de seguridad y de infraestructura y apuntalar el crecimiento a largo plazo. Esto requerirá tanto mejoras en la administración tributaria como la revisión integral del marco de política tributaria, por ejemplo, a través de un aumento de las tasas impositivas. Estas reformas deberían presentarse en el contexto de una estrategia más integral para asegurar el apoyo de la ciudadanía. La aplicación de medidas encaminadas a aumentar la transparencia fiscal y la eficiencia del gasto contribuiría a mejorar la credibilidad del gobierno.

Se recomienda que el Banco Central pase a un régimen integral de metas de inflación. Para favorecer esta transición se podrían adoptar otras medidas dirigidas a fortalecer la transmisión monetaria, como las de persistir en la flexibilización cambiaria, desestimular la dolarización, cubrir las pérdidas operativas actuales y pasadas del Banco Central en el corto plazo y recapitalizarlo en el largo plazo, y ampliar los mercados de capital.

La posición externa de Guatemala supera levemente el nivel compatible con las variables fundamentales de la economía y el marco de políticas deseables en el mediano plazo. Un déficit fiscal inferior a lo aconsejable es responsable de la mayor parte de la brecha observada respecto a las políticas deseables. Reducir la delincuencia y la corrupción, invertir en educación e infraestructura, fortalecer la protección jurídica y profundizar el sistema financiero ayudaría a paliar las deficiencias registradas en materia de competitividad.

Los esfuerzos por fortalecer el sistema financiero deben continuar. Dicho sistema parece sólido, pero presenta vulnerabilidades, como la dolarización crediticia levemente elevada, el rápido crecimiento de los pasivos bancarios externos y la exposición a la deuda soberana. El sistema no se ha visto afectado sustancialmente por la pérdida de relaciones con bancos corresponsales. Pero esto no debería desacelerar el fortalecimiento de la supervisión basada en riesgos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ni la armonización del marco con las normas del GAFI, especialmente porque ello contribuiría a luchar contra el delito y la corrupción. La aplicación constante de las recomendaciones actualizadas del Programa de Evaluación del Sector Financiero y el informe de supervisión del grupo regional de 2014, fortaleciendo las reservas de capital y liquidez y mejorando la supervisión consolidada de los grupos financieros, ayudará a fortalecer la resiliencia del sistema.

Las reformas estructurales deberían apuntalar el crecimiento económico y hacerlo más inclusivo. Aumentar el tamaño y la eficiencia de los programas de asistencia social, así como el gasto público en educación, infraestructura y seguridad será importante para seguir generando capital humano y físico. La mejora del cuidado infantil y el apoyo brindado a las mujeres indígenas podría aumentar la participación femenina en la fuerza laboral. Otros factores que impulsarían el crecimiento inclusivo en el largo plazo son los avances continuos en la integración regional e internacional, el fortalecimiento de las políticas de competitividad y la adopción de medidas de profundización e inclusión financieras. Establecer una estrategia integral de largo plazo más explícita en materia social y de crecimiento ayudaría a aumentar el apoyo de las reformas por parte de la ciudadanía.

¹ Conforme al artículo IV de su Convenio Constitutivo, el FMI mantiene conversaciones bilaterales con sus miembros, habitualmente todos los años. Un equipo de funcionarios del FMI visita el país, recaba información económica y financiera y analiza con las autoridades la evolución del país y sus políticas en materia económica. Tras regresar a la sede del FMI, los funcionarios elaboran un informe que sirve de base para el análisis del Directorio Ejecutivo.

² El Directorio Ejecutivo toma decisiones conforme al procedimiento de aprobación tácita por vencimiento cuando el Directorio acuerda que una propuesta puede considerarse sin convocar a deliberaciones formales.